Los representantes de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Valladolid han dicho hoy que mantienen la petición de 9 y 3 años de cárcel, respectivamente, para el anterior alcalde de la ciudad Francisco Javier León de la Riva (PP) que supuestamente firmó avales sin seguir el procedimiento municipal fijado.
Este miércoles, se ha celebrado la segunda sesión de este juicio en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Feliciano Trebolle, presidente a su vez de la mencionada Audiencia. Arrancó el lunes y concluirá mañana.
Además de De la Riva, se enjuicia a dos de sus ediles entonces, el exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, por suscribirlas.
Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de una denuncia en 2015 del actual equipo de Gobierno, dirigido por Óscar Puente (PSOE), que ha comparecido hoy como testigo junto a otros cuatro más.
Ayer ya declaró el excalde. De la Riva dijo que no consultó a nadie sobre su actuación porque desconocía su “transcendencia” económica y creía que eran “una recomendación de cortesía” de carácter “no oficial”.
Señaló que ahora es consciente de que las firmas se llevaron a cabo “mal” y que “no había dificultad” para haber procedido bien.
Su sucesor en el cargo, Óscar Puente, ha manifestado en la vista, en respuestas al abogado del Ayuntamiento, que éste no ha tenido que responder a cantidad económica alguna como consecuencia de la firma de las ‘Comfort Letter’ de los años 2008, 2010 y 2011, según las cuales se habría comprometido a asumir de forma subsidiaria, de acuerdo con su participación en la misma, el 25 por ciento de los 400 millones de euros.
No obstante, ha añadido que desde que se conoció la carta de conformidad firmada por León de la Riva en 2011, la labor del Ayuntamiento ha sido «intentar evitar el perjuicio» y para ello ha trabajado en la vía legal con la declaración de nulidad aprobada en Pleno, en la penal que dio origen al juicio, y en una tercera vía «de convenio» para intentar replantear la situación de la SVAV y que se pagara la deuda, algo a lo que finalmente se comprometió el Ministerio de Fomento.
INFLUENCIA EN EL NUEVO CONVENIO
Ha explicado que esos 100 millones de euros han «pesado de una manera decisiva en la negociación y en el resultado», que ha sido la firma del nuevo convenio que opta por un proyecto de integración ferroviaria sin el soterramiento previsto desde 2002.
Además, ha recordado que en el citado acuerdo se establece que Adif recuperará los 400 millones que ha aportado a través de la venta de terrenos que Puente ha reconocido que no son de titularidad municipal.
Por otra parte, ha incidido en que si el Consistorio hubiera reconocido la carta de conformidad como aval, tal y como considera que pretendían tanto los bancos como Fomento, esos 100 millones habrían pasado a considerarse deuda municipal y, de acuerdo con la normativa relativa a la hacienda local, el Consistorio se habría visto «abocado al cierre» económico.
Ante las preguntas de las defensas, el socialista ha precisado que el perjuicio no está evaluado. También ha manifestado sus «dudas» sobre si los riesgos que en su momento podría suponer la Comfort Letter están «conjurados» ya que, si bien el Ministerio de Fomento ha pagado ya la deuda, le resultó «preocupante» que el órgano ministerial, tras abonar el préstamo, se subrogara en la posición de los bancos en el requerimiento judicial de la deuda de 100 millones al Ayuntamiento.
Asimismo, Puente ha explicado que el Consistorio no presentó la denuncia «inmediatamente» tras conocer la existencia de la tercera de las comfort letter que había firmado León de la Riva, sino una vez se había iniciado la declaración de nulidad de la misma.
Y lo hizo al saber que «no era descartable» que los bancos acreedores abrieran una «vía civil» contra el Ayuntamiento, de modo que la asesoría jurídica recomendó «proteger» los intereses municipales con una denuncia.
El alcalde también ha confirmado que cuando su equipo conoció en una reunión en Adif la existencia del documento no se encontró copia del mismo en el registro municipal.
LAS DECLARACIONES DE OTROS TESTIGOS
El secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, y el interventor, Rafael Salgado, han coincidido en que, de haberse iniciado un expediente en el Ayuntamiento sobre las ‘Comfort Letter’ habría sido competencia de la Concejalía de Hacienda, como responsable de la gestión financiera.
A preguntas de la defensa del exconcejal Alfredo Blanco, Salgado ha admitido que el Consistorio «no es muy riguroso con las competencias» y que, si como ocurrió con otras dos ‘Comfort Letter’ suscritas por la Concejalía de Cultura y Turismo en 2013 y 2014 para la Feria de Valladolid, las hubiera promovido otro área distinta Hacienda habría sido «una irregularidad que no invalida la actuación».
Salgado, que es interventor desde 2012, ha detallado en su declaración las diferencias entre las cartas de conformidad «suaves», que no se considerarían avales, y «fuertes», que sí que lo serían.
Y ha definido las tres ‘Comfort Letter’ suscritas por León de la Riva como «fuertes», pues expresaban el compromiso «mancomunado» del Ayuntamiento con la deuda.
Rafael Salgado ha añadido que si en 2008, 2010 y 2011 se hubiera llevado a cabo un expediente reglado relativo a los documentos, se debería haber consultado primero a la asesoría jurídica si las cartas eran «suaves o fuertes».
También ha dicho que al estar vigente en esos años un Plan de reequilibrio financiero, el Ayuntamiento debería haber solicitado autorización a la Junta para asumir los 100 millones de euros de deuda, pues el conjunto habría superado el 133 por ciento del límite marcado por Ley.
Su predecesor en el cargo, Jesús Velázquez, que también ha declarado en el juicio, ha confirmado que ni el alcalde ni los concejales le consultaron de manera verbal o escrita sobre las Comfort Letter y, de hecho, ha aseverado que hasta que dejó el Ayuntamiento en 2012 no tuvo conocimiento de este tipo de documentos.
LAS PARTES ELEVAN A DEFINITIVAS LAS CONCLUSIONES
Al concluir la sesión, el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, ha preguntado a las partes si elevaban a definitivas las conclusiones expresadas en el procedimiento.
Todos los representantes han respondido afirmativamente.
Por tanto, se mantienen las peticiones de absolución por parte de las defensas de León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, así como las peticiones de penas de la Fiscalía y el Ayuntamiento, personado como acusación particular.
El Ministerio Público pide 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental en las tres cartas de conformidad suscritas, mientras que el Consistorio reclama una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación.
La acusación pública interesa además una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal.
Para los dos exediles del PP, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión, mientras que el Consistorio solicita siete de inhabilitación.
