El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el ‘caso 3%’, ha citado a declarar para hoy al empresario Joan Manuel Parra, quien confesó en un juzgado de Barcelona haber cobrado trabajos realizados a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en la campaña electoral de 2010 con facturas giradas a una productora audiovisual.
De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga la presunta financiación irregular de CDC -partido refundado en el PDeCAT- mediante el pago de comisiones ilegales a la formación a cargo de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.
El juez instructor cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados, un total de 28 obras, y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.
El magistrado investiga conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.
Según han informado fuentes jurídicas, De la Mata ha mandado un exhorto al Juzgado de lo Penal número 23 de Barcelona -que en septiembre juzgará al responsable de Hispart por estos hechos- para que le remita el escrito en el que este empresario reconoce que cobró 750.000 euros a través de este método irregular.
Según publica ‘El Periódico de Catalunya’, Parra presentó un escrito en el que admite que tres empresas que administra no han prestado servicios a una productora de televisión a la que había girado y cobrado una serie de facturas, sino que esas labores las realizó «en realidad» para CDC en la campaña electoral del 2010 al Parlament tras ser presionado a ello para poder cobrar sus honorarios.
Este empresario, para poder justificar su confesión, ha entregado al Juzgado de Barcelona un disco con una supuesta conversación que mantuvo en octubre de 2011 en la sede de CDC con el entonces secretario de Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó; albaranes de las labores que hizo para el partido, planos de distribución de actos de campaña y un libro de fotografías titulado ‘Entre babalinas’ en el que el expresidente de la Generalitat Artur Mas le agradece su colaboración, según el citado diario.
Parra fue condenado en enero de 2018 en a ocho meses de prisión y a una multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en el ‘caso Palau’.
En ese juicio ya reconoció que giró un total de 13 facturas al ‘Palau de la Música’, presidida entonces por Fèlix Millet, que correspondían a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.
Según el auto, el caso 3% investiga a altos cargos de la antigua CDC, que, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y «en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político».
Para ello, De la Mata asegura que «alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de ‘dirigir’ los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fòrum Barcelona)».
EN UNAS OCASIONES LAS COMISIONES ERAN UNA ‘CONTRAPRESTACIÓN’ POR LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS CONCRETAS
De la Mata señala que estos pagos en ocasiones estaban vinculados, y se producía específicamente a cambio y como contraprestación por la adjudicación de concretas obras públicas «con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia».
Dice que en otros casos, la vinculación con una adjudicación específica no existía, y las donaciones se realizaban, «de acuerdo con los jerarcas políticos del partido, para crear o mantener una buena relación con el partido y sus jerarcas».
Así, constata, podían ser consideradas ‘elegibles’, en sus palabras, para futuras adjudicaciones, es decir, «simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos».
El magistrado indica que ha habido «múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación» de administraciones controladas por el partido, «a cambio de efectuar gran cantidad de pagos» a la formación.
Las empresas, sostiene el juez, actuaron «siempre con el afán de disimular esas donaciones» mediante dos operativas: efectuando los pagos desde distintas sociedades o fundaciones pertenecientes al mismo holding y haciéndolas llegar a «las distintas fundaciones que tenía disponibles CDC para obtener financiación».
CDC Y PDECAT, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO Y BLANQUEO
El caso de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública procede del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
El juez de El Vendrell, Josep Bosch, acordó enviar la causa a la Audiencia Nacional en febrero de 2018 siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
A finales de julio de 2018, De la Mata imputó a CDC y a PDeCAT como personas jurídicas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Incluyó también al PDeCat en la investigación porque le considera “mero continuador” de esta trama que se habría prolongado durante 11 años y hasta ahora, después de que CDC decidiera cesar toda su actividad y fundara este nuevo partido, lo que fue un simple “cambio de apariencia”.
La operativa investigada, según el juez, ha sido de carácter “sistémica” y ha permanecido inalterable con independencia de los relevos en el partido.
En septiembre de 2018, el PDeCAT quiso desvincularse de Convergència ante De la Mata asegurando que son partidos completamente distintos y que, de hecho, sus estatutos así lo demuestran porque el primero sí defiende la independencia, mientras que el segundo no.
