Los cinco magistrados que forman el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) compondrán el tribunal de apelación que estudiará los recursos presentados por las defensas de los cinco condenados en el «caso manada» así como del Ministerio Fiscal y la acusación particular.
Los cinco jueces son Joaquín Cristóbal Galve Sauras, de 59 años, presidente del TSJN, con 30 años y 8 meses de antigüedad en la carrera judicial; Francisco Javier Fernández Urzainqui, de 65 años, y 41 años y 6 meses de carrera; Alfonso Otero Pedrouzo, de 67 años y 38 años y 6 meses como juez y magistrado; Miguel Ángel Abárzuza Gil, de 70 años y 29 años de antigüedad, y José Antonio Álvarez Caperochipi, de 68 años y 29 años y 1 mes sirviendo administrando justicia.
La intervención de esta Sala como tribunal de apelación es la consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 por la que se modificó el sistema de recursos penales imperante hasta entonces, por el que las sentencias de las Audiencias Provinciales, en primera instancia, sólo podían ser recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.
Ahora dichas sentencia dictadas pueden deben ser apeladas en segunda instancia ante los 17 Tribunales Superiores de Justicia antes de poder acudir en casación ante el Supremo.
De la misma forma, con ese mismo fin, se ha creado, y ya está en funcionamiento en la Audiencia Nacional, una Sala de Apelación.
En este caso han sido los cinco magistrados los que han asumido la decisión de erigirse en tribunal de apelación. Podían haber sido sólo 3.
Según dicen los artículos 196 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los casos en que la ley no disponga otra cosa, bastarán tres magistrados para formar Sala.
No obstante, añade, “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”. Este ha sido el caso.
El 26 de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a los cinco acusados de violar a una joven de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona.
