El ex jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, el exdirector de ese cuerpo policial, Pere Soler, al exsecretario general de Interior de la Generalitat el vallense Cèsar Puig, y la intendente Teresa Laplana, serán juzgados por un tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional formado por la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, y los magistrados Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel.
Los cuatro imputados están acusados de los delitos de sedición y organización y criminal por los incidentes acaecidos el 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona y por simular «un dispositivo engañoso» para permitir la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Los tres magistrados han presentado su candidatura a las tres plazas vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Dos de los magistrados son de corte «progresista»: Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez, quien desde 1996 y 2001 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial por Izquierda Unida, y formaron parte del tribunal que en 2014 absolvió a 19 personas acusadas de asediar el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011.
El presidente de ese tribunal -y de la Sala en aquel entonces- fue el actual ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska.
En su resolución, expusieron que todos los acusados «ejercieron el derecho fundamental de manifestación», desoyendo a la Fiscalía que pedía cinco años de prisión para ellos por su participación en la concentración convocada por el 15-M ante el Parlament y que terminó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas.
La sentencia -que contó con el voto particular de Grande-Marlaska-, fue anulada por el Tribunal Supremo, que condenó a 3 años de prisión por delito contra las instituciones del Estado a 8 de los acusados.
La ponencia de dicha sentencia corrió a cargo del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otras 24 personas en la causa del proceso independentista catalán.
En relación a Espejel, fue apartada del tribunal que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel, y de otras piezas como la de la caja B del Partido Popular -conocida como los papeles de Bárcenas- por su proximidad con el PP.
Los acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas también pidieron apartarle del tribunal por los «lazos» que le unen con la Guardia Civil -está casada con un coronel del Instituto Armado- pero la Sala de lo Penal rechazó por extemporánea la acusación.
El tribunal acabó condenando a los acusados a entre dos y trece años de cárcel pero no por los delitos de terrorismo que les imputaba la Fiscalía.
CONNIVENCIA A FAVOR DEL 1-O
El pasado mes de abril la magistrada instructora, Carmen Lamela, concluyó la investigación tras siete meses de pesquisas y procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal, a Puig y Soler por un delito de sedición y otro de organización criminal y a Laplana por un único delito de sedición.
A finales de junio la Sala de lo Penal que preside Concepción Espejel, desestimó los recursos de apelación de los cuatro y confirmó su procesamiento al considerarles responsables de simular «un dispositivo engañoso» para permitir la celebración del reférendum del 1 de octubre, prohibida por el Tribunal Constitucional.
En lo que respecta al exjefe del cuerpo policial catalán, la Sala expuso que la investigación de estos hechos revelaba numerosos signos que le vinculan con los delitos de sedición y organización criminal y, por tanto, las conclusiones de Lamela «no son gratuitas y se asientan en numerosas comprobaciones y actos de investigación policial que señalan al procesado como partícipe».
Para los magistrados, Trapero, como mayor de los Mossos, siguiendo las consignas recibidas de sus superiores y responsables políticos, «incumplió las órdenes emanadas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (de impedir la consulta) y las decisiones del Tribunal Constitucional para conseguir la celebración del referéndum ilegal y en esa connivencia hizo de correa de transmisión con sus subordinados». EP.
