El decano del ICAB plantea una medida cautelar para desalojar a los okupantes de forma inmediata
Jesus M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, autor de estas declaraciones, Victoria Ortega, presidenta del CGAE, PIlar Llop, ministra de Justicia, Salvador González, decano del Colegio de Abogados de Málaga, y María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró. Los tres colegios son los coorganizadores de este Primer Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en España. Foto: ICAMALAGA.

El decano del ICAB plantea una medida cautelar para desalojar a los okupantes de forma inmediata

|
20/5/2022 06:48
|
Actualizado: 20/5/2022 06:33
|

Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) planteó ayer la necesidad de que exista «una medida cautelar inmediata de desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad de su propietario, ya sea éste, una persona física o jurídica. La Seguridad jurídica es imprescindible en un Estado de derecho».

Sánchez, que está tomando parte en el Primer Congreso de Ocupación Ilegal que la Abogacía de Málaga organiza junto al ICAB y al Colegio de Abogados de Mataró y que llegará a su fin hoy, recordó que la Comisión de Normativa de su Colegio presentó públicamente en 2020 una propuesta de regulación expresa de medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) que daría una solución rápida al problema de cualquier inmueble ocupado en un plazo máximo de 48 horas.

La mencionada propuesta plantea la modificación, por una parte, del artículo 13 de la LECRim, y, por otra, la incorporación de un nuevo artículo, el 544 sexies.

«Lo que estamos proponiendo es muy sencillo. Es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consiste en que si te ocupan ilegalmente tu primera o tu segunda vivienda o cualquier otra vivienda de tu propiedad puedas denunciarlo, tanto ante el Juzgado de Guardia como ante los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad del Estado, obteniendo una respuesta rápida», explica Sánchez a Confilegal.

«A los ocupantes se les da un plazo de 48 horas para acreditar que tienen título de posesión del inmueble. Y si no hay título de posesión, sin prestar caución, serían desalojados directamente. Esta la esencia de nuestra propuesta», añade el decano barcelonés.

«No proponemos ninguna modificación del Código Penal porque no queremos penalizar a nadie, pero debe respetarse la Constitución que, en su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada«.

La modificación del artículo 13 de la LECRim quedaría con la siguiente redacción, afirma el decano: «Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis, la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o del artículo 544 sexies de esta ley, así como aquellas otras que se consideren adecuadas y proporcionadas a fin de proteger de inmediato los derechos de las víctimas”.

«No proponemos ninguna modificación del Código Penal porque no queremos penalizar a nadie, pero debe respetarse la Constitución que, en su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada«, afirma el decano del ICAB

De la misma manera, se incluiría un nuevo artículo, el 544 de la misma LECRim, que diría así: «En los casos en los que conozca de un delito del artículo del 245 Código Penal [usurpación], el Juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. Acordado el desalojo podrán dar cuenta a los servicios sociales municipales a los efectos de facilitar el realojamiento atendiendo a la especial vulnerabilidad de los ocupantes o a las demás circunstancias del caso».

La inauguración del acto corrió a cargo de la ministra de Justicia, Pilar Llop que, en su discurso, incidió en que la ocupación ilegal es “una realidad que preocupa muy seriamente al Gobierno y que nos obliga a ser muy rigurosos y a evitar confusiones”. A

Asimismo, tanto el derecho a la propiedad como el de la vivienda son “derechos compatibles en nuestra Constitución y que esta protege”, siendo la vivienda “el quinto pilar del Estado del Bienestar”.

En el acto inaugural intervino también el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño, quien aludió a este primer Congreso de Ocupación Ilegal como un “foro magnífico para abordar los problemas que genera la ocupación ilegal en nuestro país”.

Una situación de la que “también se benefician las mafias”, haciendo hincapié en el “daño reputacional que, concretamente en Málaga, puede ocasionar al turismo y a la inversión extranjera”.

Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, María Francisca Carazo, se refirió a este fenómeno como a algo que no es “aislado” y ha invitado a “reactivar cuanto antes las reformas normativas”.

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General Abogacía Española, explicó que debe haber un “equilibrio entre la defensa de la persona, privada de su vivienda, y la situación de vulnerabilidad de muchas personas”, destacando el valor añadido que pueden aportar los juristas en esto.

Salvador González Martín, decano de la Abogacía de Málaga, dio la bienvenida a todos los presentes, trasladando entre otras ideas que «pretendemos con este congreso un cambio normativo para hacer frente a las graves carencias de nuestro país en materia de vivienda».

El decano destacó el aumento de la ocupación en nuestro país, un problema cuyo tratamiento no puede olvidarse de las familias vulnerables.

La decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana afirmó que «estamos asistiendo a un aumento de la ocupación delincuencial».

Una ocupación casi «a la carta». Hay que adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia, sin olvidar a las comunidades de propietarios.

En dicho acto, estuvieron también presentes distintos expertos y autoridades como el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano;el magistrado Antonio Alcalá Navarro; la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández Machuca, así como representantes políticos, alcaldes, fuerzas de seguridad del estado, etc.

Durante la jornada de ayer tuvieron lugar un total de cinco mesas redondas conformadas por profesionales y expertos de distintas áreas relacionadas con la materia objeto de este congreso, con el claro objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal o delincuencial de inmuebles.

Durante los dos días que dura el Congreso se analizará la problemática de la ocupación ilegal en España, desde todas las perspectivas: legal, política, social, económica y de seguridad.

En esta noticia se habla de:

Noticias Relacionadas:
Lo último en Profesionales