El Juzgado de Instrucción 2 de Badalona (Barcelona), que investiga la ‘Operación Enredadera’, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del empresario de Castilla y León José Luis Ulibarri, y de otros dos detenidos de los que no ha trascendido su identidad.
La causa continúa secreta.
La operación, desplegada el pasado martes en Barcelona, Gijón, León, Málaga, Madrid, Huesca, Oviedo, Zaragoza, Teruel y Valladolid, se saldó con una cincuentena de detenidos, 18 de los cuales pasan a disposición judicial.
Investiga el presunto amaño de contratos de servicios para la regulación del tráfico y la gestión de multas en ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos.
El magistrado tomó ayer declaración a nueve de los arrestados.
Los primeros en comparecer ayer fueron cuatro de los cinco detenidos en Cataluña: dos responsables de la empresa Gespol, el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un informático del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona).
Uno de ellos ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con cargos. Un quinto quedó en libertad el mismo día de su arresto tras declarar ante la Policía.
A partir de las 19.00 horas, el juez comenzó otra tanda de declaraciones a un grupo de detenidos con residencia en Madrid y las poblaciones madrileñas de Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañada.
Sobre las 3 de la madrugada acordó el ingreso prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, uno es Ulibarri, que también está investigado en el ‘Caso Gürtel’.
Los otros tres detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares.
Hoy pasarán a disposición judicial el resto de arrestados.
POLÍTICOS DEL PP, PSOE Y C’S Y POLICÍAS
En la operación participaron 580 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Practicaron 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, y 19 requerimientos de información.
Entre los detenidos hay políticos del PP, el PSOE y Ciudadanos, y jefes de Policía local.
Por ejemplo, Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el municipio más grande donde gobierna Cs. Quedó ayer en libertad con cargos. Hoy ha sido ingresado en un hospital por un infarto.
Ciudadanos exigió por escrito a Ruipérez que dimitiera, y le advirtió de que, de no hacerlo, será igualmente expulsado.
El mismo requerimiento envió al portavoz de Cs en el Ayuntamiento leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, que también fue detenido, y en el caso del excoordinador y actual asesor en la Diputación de León Sadat Maraña, ha exigido al grupo parlamentario de la diputación que lo despida.
Los tres fueron suspendidos de militancia el martes y tienen diez días de plazo para presentar alegaciones contra esa decisión.
Hoy también ha quedado en libertad con cargos el ya exjefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano de la Vega. Este mismo jueves ha sido sustituido en el puesto por el segundo jefe, Miguel Ángel García.
Cano de la Vega también es secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes.
“PRESUNTAS COMISIONES A CARGOS PÚBLICOS Y A POLICÍAS LOCALES”
El citado juzgado de Badalona ordenó los registros para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.
Esta mercantil, supuestamente epicentro de la trama, pertenece desde 2016 a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.
Según Anticorrupción, esta empresa “habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local”.
Fuentes de la investigación han informado de que la investigación se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
Indican que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se habrían amañado los pliegos de los contratos municipales adjudicados a Aplicaciones Gespol.
Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacía falta, con finalidad recaudatoria.
La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.
Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, estas mismas fuentes indican que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de forma desproporcionada.
Los hechos investigados en la ‘Operación Enredadera’ podrían constituir presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
