La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exgerente de TV3, Oriol Carbó, máximo responsable de la productora Triacom Audiovisual, en el ‘caso 3 %’.
Además, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, que instruye el caso, que requiera mediante un mandamiento a la Guardia Civil una serie de documentos a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) sobre esta productora para comprobar si la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -partido refundado en el PDeCAT- pudo financiarse irregularmente a través de ella.
En concreto, el Ministerio Público reclama todos los contratos que la CCMA haya realizado con Triacom o cualquiera de sus sociedades participadas, y aquellos firmados con Oriol Carbó o con cualquier sociedad con la que éste tuviera relación.
También pide que la Corporación identifique a las personas de este ente que se relacionaron con Carbó o con Triacom.
La petición de Anticorrupción se produce tras la declaración el pasado lunes en la Audiencia Nacional del empresario Joan Manuel Parra, después de que éste confesara en el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona haber cobrado trabajos realizados a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en la campaña electoral de 2010 con facturas giradas a una productora audiovisual.
En la Audiencia Nacional, el empresario, que declaró como testigo ante De la Mata, reconoció que CDC utilizó un sistema de facturaciones falsas a una productora de programas de TV3 para financiar actos de la campaña electoral de 2010.
Concretó que la productora es Triacom, y que los conceptos en las facturas se hicieron a programas como ‘Fish and Chips’ y ‘El gran Dictat’ por valor de más de 200.000 euros.
Parra admitió también que tres empresas que administra no habían prestado servicios a la productora a la que habían girado y cobrado una serie de facturas, sino que esas labores las realizó «en realidad» para CDC en la campaña electoral del 2010 al Parlamento catalán.
Dijo haber sido presionado a ello para poder cobrar sus honorarios.
El hombre que habría orquestado toda la maniobra de ocultación de financiación irregular fue según este testigo el exsecretario de Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó, quien le indicó qué hacer en una reunión a la que Parra acudió con los albaranes de los servicios efectivamente prestados para los actos de campaña.
El dirigente de Convergencia le remitió a Oriol Carbó, exgerente de TV3 y responsable de Triacom, para que éste le girara las facturas con el concepto de servicios a los programas citados según Parra, razón por la que Anticorrupción quiere que el juez le interrogue en calidad de investigado.
El empresario Joan Manuel Parrafue condenado en enero de 2018 en a ocho meses de prisión y a una multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en el ‘caso Palau’.
En ese juicio ya reconoció que giró un total de 13 facturas al ‘Palau de la Música’, presidida entonces por Fèlix Millet, que correspondían a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.
El magistrado investiga la presunta financiación irregular de CDC mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
El juez instructor cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados, un total de 28 obras, y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.
El magistrado investiga conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
Según un auto de junio en el que acordó investigar a 15 empresas vinculadas al caso de presunta corrupción de la antigua CDC, el caso 3% investiga a altos cargos de la antigua CDC, que, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y «en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político».
Para ello, De la Mata asegura que «alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de ‘dirigir’ los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fòrum Barcelona)».
A finales de julio de 2018, De la Mata imputó a CDC y PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Incluyó también al PDeCat en la investigación porque le considera “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.
El 12 de septiembre de 2018, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante De la Mata asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.
