La Fiscalía Anticorrupción ha dirigido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, solicitando el final de la instrucción y su conversión en procedimiento abreviado contra Rodrigo Rato Figaredo y 17 personas más, entre ellos los máximos responsables de Publicís Comunicación España, S.L., y Zenith Meia, S.L., por un supuesto delito de corrupción en los negocios.
Este delito, conocido también como corrupción entre particulares, está contemplado en el artículo 286 bis del Código Penal y contempla penas de uno a seis años de cárcel y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
De acuerdo con el escrito, firmado por la fiscal anticorrupción Elena Lorente, hay indicios de que Rato, cuando era presidente de Caja Madrid-Bankia, cobró en 2011 y 2012 «comisiones carentes de justificación» a través de su sociedad patrimonial Kradonara 2001, S.L.
Comisiones ascendieron a 835.024,64 euros; 474.416,64 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012.
Dichas antidades fueron supuestamente abonadas por las sociedades Publicís Comunicación España, S.L., y Zenith Meia, S.L. a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoraimiento S.L., cuyo propietario y gestor era Alberto Portuondo Coll.
Éste formaba parte del equipo que Rato llevó a Caja Madrid, en enero de 2010, como asesor externo.
Portuondo Coll «tuvo una participación activa en el proceso de selección» de las sociedades que se presentaron a los concursos de publicidad que Caja Madrid-Bankia «llevó a cabo para la difusión» de la marca «Bankia y de la salida a bolsa de la entiedad».
Los concursos fueron adjudicados finalmente a Publicís y Zenith.
La fiscal anticorrupcion Lorente identifica a Miguel Ángel Montero, íntimo colaborador de Rato en sus empresas familiares, a Teresa Arellano, secretaria personal del exvicepresidente del Gobierno y a José Manuel Fernández Norniella, hombre de confianza suyo, a quien nombró vicepresidente y consejero de la entidad financiera, así como a Miguel Robledo, responable de comunicación externa de Caja Madrid-Bankia y a Beatriz Colomer, mano derecha de Portuondo, con funciones en el área de comunicación de la marca.
«Todos ellos contituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como ‘núcleo duro’ a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato Figaredo», escribe la fiscal.
De la instrucción judicial, según la fiscal anticorrupción, hay indicios de que los principales gestores de Publicís -el vicepresidente, Miguel Ángel Furones, los directores generales, Francisco Xavier Olazábal Puig y Sagrario Bua Rojas, y el director financiero, Fabrizio Bini– y de Zenith -el presidente, Sergio Lorca, el consejero delegado Fernando Rodríguez Varona, María Cándida Rodríguez Melcón, la directora general, y Santiago Álvarez del Manzano Sans, director financiero- «eran conocedores de la irregular finalidad de las comisiones abonadas a la sociedad Albisa de Portuondo».
Desde esta sociedad, a juicio de la fiscal anticorrupción, se habrían transferido esas cantidades a la empresa patrimonial de Rato, Kradonara.
