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Entonces, ¿Lesmes tenía razón?
Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJ de Cataluña, es el nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña. EP.
29/7/2016 07:58
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Actualizado: 13/8/2016 19:49
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De verdad que no me lo acabo de creer. Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es el nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). ¿Quién le ha aconsejado dar ese paso? ¿Alguien me lo puede presentar? Porque tengo mucho, mucho interés.
Según ha reconocido el propio Gimeno, fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en persona el que le ofreció «el caramelo».
Y el parlamento catalán lo aprobó el miércoles.
No fue en un día cualquiera sino el día en el que el bloque separatista -Junts Pel Sí, coalición en el gobierno autonómico, y la Cup, formación que lo apoya-, votaron en bloque impulsar un «proceso constituyente».
O lo que es lo mismo, el proceso de secesión de Cataluña, que se empeñan en definir eufemísticamente «desconexión» y todos los medios de comunicación en repetirlo como papagayos.
El catedrático de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral, calificó la votación de forma rotunda como de «inconstitucional e ilegal».
«Inconstitucional porque va contra el artículo 2 de la Constitución, que dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española» e ilegal, porque supera la competencia del Estatuto de Cataluña.
«El Parlamento catalán no es soberano para votar esa propuesta», explicó.
La votación es muy grave porque supone desobedecer al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, a la ley sobre la que se funda la propia existencia de la Autonomía catalana. ¡Qué paradoja!, ¿verdad?
«TIBIEZA»
Una de las razones que corrieron por los pasillos del edificio de Marqués de la Ensenada, sede del Consejo General del Poder Judicial, para sustituir a Gimeno en su momento al frente del TSJC fue su «tibieza» a la hora de imprimirle velocidad a la instrucción sobre la seudoconsulta popular del 9N, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014.
Los imputados (investigados, en la actualidad) eran nada menos que el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, miembros de la desaparecida coalición Convergencia i Unió, hoy en Junts Pel Sí.
Los tres fueron acusados por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en ese proceso participativo.
La instrucción del caso fue asumida por el magistrado del TSJC, Joan Manel Abril, que llegó a ese destino a propuesta del Gobierno autonómico de Convergencia i Unió y que, recientemente pidió la excelencia. Un buen amigo suyo.
A día de hoy, 29 de julio de 2016, un año y siete meses después, la instrucción todavía no ha sido cerrada, aunque se afirma que está ya en las últimas.
17 meses es demasiado tiempo.
Excesivo.
Precisamente, la lentitud en esa instrucción fue lo que le costó el puesto a Gimeno, y es mi opinión.
Aunque nadie ha escuchado decirlo al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes -y él lo ha negado- circula una versión apócrifa de una conversación que mantuvo con Gimeno en el que le preguntó por las causas de que no se avanzara más rápidamente en esa investigación.
Máxime cuando la carga de trabajo del TSJC estaba a poco más del 50 por ciento, según la propia estadística del órgano de gobierno de los jueces.
Es evidente que, aunque todos los concernidos lo nieguen, eso tuvo mucho que ver en su sustitución por Jesús María Barrientos en la Presidencia del TSJC.
El 26 de febrero pasado Gimeno le entregó el testigo a Barrientos en el Palau de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, en un acto al que no acudió el presidente Puigdemont.
La misma persona que ahora, precisamente, le ha ofrecido el puesto que su compañero, Daniel de Alfonso, dejó vacante después de que el diario Público publicara dos «discretas» conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de las que se podía deducir que pudo seguirle el juego al ministro en su intención de fabricar escándalos contra líderes separatistas catalanes.
Un ofrecimiento que llega cinco meses después de su «descabezamiento» al frente del máximo órgano de justicia en Cataluña.
Cuando Gimeno sucedió a María Eugenia Alegret en ese puesto en 2010, la magistrada pasó a ocupar su discreto cometido en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Dios te lo da, Dios te lo quita, así lo entendió Alegret, a pesar de haber sido la primera mujer en la historia de la justicia española en ocupar un puesto como ese.
Le tocaba hacer lo mismo a Gimeno.
Es muy posible que el expresidente del TSJC se haya sentido maltratado por Lesmes y por este Consejo, que no quiso renovarle.
Por eso, es muy entendible que se sintiera halagado por la propuesta de Puigdemont, que seguro que le pasó la mano cariñosa por su ego maltrecho y le dijo que él sí confiaba en su capacidad profesional.
No podía ser de otra forma.
En esa circunstancia, Gimeno debía haber tenido la frialdad necesaria y haber emulado a Ulises cuando su barco iba a poner proa directa al estrecho de Escila y Caribdis: ordenar a su tripulación que lo atara al palo mayor y que todos se pusieran tapones en las orejas para no escuchar los cantos de sirena que podrían turbar sus mentes, estrellando el navío contra las rocas.
El problema es que Gimeno no tenía tripulación alguna, y los cantos de sirena de Puigdemont y del bloque separatista catalán, que ostenta el gobierno autonómico, resultaron, por lo que hemos podido ver, irresistibles.
El expresidente del TSJC debió columbrar con claridad que su nombramiento, al frente de la Oficina Antifraude de Cataluña, podría verse como algo «sospechoso» y convertirse en una «prueba definitiva» de su supuesto «caldo gordo» a los nacionalistas cuando era máxima autoridad de la Justicia en Cataluña.
Por lo que su sustitución en la Presidencia del TSJC, diseñada desde el CGPJ por el presidente Lesmes, había estado bien fundada.
Su cese, había sido, por lo tanto, lógico y certero.
Justo lo que Gimeno siempre negó. Él hizo su trabajo lo mejor posible, decía.
Por eso, no me extrañó nada que ayer por la mañana un magistrado me preguntara, al final de nuestra conversación: «Entonces, ¿Lesmes tenía razón?».
Me lo quedé mirando fíjamente y no contesté nada.
Que cada uno saque sus propias conclusiones, aunque yo tengo muy claras las mías.
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