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Sanidad ultima para septiembre un proyecto de ley de tramitación urgente para los afectados de la talidomida

El Gobierno estudia varias alternativas de cómo le va a pedir a la farmacéutica Grünenthal que asuma parte de las indemnizacionesProtesta reciente de asociados de AVITE ante el Congreso de los Diputados. El segundo, por la derecha, es Basterrechea.
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Reunión de trabajo ayer martes en la sede del Ministerio de Sanidad donde su secretario general , Ricardo Campos acompañado de parte de su equipo mantuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Afectados por la Talidomida (AVITE) representados por Rafael Basterrechea, vicepresidente e Ignacio Martínez, asesor jurídico.

Ha sido el primer encuentro tras la votación de una enmienda en el Congreso que respaldaba el incremento de las ayudas a este colectivo afectado.

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De esa reunión hemos podido saber la intención de Sanidad de preparar un proyecto de ley que se tramitaría por vía de urgencia para ofrecer esas cantidades nuevas a las víctimas de la talidomida. Desde el Gobierno se insiste en que la enmienda aprobada recientemente es un brindis al sol, no está en los PGE de 2018 por lo cual no tendría respaldo económico. La vía de este proyecto de ley no desagrada a AVITE que espera sea un trámite rápido y no tengan que esperar al año que viene para cobrar sus compensaciones y pensiones.

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Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, cree que los afectados por la talidomida deberían ser pensionistas alemanes.

En esta reunión de trabajo, Campos ha vuelto a preguntar a los representantes  de AVITE cuáles son sus pretensiones económicas. El propio Rafael Basterrechea en declaraciones a CONFILEGAL ha señalado que “queremos un trato parecido al que tienen otras víctimas en países como Alemania o Francia.  Nos corresponde una indemnización y una compensación mensual que garantice la supervivencia de todos los afectados”.

A nivel económico dichas pretensiones ya fueron presentadas el pasado mes de abril cuando los miembros de AVITE y sus familias fueron invitados a una jornada para abordar su problemática en la Organización Médica Colegial  (OMC). Para Basterrechea siguiendo las directrices del actual baremo de tráfico, vigente desde 1 de enero del 2016, las indemnizaciones se acercarían a los dos millones y medio de euros por afectado.

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Basterrechea destacó también que AVITE está dispuesta a dialogar y aceptar que el pago de las indemnizaciones se pueda repartir en el tiempo. La única línea roja que mantienen es que «el Gobierno debe garantizarnos que vamos a cobrar lo que ya se ha fijado por ley. Hablamos de doce mil euros por cada punto de minusvalía».

Una norma que en septiembre tendrá otra regulación y que debería ayudar a poner punto final a este episodio tan negro de nuestra historia más reciente.

Grünenthal debe asumir parte de las indemnizaciones

En esta reunión de trabajo se ha vuelto a poner sobre la mesa por ambas partes la necesidad de que la farmacéutica Grünenthal, dueña de la patente de la talidomida, al igual que ha hecho en otros países, se hiciera cargo de una parte importante de dichas indemnizaciones y pensiones.

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Como dato a reseñar, al término del Pleno extraordinario de ayer en el que Pedro Sánchez ha presentado las líneas de acción de su Ejecutivo, el diputado y portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Francisco Igea, registraba unas preguntas parlamentarias.

En una de ellas pide al Ejecutivo que explique si, tal y como viene recogido en la Ley de Presupuestos de 2018, ha convocado ya al laboratorio Grünenthal para exigirle su colaboración en la reparación de las víctimas.

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También Ciudadanos quiere saber si se ha hecho o cuándo se hará y también pide al Ejecutivo si cumplirá con la ley y garantizará a las víctimas de la talidomida las ayudas establecidas en los Presupuestos.

Desde AVITE, Basterrechea considera que “Grünenthal debería incorporarse a esta mesa de trabajo y asumir sus responsabilidades como fabricante de la talidomida. Estamos incluso dispuestos a que incorporen un experto en el Comité ya en marcha como supervisor o validador de lo que se está haciendo a nivel de reconocimientos de afectados. En estos momentos se cumplen todas las normativas nacionales e internacionales”.

AVITE también ha pedido a Campos que, una vez estén reconocidas todas las víctimas de la talidomida en España, el Gobierno llegue a un acuerdo con el Ejecutivo alemán para que la administración de ese país asuma  la mayor parte de la responsabilidad en las indemnizaciones, puesto que «no hay que olvidar que esto es culpa de la empresa y del Estado alemán, que permitió que la patente saliese de allí”, subraya Basterrechea.

Unos reconocimientos médicos de primera línea

Para este madrileño, afectado por la talidomida, lo lógico es que “se negociase con el Gobierno alemán y aquellos afectados con el reconocimiento realizado y que ratifica su exposición a la talidomida se convirtieran en pensionistas del Estado alemán e incorporarse en la Fundación que Grünenthal tiene para fines sociales. Sería lo justo, pero es difícil que lleguemos a este escenario”.

Según varios expertos consultados por CONFILEGAL, el reconocimiento que se está haciendo en las diferentes CCAA a estas personas afectadas por talidomida está a la vanguardia a nivel mundial. Se han presentado 463 solicitudes para que sean reconocidos como afectados. Este trabajo lo coordina la doctora Encarnación Guillén, presidente del Comité Científico.

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Al ritmo que van los reconocimientos podrían concluirse el próximo mes de octubre. Cada CCAA evalúa y diagnostica al paciente con un si y no y se manda a Madrid. En la capital de España el citado Comité Científico supervisará los resultados. Desde aquí se volverán a enviar a las CCAA las conclusiones definitivas de los estudios. “ Al final se entrega al paciente su informe relacionado con la talidomida y un diagnóstico”, indica Basterrechea.

Con toda esta información se creará un Registro Central de personas afectadas por la talidomida. “La idea es que sea un registro vivo y se conozca el estado de salud de todos los afectados de cara a saber que tratamiento podrían necesitar”. Estos trabajos quedan ahí para que sean examinados por investigadores que se acerquen a temas relacionados con malformaciones en extremidades superiores e inferiores.

Desde AVITE se insiste a CONFILEGAL en que el Gobierno agilice la aprobación de las nuevas ayudas porque hay afectados con verdaderos problemas económicos. “Hay que darse cuenta que muchas víctimas de la talidomida han pasado ya los sesenta años y llevan mucho tiempo luchando por unas compensaciones justas. Creemos que ya es el momento que se solucione esta deuda que los distintos Gobiernos españoles tienen con nosotros”, apunta su vicepresidente.