El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha propuesto que la oficina asuma las funciones de órgano de control de la contratación pública en Cataluña y supervise los conflictos de interés de los cargos públicos y la evolución de sus patrimonios en la etapa pública.
En una entrevista concedida a Europa Press, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha planteado que la OAC puede ser la oficina independiente que se encargue de supervisión de la contratación pública para controlar todo el proceso de licitación, desde que se abre hasta que se concede la adjudicación, y que haga seguimiento de los cargos públicos.
«En el ámbito de la contratación, creo que con la ley, que es trasposición de la directiva europea, se puede hacer un magnífico trabajo coordinados con instituciones como la nuestra, porque aquí esta ley permite que en el ámbito autonómico se creen oficinas de supervisión», ha valorado.
«Supervisar no quiere decir esperar a que se haga mal y denunciar, es estar antes», de manera que la Oac analice el proceso y pueda intervenir en la fase de licitación para evitar irregularidades desde el origen, así como posibles errores.
CONFLICTOS DE INTERÉS
Gimeno ha celebrado que el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, anunciara en el Parlament la voluntad del gobierno autonómico de regular los conflictos de interés y una modificación de la legislación de incompatibilidades de altos cargos porque es «un objetivo compartido».
Sin embargo, el director, que recuerda que hace tiempo que reclaman esta regulación para el conjunto de administraciones catalanas, considera que el árbitro de los conflictos de interés debe ser una «institución independiente» ya que solo así se puede garantizar que se haga de manera correcta.
«No se puede ser árbitro y parte a la vez», ha expresado, además de reclamar que Catalunya no incurra en el mismo error que el Estado, a quien la UE ha reprochado la falta de independencia de la Oficina estatal de conflictos de interés.
Por eso, apuesta por un órgano independiente de control, como la OAC: «Solo con la independencia del órgano de control se hará efectiva la legislación sobre conflictos de interés».
Ha explicado que en un estudio que hizo la Oac, se detectó que en los casos de corrupción, al analizarlos pormenorizadamente, se hallaba «un conflicto no resuelto de ninguna manera» de la persona implicada, vinculada a su actividad profesional previa.
RIESGOS
Para prevenir la corrupción, la receta de Gimeno es tener toda la información de la labor profesional anterior del cargo público, su ámbito de actividad y sus relaciones laborales, para determinar «cuáles son los riesgos» en cuanto gestione patrimonio público.
Ha advertido de que los cargos públicos que tienen más conocimiento en un ámbito suelen proceder de este ámbito de actividad, y existe el riesgo de que, al trabajar en la administración, puede administrar beneficiando a las personas o empresas de ese entorno: «Puede ser que tomen decisiones por un interés particular, y esto sí que es corrupción».
Por eso, Gimeno apuesta por conocer de dónde viene el cargo, su patrimonio inicial, su entorno de relaciones, para poder determinar si hay ámbitos de la contratación en las que es mejor que no participe.
DECLARACIÓN DE BIENES
Asimismo, ha apostado por un seguimiento y control del patrimonio de los cargos públicos, ya que no es suficiente entregar la declaración patrimonial «y dejarlo en un sobre cerrado»: hay que ver si este patrimonio sufre un incremento fuera de lo normal.
También se trataría de controlar qué actividad retoma el cargo una vez fuera de la administración pública, para evitar las denominadas ‘puertas giratorias’, aunque puntualizado que eso no quiere decir «tener una muerte civil, pero sí tener un periodo de enfriamiento».
Para el director de Antifrau, estos controles mejorarían en un porcentaje elevadísimo la prevención de la corrupción y daría «mucha confianza» al ciudadano. EP.
