El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comienza mañana, lunes, a tomar declaración a los 23 investigados en el caso del 3%, las supuestas comisiones ilegales pagadas a Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC) -partido refundado hoy en el PdeCat- a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
Los tres primeros en ser interrorgados son tres excargos económicos del partido.
Se trata de Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera, y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica.
Los tres están citados entre las 10.00 y las 11.00 horas, según el auto del magistrado.
Los interrogatorios de los de momento 23 investigados en el caso del 3% ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se extenderán a lo largo de dos semanas, hasta el próximo 22 de junio.
Entre otros, por la Audiencia Nacional pasarán, además de los ya mencionados, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives.
Estas serán las primeras diligencias que lleve a cabo De la Mata en el caso del 3% después de que la investigación pasara a sus manos al inhibirse Josep Bosch, titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), que es quien lo había estado investigando hasta ahora.
ESTRUCTURA PARA FINANCIAR ILEGALMENTE A CDC
En el auto de citación de los investigados, el magistrado de la Audiencia Nacional expone que todos ellos contribuyeron «a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a CDC (Catedem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido».
En esta causa, explica De la Mata, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
DOS REUNIONES DE PUIGDEMONT CON UN EMPRESARIO IMPUTADO
Entre los hechos que investiga el juez están dos reuniones que mantuvo el expresidente catalán Carles Puigdemont en el año 2013 con el director general de la empresa pública Bimsa, Ángel Sánchez Rubio -citado a declarar el próximo martes, 12 de junio- y el empresario Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, ambos implicados en la trama del 3%.
Según el auto de citación, Sánchez Rubio ayudó a introducir a la constructora vinculada a la trama en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Gerona cuando era alcalde Puigdemont.
Tanto es así, que se produjeron dos encuentros entre ellos, de acuerdo con el parte comercial que el empresario arrepentido elaboró. EP.
