Ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo afirmó que la actual legislación procesal española no dispone de instrumentos para que el propietario de una vivienda ocupada pueda recuperar la posesión del inmueble de forma rápida y eficaz.
La decana de los abogados de Mataró denuncia en Bruselas que «la ocupación ilegal de viviendas se ha ido de las manos»
María Pastor pide al Parlamento Europeo el envío de una comisión a España para que se elabore un informe que contribuya a tomar medidas eficaces
|
23/4/2022 01:00
|
Actualizado: 22/4/2022 22:32
|
“La situación está sin control”, es uno de los comentarios de la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró (ICAMAT), María Pastor Santana, en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado jueves, para exponer las carencias de la ley española a la hora de actuar con celeridad frente a la ocupación ilegal de inmuebles.
Tras dicha comparecencia, la petición queda abierta y será la Comisión Europea la que pida información al Gobierno español y al gobierno autonómico de Cataluña sobre el fenómeno de la ocupación de viviendas.
Las denuncias por ‘okupación’ de inmuebles se han incrementado en España un 40,9 % en cuatro años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019, según datos del Ministerio del Interior
Por comunidades autónomas, Cataluña es la más afectada, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020 frente a 3.190 del mismo periodo de 2019, seguida de Andalucía con 1236 frente a 1186 de 2019 y Madrid de 657 a 726 denuncias en 2020.
Como representante de la Comisión de Normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y del Consejo de la Abogacía de Cataluña (CICAC), ratificada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pastor afirmó que la actual legislación procesal no dispone de instrumentos para que el propietario de una vivienda ocupada pueda recuperar la posesión del inmueble de forma rápida y eficaz, como sí ocurre en otros países de la Unión Europea.
Por comunidades autónomas, Cataluña es la más afectada, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020 frente a 3.190 del mismo periodo de 2019, seguida de Andalucía con 1236 frente a 1186 de 2019 y Madrid de 657 a 726 denuncias en 2020
A su juicio, el primer movimiento «okupa», que era reivindicativo de vivienda social provocado por la crisis del 2008 y años sucesivos, “ha degenerado en un movimiento delincuencial con mafias organizadas que escogen a personas vulnerables para que se apropien de esas viviendas, a cambio de un dinero”.
La decana del Colegio de Abogados de Mataró explica a Confilegal que existe una web donde se puede ocupar por encargo. “Y también existe un juego de mesa como el Monopolio de toda la vida para jugar a ocupar viviendas”, añade.
Desde este grupo de trabajo se es consciente que es necesaria una inversión en vivienda social en nuestro país. “Se trata de que todo el mundo tenga su vivienda. No llegamos al 3 % en España mientras que en Europa se habla de ratios por encima del 15 %”, relata.
Preguntada si la futura Ley de Vivienda, ahora en el Parlamento, podría resolver esta situación, Pastor se mantiene excéptica. “Veremos su aplicación. Pero si una ley como de la Vivienda no tiene presupuesto económico será complicado que se aplique con garantías. Hay una lista de espera tremenda que manejan los Servicios Sociales de personas vulnerables que esperan su vivienda”, cuenta.
MEDIDAS CAUTELARES DE DESALOJO EXPRÉS
Pastor explica que la Comisión de Normativa ha preparado una propuesta de modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) que sugiere la incorporación de un artículo, el 544 sexies, en los casos en que se conozca un delito de ocupación del artículo 245 del Código Penal.
De esa manera “pretendemos que se adopte, por parte del juez, la medida cautelar de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición. Así como una modificación del artículo 13 del mismo cuerpo legal a fin de proteger de inmediato los derechos de las víctimas en la comprobación del delito e identificación del delincuente”.
Se trata de que “cuando le venga a un juez una ocupación ilegal de este tipo, coja la ley y sepa que tiene, a través de una medida cautelar, la posibilidad del citado desalojo”.
