La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha apostado porque el nuevo Gobierno socialista «retome el anteproyecto de código procesal penal (conocido como anteproyecto Caamaño)» como base para elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que sustituya a la actual, que data de 1882. Y lo ha hecho públicamente, en Valencia, tras dos días de Congreso, que ha tenido lugar entre el 8 y el 9 de junio.
El «anteproyecto Caamaño», llamado así porque fue elaborado cuando era titular del Ministerio de Justicia Francisco Caamaño, el último de los ministros de Justicia de la época Rodríguez Zapatero, no vio la luz porque se terminó en 2011 y se produjo el adelanto electoral.
Desde hace tres meses, tres conocidos juristas –Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; y los catedráticos de Derecho Procesal, Víctor Moreno Catena, de la Universidad Carlos III, y Nicolás González-Cuéllar, de la Universidad de Castilla-La Mancha- han venido haciendo una «fusión» de ese anteproyecto y del borrador del elaborado en 2013 por el PP que ahora está en el aire, a la espera de lo que decida la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Al comienzo también intervino el fiscal de Sala del Supremo, Pedro Crespo, miembro de la UPF -al igual que la nueva ministra-, pero se salió del trabajo al hacer público Confilegal que estaban en ello.
El trabajo había sido encargado por el ministro de Justicia saliente, Rafael Catalá, en un esfuerzo de consensuar con el PSOE una nueva LECRIM admisible para todos.
La UPF afirma en su comunicado de conclusiones que «tras los múltiples parcheos de la LECRIM, son absolutamente prioritarias las reformas legislativas que implanten plenamente el principio acusatorio con un procedimiento previo al juicio penal dirigido por el Ministerio Fiscal, con el control externo de un Juez de garantías».
Con la configuración actual del Parlamento sería muy difícil que el Gobierno pudiera sacar una LECRIM no consensuada con la oposición.
La UPF también aboga porque se introduzcan medidas legales «complementarias para reforzar la transparencia y objetividad en el funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y se adopten las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la reforma y la adecuada dotación material y personal para llevarla a cabo».
PLAZOS DE INSTRUCCIÓN
Por otra parte, la Unión Progresista de Fiscales ha vuelto a ratificarse en su reivindicación de que se derogue el artículo 324 de la LECRIM, que establece plazos de instrucción bajo el control del Ministerio Fiscal.
Y entretanto se produce, abogan porque se modifiquen los términos interpretativos de la Circular 5/2015.
«El diseño actual de la investigación penal atribuida al juez de instrucción y las amplias funciones que desempeña el Ministerio Fiscal impiden que los fiscales pueda controlar no solo los plazos de investigación, sino también el contenido de todas las investigaciones judiciales en curso», afirman.
«Por otra parte, los actuales medios al servicio de la investigación penal tampoco permiten sustanciar la fase de investigación en los plazos de seis o dieciocho meses, por lo que la prórroga es necesaria en buena parte de los procedimientos, con el fin de evitar la impunidad de los delitos», añaden.
Con los medios actuales al servicio de la investigación penal consideran que no es posible «sustancial la fase de investigación en los plazos de seis o dieciocho meses, por lo que la prórroga es necesaria en buena parte de los procedimientos, con el fin de evitar la impunidad de los delitos».
MAYOR AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL
La segunda asociación de fiscales, que obtuvo 4 de los 9 miembros del Consejo Fiscal en las recientes elecciones celebradas, vuelve a reivindicar la necesidad de que el Ministerio Fiscal sea autónomo.
«En la situación actual y ante la perspectiva de una futura asunción de la investigación de los delitos por parte del Ministerio Fiscal, si se produce una modificación de nuestra LECRIM».
«En tal sentido, la UPF considera imprescindible propiciar una mayor autonomía y responsabilidad en el funcionamiento del Ministerio Fiscal siguiendo las recomendaciones del GRECO, con un procedimiento transparente de selección del Fiscal General del Estado con intervención de expertos, que ponga fin a la práctica actual en la que el Gobierno elige al Fiscal General de manera completamente opaca sin constancia alguna del asesoramiento técnico que haya recabado al efecto, así como un del régimen de comunicaciones –con igual transparencia y por escrito- del Gobierno con el Fiscal General del Estado», señalan.
De la misma manera, consideran que todas las decisiones sobre nombramientos, régimen disciplinario, licencias, permisos, y demás, «se residencien en el Ministerio Fiscal, dotando a la institución de una potestad reglamentaria interna, autonomía económica y de singularización presupuestaria, que le permita lograr una gestión de los medios propios, asignando autónomamente los medios personales y materiales a las necesidades de la institución, y fijando y desarrollando con la misma autonomía los planes de formación de la Carrera».
CATALUÑA
Sobre Cataluña, la UPF se ratifica con su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecido. Defienden el hipergarantismo del sistema procesal penal, «que impide que en España pueda hablarse de presos políticos» y apoyan a los que tienen que dar la respuesta penal a los graves hechos ocurrido en Cataluña.
