El juez instructor del 'caso 3%' imputó el pasado agosto al exgerente de TV3 y administrador de la productora Triacom Oriol Carbò.
Hacienda destapa más de dos millones de euros en facturas falsas de una productora de TV3 señalada por blanquear el 3%
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07/1/2020 00:00
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Actualizado: 07/1/2020 00:00
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La Agencia Tributaria ha destapado en una inspección sobre impuesto de sociedades la existencia de más de dos millones de euros en facturas falsas emitidas en 2010 y 2011 a Triacom, la productora ‘estrella’ de TV3 presidida por Oriol Carbó, a la que el empresario Juan Manuel Parra afirmó haber facturado en falso para camuflar gastos electorales de la extinta Convergència Democratica de Cataluña (CDC), partido refundado en el PDeCAT.
Este asunto se sigue en la Audiencia Nacional (AN), en el denominado caso del 3%, que investiga si cargos de CDC cobraban mordidas a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública y después blanqueaban esos ingresos con fórmulas como la prestación de servicios a terceros de los que en realidad se beneficiaba el partido.
Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria nace motivado por una inspección a Triacom por el impuesto de Sociedades y el IVA de los años 2010 y 2011.
Tras los hallazgos, se dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña, que ha acusado a la empresa por supuesto delito fiscal ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona.
Según declaró el pasado 30 de julio en la AN el empresario Joan Manuel Parra, responsable de Hispart, adjuntando una grabación, Oriol Carbó, exgerente de TV3 y responsable de Triacom, en connivencia con el exconsejero de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, le dio instrucciones para facturar a Triacom por conceptos ficticios el despliegue que había realizado para un acto electoral de CDC.
Tal y como afirmó en la Audiencia Nacional, sólo así podía cobrar por sus servicios.
Parra fue condenado en enero de 2018 en a ocho meses de prisión y a una multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en el ‘caso Palau’.
En ese juicio ya reconoció que giró un total de 13 facturas al ‘Palau de la Música’, presidida entonces por Fèlix Millet, que correspondían a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.
El administrador de la sociedad Hispart, Joan Manuel Parra (con camisa azul), saliendo de la Audiencia Nacional, junto a su abogado. Foto: EP
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso del 3%, acordó el pasado agosto la imputación del exgerente de TV3 y administrador de la productora Triacom Oriol Carbò a instancias de Anticorrupción y tras escuchar a Parra.
La Agencia Tributaria concluye que no era el único en emitir facturas falsas a Triacom, que en unos casos pactaba producciones que no llegaban a realizarse y en otros ‘tapaba’ los pagos como si fuesen subcontrataciones de servicios para dos programas de TV3 -‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’- cuya realización íntegra, por contrato, llevaba otra empresa.
TELEFÓNICA PAGÓ EN 5 FACTURAS 2,5 MILLONES
Destaca el caso de Telefonica, que según el informe, pagó en 5 facturas de 2010 y 2011, 2,5 millones de euros por el patrocinio de una serie de la que «no hay constancia ninguna» y por dos videos corporativos de los que sólo aparece uno y no cumple las condiciones acordadas por ese precio «desorbitado».
«Si es exagerado el precio, más extraño es que se respeten los términos del contrato y se paguen todas las cantidades cuando existen evidencias de que las prestaciones que debía efectuar Triacom no se llevaron a cabo», dice el informe, y concluye que «los pagos obedecen a otras razones distintas a las expresadas en el contrato y las facturas».
La compañía, que fue requerida, no pudo justificar la razón de estos pagos pese al incumplimiento.
Hacienda sospecha que el dinero que abonó a Triacom «fue canalizado o desviado a otras sociedades y personas mediante recepción de facturas falsas», dado que los periodos de ‘entrada’ y ‘salida’ de los fondos coinciden en tiempo y cuantía.
En este sentido, expone que las cantidades se abonaron en las mismas fechas -finales de 2010, primavera de 2011 y finales de 2011- en que Triacom realizó una batería de pagos por importe de 2,48 millones de euros a emisores de presuntas facturas falsas, entre ellos, las tres empresas audiovisuales de Juan Manuel Parra.