Sin embargo, la realidad actual es muy diferente. “Al juez le llega el problema de ocupación y no adopta la medida cautelar, sino que está a expensas de si hay gente vulnerable dentro o no, pasar la denuncia a Decanato. Desde ahí se reparte. Es posible que llegue al juzgado en seis meses cuando se realice el juicio”.
Para Pastor, “cuando tiene lugar ese juicio muchas de esas personas ya han creado su morada. Y ya no les puede echar por el procedimiento rápido. Hay que esperar a otro mas lento. Y eso no se lo merece el propietario que sigue pagando impuestos, luz, agua, etcétera”.
Con la situación actual, Pastor cree que “es un problema muy serio en nuestro país donde el 70 % del total son pequeños propietarios. No estamos hablando de bancos ni de grandes tenedores”.
Lo que propone “son cambios normativos sencillos que impulsan el sentido común en este tipo de situaciones. Es un problema grave que no existe en nuestro entorno porque otros países tienen soluciones urgentes para frenar la ocupación”
Las comunidades de propietarios en estos momentos «no están legitimadas para echar a un ocupa que está dentro de una propiedad que no es de la comunidad de propietarios. No pueden hacer nada, a no ser haya temas delincuenciales. Ahí se hace la denuncia, pero tampoco son parte del procedimiento porque no son el propietario”.
“Las ocupaciones ilegales crean un estado de alarma y temor a los ciudadanos y generan inestabilidad social, económica y jurídica. Además de suponer una vulneración de la protección de la propiedad. Por eso pedimos también reforzar las garantías procesales de las actuaciones que puedan derivarse del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal”, subraya
Lo que propone “son cambios normativos sencillos que impulsan el sentido común en este tipo de situaciones. Es un problema grave que no existe en nuestro entorno porque otros países tienen soluciones urgentes para frenar la ocupación”.
POLICÍAS CON LAS MANOS ATADAS
En esta línea, para que los ayuntamientos puedan tener instrumentos para intervenir contra los efectos perjudiciales a la seguridad y convivencia ciudadana, también se propone la modificación en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Se trataría de introducir una adición en los casos de ocupación ilegal de inmuebles en el artículo 25.2, que determina el listado de las materias sobre las que el municipio ostenta competencias propias.
“Ahora los policías se encuentran con las manos atadas. Como no está clara esta normativa, pueden encontrarse con problemas profesionales serios si deciden irrumpir en esa vivienda y se podría hablar de allanamiento de morada. La instrucción 6/2020 del Ministerio del Interior para que hicieran un atestado de forma correcta, siempre hay un miedo”, revela.
En Mataró, como pasa con otras ciudades españoles, la gente tapia sus propiedades para evitar ser ocupados. Si te das un paseo por la ciudad ,ves propiedades juntas tapiadas en la misma calle”, destaca
La decana relata el ejemplo de Mataró que sufre 2,6 ocupaciones ilegales cada día, según datos del Ayuntamiento. Un escenario que se repite en muchas ciudades españolas.
“En Mataró, como pasa con otras ciudades españoles, la gente tapia sus propiedades para evitar ser ocupados. Si te das un paseo por la ciudad ,ves propiedades juntas tapiadas en la misma calle”, destaca.
Lo que ha pretendido con su petición ante el Parlamento Europeo es que “esta institución ponga en marcha una investigación para constatar las diferentes vulneraciones de los derechos fundamentales”.
Y de forma específica, “pedimos que visiten el estado y las comunidades autónomas, ciudades como Mataró, u otras localidades que sean ejemplo de esta problemática. Y que se entrevisten con las organizaciones civiles y profesionales de cara a elaborar un informe que contribuya a la adopción de una estrategia que incluya medidas más eficaces”.
El asunto de la ocupación volverá a estar de actualidad los próximos 19 y 20 de mayo, cuando en Málaga, coorganizado por los Colegios de Abogados de dicha ciudad, Mataró y Barcelona tenga lugar el I Congreso de Ocupación de Bienes Inmuebles en la casa de la abogacía local.
Noticias Relacionadas:
