La Audiencia Nacional no ha avalado ninguna de las escuchas telefónicas a las conversaciones mantenidas por el empresario Juan Miguel Villar Mir y su abogado, del despacho Business & Law, lo que supone una vulneración flagrante del derecho de defensa y de la confidencialidad del derecho de defensa consagrados en los artículos 18 y 24 de la Constitución, contrariamente a lo que afirma en una providencia la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de dicho órgano judicial, conocida hoy.
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de la mencionada Audiencia, del que es titular el magistrado Manuel García-Castellón, el letrado pide rectificar las 9 líneas de la providencia, suscrita hoy por las magistradas de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, Ángela Murillo, María Teresa Palacios y Carmen González, en las que se da a entender eso, precisamente.
«No es cierto» que se haya desestimado «sucesivamente por el Juzgado y la Sala de lo Penal» la petición de nulidad de esas escuchas entre cliente y abogado.
Y «deben ser rectificadas, mediante su supresión en la referida providencia», se puede leer en el mencionado escrito, al que ha tenido acceso Confilegal.
«La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no se ha pronunciado aún sobre la nulidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el instructor y que afectaron a las conversaciones entre letrado-cliente y médico paciente», recuerda.
Son, en total, 10 horas y media de conversaciones entre Villar Mir y su abogado en las que hablan de las estrategias de defensa para el primero en los casos Púnica y Lezo, en las que figura como investigado.
10 horas y media que fueron transcritas e incorporadas a la causa y a la que han accedido tanto los agentes investigadores de la UCO, como la fiscalía y el juez instructor.
El escrito presentado hoy por el abogado ante el Juzgado Central de Instrucción 6, en el que pide la rectificación de la providencia, cita un auto de 19 de junio pasado, de la misma Sección Cuarta -respuesta a un recurso de apelación presentado- en el señala que simplemente se acordó el envío al Juez Decano de los Juzgados de Instrucción de Madrid del contenido de una parte de las conversaciones telefónicas transcritas y mantenidas entre Juan Miguel Villar Mir, su secretaria, su médico y su abogado para determinar si el empresario trató de eludir declarar alegando problemas médicos.
Son en total, dos oficios, identificados con los números 10 y 11, que fueron archivados por el juez de instrucción al que le correspondió la causa.
La Sala, vuelve a recordar el letrado, «deja al margen de su decisión las irregularidades -muchas- denunciadas por esta parte en su recurso de apelación, al considerar que no pueden ser objeto de su examen en ese momento procesal. Eso sí, llama la atención al instructor sobre un hecho: que tenga sobre su mesa desde hace tres meses, sin resolver, una petición de nulidad sobre las antedichas escuchas».
ESCUCHAS ILEGALES: EL COMIENZO DE TODO
García Castellón ordenó, el pasado mes de diciembre, la interceptación telefónica del empresario Villar, Mir, de 87 años, en el marco de la instrucción del caso Lezo.
Desde ese mes y hasta febrero, los efectivos de la Guardia Civil grabaron las conversaciones que mantuvo a través de cuatro números diferentes.
Entre ellas se incluyeron las que hizo con su abogado y con su médico personal, conversaciones que no fueron expurgadas ni borradas sino que pasaron a formar parte del sumario.
El despacho de abogados de Villar Mir presentó sendos escritos, ante García-Castellón, en febrero y marzo, denunciado la violación del derecho de defensa y confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con su cliente.
En los mismos pedía acceso a las transcripciones de las conversaciones y las grabaciones, su eliminación de la causa y la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de esas conversaciones.
La base legal era clara: el artículo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial».
El magistrado de apoyo a García-Castellón, Diego de Egea, que lo sustituía en ese momento, contestó dándoles la razón. Y mediante un auto de 16 de abril, ordenó la «inmediata destrucción de las conversaciones mantenidas entre los letrados e investigados» en el oficio 11.
Sin embargo, la fiscal del caso, Ana Cuenca, interpuso un recurso de reforma solicitando la revocación de dicha resolución de García-Castellón, que finalmente cambió su decisión, dejándola sin valor, por otro auto de 17 de mayo.
Auto que también fue recurrido por Business & Law ante la Sala de lo Penal.
LA SOMBRA DEL CASO GARZÓN
La gravedad de lo sucedido ha conducido a los abogados de Villar Mir a pedir amparo al Colegio de Abogados de Madrid, cuya Junta de Gobierno, presidida por el decano José María Alonso, se lo ha dado sin ningún atisbo de duda y ha acordado remitirlo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y a la fiscal general del Estado, María José Segarra, a los efectos oportunos.
En esencia, lo sucedido en esta instrucción dirigida por García-Castellón se asemeja mucho al caso que condujo a la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón.
En aquel caso, ordenó la grabación de las conversaciones telefónicas entre los acusados en el caso Gürtel, que estaban encarcelados, y sus abogados, en la misma prisión.
En este, tanto los investigadores de la Guardia Civil, como la Fiscalía y el propio García-Castellón han tenido acceso a una información que tienen prohibida, que son las conversaciones entre clientes y abogados.
Dicho acceso desvirtúa el derecho de defensa y convierte en papel mojado la causa, convirtiéndose en una suerte de proceso inquisitivo.
El exvicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Manuel Valero, declaraba hoy en Confilegal que «El Colegio debería querellarse contra el juez de las grabaciones a Villar Mir y a su abogado».
«El Colegio de Abogados de Madrid tiene que tomar una posición activa. No puede volver a suceder otra vez. Porque supondría la muerte de la Abogacía. La segunda fue con el juez Baltasar Garzón. El Colegio tiene que tener muy claro que defendiendo a ese letrado está defendiendo a la profesión”, sintetizó el sentir de la abogacía.
