El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comunicó a los representantes de asociaciones de jueces y fiscales que "había entendido el mensaje" de la huelga.
El ministro de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales pactan una tregua de tres semanas
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28/5/2018 20:29
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Actualizado: 28/5/2018 20:29
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los líderes de las 7 asociaciones de jueces y de fiscales, se reunieron esta mañana en el Hotel Hesperia y pactaron una tregua de tres semanas, un periodo de buena fe para verificar que lo acordado hoy finalmente se hace realidad.
Catalá comunicó a sus interlocutores que entendió el mensaje de la huelga del pasado 22 de mayo de jueces y fiscales.
Por ello, se comprometió a que la reunión de la reivindicada Mesa de Retribuciones, de la que forman parte los Ministerios de Justicia y Hacienda, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones, se produzca entre el 12 y el 14 de junio, dependiendo de la disponibilidad de las partes.
Antes tiene que producirse un encuentro de trabajo previo para su preparación.
Según explicaron fuentes presenciales a Confilegal, la actitud de Catalá denota un «compromiso serio», que en las tres semanas próximas tiene que materializarse.
Sin embargo, todos los presentes en la reunión –Manuel Almenar por la Asociación Profesional de la Magistratura, Raimundo Prado, por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Ignacio González Vega, por Juezas y Jueces para la Democracia, Concepción Rodríguez, por Foro Judicial Independiente, Cristina Dexeus, por la Asociación de Fiscales, Emilio Fernández, por la Unión Progresista de Fiscales, y Miguel Pallarés, por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales-, además de la secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, eran muy conscientes de la frágil situación política, con el PSOE presentando una moción de censura al Gobierno y Ciudadanos exigiendo al PP la convocatoria adelantada de elecciones.
LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, ESTE OTOÑO
Catalá informó a los presentes que tenía previsto presentar al Parlamento este otoño la nueva propuesta de Ley de Enjuiciamiento Criminal, «fusión» de la versión que elaboró el gobierno del PSOE en 2011 y de la del PP de 2013, así como un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.
La entrada en escena del nuevo código procesal penal podría condicionar la proporción del número de plazas previstas para jueces y fiscales, fijada en 300.
Las asociaciones de jueces reclaman 200 para ellos y 100 para los fiscales y estos un número inverso, si bien la cosa podría quedarse en 160/140.
El titular de Justicia también prometió a las asociaciones de fiscales desbloquear, este otoño, 71 nuevas plazas que permanecen bloqueadas, dos de ellas de fiscales de Sala y el resto de fiscales de segunda -son plazas que no tienen nada que ver con las anteriores-.
Y a las de jueces la puesta en marcha de 74 unidades judiciales en toda España, que son Juzgados de Instrucción o plazas de magistrados en Audiencias Provinciales.
Sobre la recuperación de permisos y licencias, Catalá prometió una tramitación rápida del proyecto de Ley Orgánica, si bien este frente presenta una cierta dificultad pues de la misma cuelgan 50 autoenmiendas del PP y 40 del resto de los partidos políticos. Es un auténtico nudo gordiano.
El ministro, por otra parte, se comprometió a potenciar dos comisiones mixtas, una sobre expediente digital, que ahora tiene sólo nivel técnico, y que adquirirá la naturaleza de político con representantes del Ministerio, de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, del CGPJ y de las asociaciones, y otra sobre oficina judicial, de la que formarán parte los mismos, más la Fiscalía.
Catalá también prometió la implantación de los tribunales de instancia, la supresión de la figura del magistrado autonómico y la objetivación de los nombramientos judiciales.
Los representantes de las asociaciones de jueces se reunieron por la tarde en el CGPJ con los vocales José María Macías, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo, los tres miembros de la Comisión Permanente, quienes les explicaron que esta semana estará el informe definitivo de riesgos psicosociales, que se está trabajando sobre los requisitos de compatibilidad que deben reunir los sistemas informáticos tanto en territorio Ministerio como en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas para su utilización por los jueces, así como una propuesta de reglamento de retribución variable.
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