El PDeCAT intenta desvincularse del caso del 3%

El PDeCAT ha querido desvincularse de Convergència ante el juez José de la Mata, que investiga el caso del 3%, asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.

Así lo ha manifestado la defensa del PDeCAT en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que el pasado junio imputó a ambas formaciones como personas jurídicas por presunto tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

El juez De la Mata considera al PDeCAT “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar su actividad y fundar esta formación, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.

Según el auto en el que imputó a las dos formaciones, «la creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación, o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir».

Hoy en representación de Convergència ha acudido a la Audiencia Nacional el presidente de la formación, Vicenç Mauri, y del PDeCAT Jordi Oliveras, responsable de finanzas. Ninguno está investigado en la causa, han acudido a informar de la organización de cada partido y de su estructura interna.

La defensa del PDeCAT ha reconocido ante el magistrado que la herencia política que existe entre ambos partidos es innegable, ya que parte del núcleo duro del PDeCAT procedía de Convergència.

Sin embargo, ha insistido en que muchos de los que formaban parte de esta cúpula cuando el PDeCAT se fundó a mediados de 2016 ya no están, como es el caso de Marta Pascal, y que la actual portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ya no es ni militante, han informado fuentes presentes en la comparecencia.

Las mismas fuentes han indicado que los representantes del PDeCAT y de Convergència han respondido sólo a preguntas de sus abogados sobre cuestiones técnicas que, a su juicio, avalan la diferenciación entre ambas formaciones, como el cambio de titularidad que han acometido en los contratos de arrendamiento de sus sedes y locales o la titularidad de la página web que mantiene el primero.

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DEL GRUPO ORTIZ RECONOCEN DONACIONES A FUNDACIONES DEL CDC

El magistrado también ha tomado declaración, en calidad de investigados, al presidente y el vicepresidente del grupo Ortiz Construcciones y Proyectos, Juan Antonio Carpintero y Emilio Carpintero, respectivamente, sobre las donaciones realizadas a las fundaciones bajo sospecha de haber servido de tapadera para la financiación ilegal de Convergéncia, Catdem y Forum Barcelona).

Fuentes conocedoras de la declaración han explicado que ambos empresarios han reconocido que hicieron donaciones económicas, si bien han asegurado que desconocían por completo que las fundaciones tuvieran relación con ningún partido político.

Según han alegado a preguntas del juez y de sus abogados, las donaciones respondían a una estrategia comercial para darse a conocer, posicionarse y tener presencia en Cataluña apoyando la promoción cultural de la comunidad autónoma.

Querían «entrar en el mercado catalán», según las citadas fuentes.

De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro empresas participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso.

Los ingresos realizados tuvieron lugar de febrero a mayo de 2010 y van desde 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, a los 130.000 euros que pagó Impulsa Grupo Ortiz.

Esta última mercantil estuvo presidida entre 2012 y 2016 por el exconseljero de Educación catalán Joan Maria Pujals, a quien el juez sitúa en «reiteradas» reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC Andreu Viloca, también investigado en el caso.

Según el auto del juez, las donaciones irregulares ligadas a adjudicaciones ascenderían a más de un millón de euros.