El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las «okupaciones» ilegales con tres objetivos: primero, que los ‘okupas’ puedan ser desalojados en 48 horas; segundo, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y, tercero, que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.
Genis Boadella, diputado del PDeCAT y abogado de formación, es el autor de esta proposición de Ley: «El propietario que sufre una ocupación de su vivienda está desamparado ante la ley”, afirma.
A su juicio “la dilación en el delito de usurpación de inmuebles y la ausencia de regulación de esas medidas cautelares de desalojo han contribuido a proliferar las conductas ilícitas”.
A través de la misma, plantean modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.
Para el segundo objetivo, abogan por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo.
Con esta fórmula, explica Boadella a Confilegal, se busca que los vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la vía penal.
El PDeCAT defiende también la modificación del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal, de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.
«La ocupación afecta al derecho a la propiedad, pero también a situaciones convivenciales y los ayuntamientos necesitan instrumentos para poder afrontarlas», señaló el diputado del PDeCAT.
Según explica Boadella, “hay mucha relación con el Colegio de Abogados de Barcelona y su Comisión de Normativa. Su trabajo intelectual es importante y seguimos en la propuesta sus directrices que están bastante bien pensadas”.
En cuanto al recorrido de esta proposición de ley, este diputado afirma que “tras su presentación, nos va a tocar cupo cuando toque, Si no nos sale por cupo en este periodo de sesiones y va al siguiente, quizás busquemos otros días. Ahí me refiero a poder incluir alguna de estas propuestas en la futura ley de eficiencia procesal que se debate ahora en el Congreso”.
Y añade: “Es una intervención quirúrgica que creemos necesaria para cambiar tres leyes. Solo hace falta voluntad política para frenar el fenómeno de la ocupación”.
SOLUCIONES URGENTES
En su opinión”, estamos ante un problema que necesita una solución urgente. Hemos llegado a esta situación porque ha habido cierta laxitud con los movimientos ocupas. No ha cambiado nada en los últimos meses, la situación ha ido a peor como señalan las estadísticas”.
En este contexto “ahora hay que pelearse con auténticos profesionales de la ocupación, con lo cual el problema se agrava. Las propuestas que planteamos son claras y no suponen ningún coste adicional su puesta en marcha. Demuestran que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido ineficaces”, aclara.
La necesidad de vivienda social y la ocupación «son temas diferentes que no deben mezclarse. Este es un debate que genera distorsión. Hay que darse cuenta que la responsabilidad de la vivienda social es de las administraciones públicas, no de las clases medias que no deben ceder sus viviendas para ese cometido”.
El gran perjudicado por esta situación es el propietario que sufre una ocupación de su vivienda. “Esta desamparado por la ley. Tiene que seguir pagando los suministros de la vivienda para no recibir una denuncia. Su situación es un drama ante la falta de celeridad para solventar este tipo de problemática”.
«Luego está como se encuentra el inmueble, con la dificultad que tiene de verse indemnizado por los daños sufridos en su domicilio. Hay muchos ciudadanos que están desesperados y bastante frustrados con lo que les espera”, recuerda.
UNA PREGUNTA CINCO MESES ATRÁS
Hace apenas cinco meses Boadella hizo una pregunta al Gobierno sobre el fenómeno de la ocupación y que medidas se estaban tomando para frenar su expansión.
Un mes después recibió por escrito la contestación donde se señalaba que las medidas adoptadas desde el ámbito judicial eran: la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y, por otra parte, la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
También se indicaban medidas adoptadas desde el ámbito policial: Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EStado contra la ocupación ilegal de inmuebles y el Plan Operativo de Actuación contra la Ocupación Ilegal de Inmueble.
Pero no se daba ninguna cifra concreta sobre la eficacia de dichas medidas.
Según datos del Ministerio del Interior las ocupaciones de vivienda crecieron un 18 % hasta septiembre del 2021 con 13.389 casos registrados. Cataluña lidera el ranking con el 42 % del total 5.689 cuatriplicando a Madrid 1.282 y Andalucía 1994 casos registrados
Sin embargo, la situación lejos de mejorar, ha empeorado bastante. Las conclusiones del I Congreso de la Ocupación de Málaga, que reunieron a juristas, fuerzas de seguridad y propietarios así lo han revelado.
Necesitamos soluciones urgentes