Tras cotejar sus albaranes con los de Triacom, los inspectores hallaron «notables discrepancias», que junto a las cantidades desorbitadas y al hecho de que eran por servicios a los dos programas de TV3 que realizaba íntegramente otra empresa, les llevaron a concluir que esas facturas «son falsas».
Fueron 750.000 euros pagados en los mismos plazos en que la empresa de Carbó cobró de Telefónica.
MARC PUIG, BENEFICIADO
En la lista de emisores de facturas falsas está Emocional Base, la sociedad que administraba Marc Puig Guardia, secretario de comunicación de la Generalitat con Jordi Pujol y Artur Mas.
En 2008 vendió su participación a un cuñado de Carbó, Salvador Solé, pero Hacienda sostiene que «pese a su aparente desvinculación, en 2012 al menos, se cuenta con suficientes pruebas de que seguía obteniendo beneficios de la misma».
Se refiere en concreto a la retirada de 40.000 euros en efectivo, la compra de un coche por 25.000, repararlo por 14.474 euros, poner a punto su barco por 9.649 euros o amueblar un piso, a cuenta de pagos de Triacom a Emocional con facturas falsas, como la emitida para un grafismo que se usaría en el vídeo corporativo de Telefónica que no existió o para el casting del programa de TV3 que tenía su propia empleada para ello.
DAVID MADÍ Y LA MUJER DE ORIOL PUJOL
Dos sociedades de Carbó están también en la lista, así como la empresa de Ana Vidal, la mujer de Oriol Pujol Ferrusola; y tres mercantiles del ‘convergente’ David Madí, predecesor de Marc Puig como secretario de Comunicación de Jordi Pujol, entre otros cargos, y estratega político de Artur Mas, que en solitario o asociado con su mujer facturó a Triacom por conceptos en los que Hacienda encuentra «serias dudas acerca de la realidad de los servicios» cobrados.
Detalla, entre otros movimientos, el cargo de 35.000 euros por un briefing para el vídeo de una junta de accionistas que se había celebrado tres meses antes y por cuya realización ya había facturado otra empresa; así como un pago de 70.000 euros para otra reunión preparatoria del vídeo para Telefónica que no se hizo.
«No puede obviarse que detrás de todas estas sociedades se encuentra David Madí y que los gastos originados por su despacho fueron sufragados durante un semestre por una de las sociedades de Carbó sin ser reembolsados, de manera que estaría siendo retribuido de manera irregular y sin motivo aparente», añade el informe.
Además, ha encontrado «una correlación» entre las facturas que emitió Triacom a una empresa constructora llamada Benito Arno e Hijos y las que recibió de una de las sociedades de Madí, denominada Icat, de modo que el dinero «habría circulado» de una a otra pasando por la productora.
«Es una constante en la forma de proceder de Triacom la interposición de cadenas de personas para dificultar el seguimiento de los movimientos de dinero», concluye la Agencia Tributaria.
DESDE HUESCA, LOS PLATÓS
En la lista de empresas con facturas falseadas Hacienda incluye dos conocidas ya en la Audiencia Nacional, ‘Interiorismo y Reformas’ y ‘Terminación de Edificios y Casas’: Con sede en un pueblo de Huesca, pocos trabajadores y actividad, y administradas por un octogenario.
Según un reciente informe de los ‘Mossos’, se trataría de un testaferro cuya misión sería facturar para después retirar dinero en efectivo y moverlo en negro.
Ambas facturaban a Triacom o a otra sociedad, Enginyeria Inalba, que a continuación lo cobraba de la productora por conceptos como la construcción del plató para el mencionado programa de TV3, pese a que lo gestionaba otra productora y a que los contratados estaban a más de 300 kilómetros de allí.
«El propio Carbó tiene dificultades para recordar cómo se acudió a estas empresas», señala el informe.
CDC Y PDECAT, IMPUTADOS
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, investiga la presunta financiación irregular de CDC mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
El juez instructor cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados, un total de 28 obras, y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.
El magistrado investiga conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
El caso de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública procede del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
El juez de El Vendrell, Josep Bosch, acordó enviar la causa a la Audiencia Nacional en febrero de 2018 siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
A finales de julio de 2018, De la Mata imputó a CDC y a PDeCAT como personas jurídicas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Incluyó también al PDeCat en la investigación porque le considera “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter “sistémica” y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido.
En septiembre de 2018, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante De la Mata asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.
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