Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10, de Barcelona, y Óscar Serrano Zaragoza, de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, autores del libro “Compliance Penal y responsabilidad civil y societaria de administradores”, creen firmemente que sí. Y así lo expresaron durante la presentación de su libro en el Colegio de Abogados de Madrid.
«La ley es como un lego. Las piezas deben encajar. Previamente hay que pensarlas y desarrollarlas muy bien en la fase parlamentaria. Ahí está la clave. Los despachos de abogados deben establecer sistemas de vigilancia y control y que no haya ninguna fuga de información», explico Ruiz de Lara el pasado jueves por la tarde.
De acuerdo con el magistrado, «la ausencia de un adecuado sistema de cumplimiento normativo penal coloca a la empresa en una situación de riesgo y la hace susceptible de incurrir en responsabilidad penal de la persona jurídica”.
Por esa razón elaboró el libro, junto a su amigo, Serrano Zaragoza, y a sus compañero de carrera, Luis Golloner y Cristina Pérez-Piaya, magistrados ambos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no pudieron estar en el acto: «El propósito es el de aportar seguridad jurídica antes de que lleguen las sanciones, partiendo del artículo 31 del Código Penal».
Esta norma, agregó Serrano, “persigue un resultado jurídico de minoración de los riesgos” y tiene como fin último “reequilibrar el mercado”, pues impone un modelo de autorregulación mercantil que castiga la posible ventaja competitiva del incumplimiento y se extiende hasta desincentivar la realización de contratos con socios opacos o que no apliquen la normativa.
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de «Compliance» del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de Gobierno responsable de Comunicación, Juan Gonzalo Ospina, quien moderó el acto.
La presentación del libro dio paso a una mesa de debate de la que formaban parte Beatriz Martínez Falero, directora de la Asesoría Jurídica y secretaria del Consejo de Mahou; Natalia Jiménez Jiménez, letrada-delegada protección de datos y dirección en la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II; y Miriam del Río, socia en Legal Compliance Consulting.
Martínez aportó la perspectiva del sector empresarial, poniendo el nivel de exigencia “más allá del Compliance penal”.
En este sentido, según explicó, es imprescindible contar con “un código de ética empresarial que involucre a toda la compañía”, y defendió que “lejos de molestar, luchar por una empresa cumplidora contribuye a generar orgullo de pertenencia y crea equipo”.
La visión desde el ámbito público vino de la mano de Jiménez, que se manifestó contenta con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
“El dato es el petróleo del siglo XXI”, subrayó, y recordó que su protección es un “derecho fundamental de todos, todos tenemos datos y derecho a controlarlos”.
Por eso, como “el delegado de protección de datos no puede estar en todas partes”, Jiménez recalcó la importancia de la formación, ya que “si documentamos y educamos, delimitamos los riesgos”.
En esta línea, como indicó Del Río, es fundamental la concienciación y el compromiso de los abogados “adaptándose a este cambio de paradigma”, pues en ellos recae la labor de asesorar a sus clientes a fin de generar una cultura de cumplimiento: “La protección de datos no es sólo consentimiento. Hay que tener una base legitimadora”, explicó.
Sin embargo, de cara a los despachos profesionales y al tratamiento de los datos de sus clientes, para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, tal y como ha establecido la Agencia de Protección de datos, “basta el consentimiento de la hoja de encargo”, recordó.
