Antonio Manuel Guerrero Escudero estaba en situación de activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba. EP
Fiscalía pedirá prisión provisional para el miembro de ‘La Manada’ que habría tratado de renovar el pasaporte
El Gobierno de Navarra solicita el inmediato reingreso en la cárcel de los cinco jóvenes
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29/6/2018 10:39
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Actualizado: 29/6/2018 15:24
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La semana pasada, la Audiencia de Navarra decretó la libertad provisional de los cinco miembros de ‘La Manada’, condenados a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016.
Han salido de la cárcel de forma provisional -a la espera de sentencia firme-, bajo fianza de 6.000 euros, y con la prohibición, entre otras medidas cautelares, de salir del territorio nacional sin autorización judicial, además de estar obligados a comparecer en el juzgado de guardia tres días a la semana -los lunes, miércoles y viernes-.
También tienen prohibido acudir a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de la víctima.
Sin embargo, el pasado lunes, 25 de junio, el primer día hábil tras su salida de prisión, uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, guardia civil, intentó renovar su pasaporte en la oficina de oficina de pasaportes y DNI de Tablada (Sevilla), según han informado fuentes policiales.
Lo hizo mediante el sistema de cita previa. Acudió a las dependencias policiales el lunes, a las 11.30 horas. Iniciado el procedimiento de renovación, «saltaron las alertas de prohibición y se le denegó».
La Jefatura Superior de Policía puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en una comunicación oficial, e informó del suceso en las redes sociales:
?Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte… teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1
— Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018
«Así no», ha destacado en un tuit.
La Fiscalía ha solicitado al tribunal que convoque una nueva comparecencia con este condenado.
En ella, pedirá la medida cautelar de ingreso en prisión «ante el riesgo de fuga manifestado» por el intento de quebrantamiento de una medida expresamente acordada en el auto.
Asimismo, ha solicitado a la sala que deduzca testimonio del auto y del escrito de la Policía informando oficialmente al juzgado de guardia de Sevilla, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.
El Gobierno de Navarra, personado como acusación popular, también ha solicitado a la Audiencia Provincial que adopte las medidas oportunas para esclarecer lo ocurrido.
LA DEFENSA HABLA DE «BULO» DE LA POLICÍA
El abogado de Guerrero, Jesús Pérez, ha dicho que es «falso» que su cliente haya ido a una comisaría a obtener su pasaporte «para salir del país», sino que tiene el documento caducado y ante la obligación impuesta por la Audiencia de entregarlo en los cuatro días siguientes a su puesta en libertad «ha ido a preguntar si se lo tenía que sacar o no».
«Es absurdo pensar que es para salir del país, él no quiere problemas y ha ido por un exceso de celo», ha insistido el letrado.
Considera «lamentable» que por parte de la Policía Nacional se levante «este bulo». «Es hacer daño por hacer», señala.
Para el letrado, «no hay delito, ni incumplimiento, ni quebrantamiento», sino «un malentendido por parte de la Policía, que con posterioridad, días después de acudir a la comisaría» ha publicado un tuit en el que señalaba que Guerrero había intentado renovar el pasaporte cuando, según afirma, «iba a pedir información».
Por su parte, el letrado defensor del resto de miembros de ‘La Manada’, Agustín Martínez, ha asegurado este viernes que si alguno de sus clientes incumple el auto, «se queda sin abogado».
Abundando en la explicación dada por el abogado de Guerrero, ha señalado que «si la Policía tuvo conocimiento de que estaba quebrantando un auto, tiene que ponerle inmediatamente en conocimiento del tribunal que ha dictado la media». «No es normal que la noticia sea a través de un tuit, por lo que más allá de una descoordinación, lo que ha ocurrido es que alguien ha escuchado campanas y no ha sabido interpretarlas«, ha expresado.
Asimismo, ha incidido en que «si quebrantó el auto, debió ser detenido».
EL GOBIERNO FORAL PIDE EL INGRESO EN PRISIÓN DE ‘LA MANADA’
El Gobierno de Navarra también ha presentado un recurso contra el auto que dictó la libertad provisional de ‘La Manada’ en el que solicita la revocación de la decisión y el inmediato reingreso en prisión de los jóvenes sevillanos.
En el recurso sostiene que “la gravedad de la pena impuesta y de la aún más grave que ha solicitado” que se les imponga en su recurso, “es un dato objetivo que no debe desconocerse, en relación con la propia gravedad de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida”.
En relación con el riesgo de fuga, reitera su «oposición a considerar un supuesto arraigo familiar y social de los cinco condenados a los efectos de posibilitar su libertad provisional mediante la prestación de fianza».
Recuerda también la existencia de la instrucción actualmente en curso en el Juzgado de Pozoblanco (Córdoba), considerando improcedente lo que se dice en el auto respecto de la insolvencia de los condenados.
Afirma que “los hechos desmienten que dicha insolvencia pueda actuar como freno a su eventual fuga, pues en menos de 24 horas han sido capaces de depositar la fianza”.
Asimismo, discrepa de lo que se dice respecto de la facilidad para su localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo dada la notoriedad de su pérdida de anonimato, pues la misma «no se produce más allá de nuestras fronteras».
«Ni la repercusión social ni la pérdida de anonimato a que se refiere la Audiencia Provincial son argumentos», dice el Gobierno Foral, «para considerar que no hay riesgo de reiteración delictiva, sobre todo si se tiene en cuenta que en ningún momento han reconocido la comisión de delito alguno, por lo que nada les impediría realizar actos de la misma naturaleza que entienden legítimos».
Asimismo, considera que debe tenerse en cuenta especialmente la protección de la víctima a la que se sitúa «indudablemente en riesgo por la puesta en libertad provisional de los condenados».
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