La Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 3 millones de euros para la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), o en su caso para su sucesor, el PDeCat, por blanqueo de capitales.
El fiscal José Grinda González ha presentado ya ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional su escrito de acusación provisional por el ‘caso 3%’, en el que se ha investigado la presunta financiación irregular de CDC mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
Dirige la acusación contra 30 personas físicas y 14 personas jurídicas, además de contra sendas formaciones políticas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
Por ejemplo, reclama 21 años y cuatro meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca; 18 años y 10 meses para el también exresponsable de las cuentas del partido Germá Gordó, quien, además, fue consejero de Justicia del Gobierno catalán; y un año y medio para el extesorero Daniel Osàcar.
En el caso de este último, el fiscal plantea sustituir la condena por trabajos en beneficio de la comunidad. Este acusado forma parte de la decena de investigados de quien Anticorrupción destaca su «comportamiento de activa y eficaz colaboración» por reconocer los hechos, motivo por el que solicita a la Audiencia Nacional que les aplique la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión.
Osàcar ya fue condenado a tres años de prisión por el ‘caso Palau’, también de financiación ilegal de Convergència.
Los hechos investigados corresponden al periodo en el que Artur Mas lideraba CDC y el gobierno catalán.
El fiscal explica en su escrito que entre 2008 y 2015 «altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».
«Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito», expone, y sostiene que «los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido».
Anticorrupción detalla que Viloca «se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones». «Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC», indica.
En cuanto a Gordó, señala que habría sido «durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC. «Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público», concluye.
