Los sesgos cognitivos que afectan a jueces y fiscales fueron objeto de una de las reflexiones más relevantes del VI Congreso de Prueba Judicial, celebrado los días 22 y 23 de mayo en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
En una intervención conjunta, el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, y la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia 16 de Barcelona, Carmen Ortiz Rodríguez, identificaron y clasificaron los atajos mentales más habituales que influyen, de forma inconsciente, en la valoración de las pruebas y en la toma de decisiones judiciales.
El sesgo de primera impresión, el sesgo de inercia por fatiga, el sesgo de ahorro cognitivo, el sesgo de afinidad, el sesgo de representatividad o el sesgo retrospectivo fueron algunos de los destacados.
El sesgo de primera impresión consiste en otorgar un peso desproporcionado a la información inicial recibida sobre una persona o un caso, lo que puede afectar la valoración posterior de las pruebas o argumentos.
El sesgo de inercia por fatiga aparece cuando, debido al cansancio acumulado o la carga de trabajo, se tiende a mantener decisiones anteriores o a optar por soluciones rutinarias sin un análisis profundo.
Unido a este, el sesgo de ahorro cognitivo que implica simplificar mentalmente la toma de decisiones recurriendo a atajos mentales (heurísticas), lo que puede llevar a resoluciones menos reflexivas o injustas, especialmente en contextos de alta presión o complejidad.
Por otra parte, el sesgo de afinidad lleva al juzgador a mostrar mayor empatía o comprensión hacia personas con quienes comparte rasgos, valores o antecedentes similares, lo que puede comprometer la imparcialidad.
El sesgo de representatividad se manifiesta cuando se atribuyen características generales a una persona en función de su pertenencia a un grupo, cayendo en estereotipos que distorsionan la evaluación objetiva.
Finalmente, el sesgo retrospectivo consiste en valorar decisiones pasadas con la información del presente, lo que puede generar juicios erróneos sobre la razonabilidad de conductas pasadas, al asumir que los hechos eran previsibles cuando en realidad no lo eran.
Estos sesgos, aunque inconscientes, son objeto de creciente atención en el ámbito judicial por su impacto potencial en la calidad de las resoluciones y la garantía de imparcialidad.
Ambos magistrados señalaron que, si bien estos mecanismos forman parte de la naturaleza humana, en el contexto judicial pueden tener consecuencias graves en la imparcialidad del proceso.
Tanto Sancho Gargallo como Ortiz Rodríguez reconocieron que el Poder Judicial es cada vez más consciente de este fenómeno y que se están adoptando medidas para minimizarlos, aunque aún queda camino por recorrer.
Este enfoque crítico desde dentro de la propia judicatura ha dotado de una especial profundidad a esta edición del Congreso, organizada por el ICAB y el Instituto de Probática y Derecho Probatorio (APDP), que reunió a más de 20 expertos en torno a ocho mesas redondas y dos conferencias magistrales.
El objetivo: analizar los retos actuales en la práctica probatoria judicial y profundizar en herramientas para mejorar su eficacia y fiabilidad.
La prueba como eje central del proceso
En la inauguración, el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, subrayó el valor de la prueba como piedra angular del proceso judicial y defendió que, pese al avance de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, “la abogacía no puede ser sustituida por máquinas, porque solo el ser humano es capaz de comprender la complejidad del conflicto y empatizar con las partes”.
Por su parte, Frederic Munné, presidente del Instituto de Probática, alertó sobre el desajuste entre la relevancia de la prueba en el ejercicio profesional —ocupa cerca del 50% del tiempo de un abogado— y la escasa atención que se le dedica en la formación jurídica.
Manipulación digital, emoticonos y deepfakes: nuevos retos probatorios
Uno de los temas que más atención suscitó fue el de la prueba digital, abordado en la mesa sobre Deepfakes y valor probatorio de los símbolos digitales.
La magistrada Berta Pellicer y el catedrático Joan Picó advirtieron de la creciente sofisticación de las manipulaciones audiovisuales y de la dificultad creciente para detectarlas.
“En los próximos cinco o diez años, el reto de distinguir entre lo auténtico y lo manipulado será mucho mayor”, alertaron, aunque también destacaron que actualmente los peritajes alcanzan niveles de fiabilidad entre el 85% y el 90%.
También se planteó la validez de los emoticonos como elementos probatorios, con una conclusión clara: pueden tener valor en un proceso judicial, pero deben ser analizados en contexto y nunca como prueba aislada.
Interrogatorios telemáticos, prueba testifical y procesos de familia
Otras mesas del Congreso abordaron aspectos técnicos clave como la conducción eficaz del interrogatorio de testigos y peritos —especialmente cuando se realiza por vía telemática— o los problemas específicos de la prueba en procesos de familia.
En esta última participaron el magistrado Xavier Abel Lluch y la abogada Carme Adell, quienes pusieron sobre la mesa la dificultad de acreditar hechos en contextos donde los vínculos personales complejizan la objetividad.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Javier Hernández García y la abogada penalista Olga Arderiu centraron su intervención en las pruebas preconstituidas y la prueba testifical en el proceso penal, remarcando los riesgos de contaminar los testimonios y la necesidad de preservar la cadena de custodia desde las fases iniciales.
La elección del perito y la responsabilidad de los abogados
La idoneidad del perito fue otra de las cuestiones tratadas con detenimiento. El magistrado Pablo Izquierdo y la abogada Tiziana di Ciommo explicaron cómo una elección incorrecta del perito puede comprometer la validez del informe y, con ello, la posición procesal de una parte. También se exploraron las consecuencias legales derivadas de esta elección, tanto en términos procesales como de responsabilidad profesional.
En esta línea, la última mesa del Congreso abordó la responsabilidad civil de los abogados, con las aportaciones de la magistrada Núria Barcones y del abogado Jordi Muñoz-Sabaté, quienes analizaron supuestos en los que una deficiente gestión probatoria puede derivar en reclamaciones patrimoniales contra los letrados.
Clausura con visión de futuro
La clausura corrió a cargo del catedrático Joan Picó, quien agradeció la contribución de todos los expertos participantes y celebró que el Congreso haya sido capaz, un año más, de ofrecer una mirada crítica, técnica y transversal sobre uno de los aspectos más complejos del Derecho procesal: la prueba.
Como colofón, los asistentes recibieron el libro “Principales novedades en probática y en derecho probatorio”, publicado por Bosch Editor, que recopila las ponencias del Congreso y servirá como manual de consulta para operadores jurídicos que busquen afrontar con mayor rigor los retos de la prueba judicial.
