El desaparecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue muy contundente contra las «investigaciones prospectivas» en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada el 5 de septiembre de 2017, en el acto de apertura de tribunales, a la que asistió el Rey Felipe VI.
Maza ordenó desechar “tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito”, así “como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.
En el texto, dejó muy claro -blanco sobre negro- a los fiscales anticorrupción que dichas prácticas debían acabarse de una vez por todas.
“En consecuencia, ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias (policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones”, añadió el entonces fiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en servicios especiales.
ESCUCHAS A ABOGADOS Y CLIENTES
Aquellas palabras de Maza adquieren hoy, en el marco de lo que se conoce ya como el caso García-Castellón, una renovada actualidad.
Las reglas de juego, que prohíben tanto la grabación como el análisis del contenido de las conversaciones confidenciales entre clientes y abogados, deben ser respetadas, como ayer reivindicaban 4 asociaciones de abogados.
El pasado martes el Colegio de Abogados de Madrid amparó a los abogados del bufete Business and Law, cuyas conversaciones confidenciales con su cliente, el empresario Juan Miguel Villar Mir, fueron intervenidas durante 10 horas y media y estudiadas con el fin de facilitar el trabajo de la Fiscalía y del juez de instrucción.
Una decisión que fue refrendada ayer por el Colegio de Barcelona, hermano del madrileño; entre los dos suman más de la mitad de los colegiados ejercientes en toda España.
«Habrá de procederse al cese de la investigación en curso y a su archivo en el instante en que se aprecie que determinadas conductas que estén siendo investigadas no revisten los caracteres de infracción penal. Tales decisiones del Fiscal habrán de ser siempre suficientemente motivadas”, se añade en la Memoria.
“Las premisas así expuestas son las que han de guiar la actuación preprocesal de la Fiscalía Especial”.
EL FISCAL DEBE DELIMITAR Y ACOTAR LOS HECHOS
En dicha Memoria, Maza quiso dejar claras las reglas de juego: “Ha de ser el Fiscal el que delimite y acote los hechos que han de ser investigados por presentar indicios de delito, y sólo éstos y no las simples especulaciones o conjeturas, más o menos aventuradas, son los que han de generar la incoación de unas Diligencias de Investigación”.
De esa forma, el desaparecido fiscal general del Estado quiso corregir una práctica detectada en los últimos años en la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Alejandro Luzón, y es que las instrucciones de los casos, además de las investigaciones policiales, parecían dirigirlas y llevarlas a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Lo sucedido en el caso García-Castellón indica que esa práctica no ha sido, al parecer, desterrada del todo.
