El empresario Juan Miguel Villar Mir, a quien le grabaron sus conversaciones telefónicas con su abogado, vulnerando así el privilegio cliente-abogado y el secreto profesional de éste.
Villar Mir denuncia públicamente que sus conversaciones fueron analizadas, desvelando la estrategia de defensa
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23/7/2018 14:30
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Actualizado: 23/7/2018 14:32
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El empresario Juan Miguel Villar Mir denuncia públicamente, en un comunicado, que todas las conversaciones telefónicas mantenidas con sus abogados no sólo fueron grabadas, sino que fueron analizadas policialmente, desvelando su estrategia de defensa.
Dichas conversaciones telefónicas, que tuvieron lugar entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018, fueron «intervenidas, grabadas y analizadas policialmente» quedando su «estrategia de defensa al pleno conocimiento del Juez, de la Fiscalía y de la fuerza investigadora», afirma Villar Mir, de 87 años.
El derecho de defensa, y la confidencialidad de las conversaciones cliente-abogado, son la piedra angular del ejercicio de la abogacía y del propio estado de derecho.
Villar Mir, que califica de «atropello» dichas grabaciones, responde así a una información publicada hoy por la Cadena SER, en la que relata que fue grabado falsificando un certificado médico para no declarar como imputado en el caso Lezo.
Una afirmación contra la que responde el empresario.
«No existe ningún pronunciamiento judicial que reconozca, de modo firme, que he ‘falsificado’ un certificado médico. Antes al contrario, existe un archivo de plano de estos hechos por parte de un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla (Madrid), por inexistencia de indicios de delito», dice el comunicado.
En consecuencia, seguir atribuyendo al Villar Mir la comisión de un delito de esta forma, «no sólo vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino que puede constituir un delito de calumnias que en modo alguno ha de consentirse».
Villar Mir también califica de «rotundamente falso que se tratara de eludir una declaración ante el Instructor, ni ninguna otra diligencia judicial».
El empresario dice que fue citado el 8 de enero de 2018 para «acudir a dependencias de la Guardia Civil para la práctica de una diligencia de toma de huellas decadactilar. A causa de su estado de salud, se solicitó un aplazamiento, siendo la diligencia realizada cuatro días después, es decir, el 12 de enero de 2018, con resultado, por cierto, negativo».
«Presentado el certificado médico el 7 de enero de 2018 (es decir, un día antes del señalado para la práctica de la diligencia), el día 10 siguiente, el Instructor, Sr. García Castellón dictó una Providencia, en la que, teniendo a su presencia los oficios policiales que hoy han sido difundidos, accedió a lo interesado, esto es, sin considerar precisa la realización de comprobación alguna (en particular, la intervención del Médico Forense), acepta el certificado médico presentado, suspende la práctica de la diligencia señalada para el día 8 de enero y la vuelve a fijar para el día 12, fecha en la que se llevó a efecto sin ninguna incidencia», añade.
¿DÓNDE ESTAN LAS GRABACIONES?
El empresario revela que el juez García Castellón «lleva cuatro meses sin entregar» a sus abogados defensores «la copia de las conversaciones intervenidas» con sus letrados y terceras personas.
«Causa sorpresa que se difundan públicamente algunas de ellas –y que, incluso, se remita un testimonio a los Juzgados de Plaza de Castilla sobre su base- sin que se haya dado acceso a la parte a su contenido, algo expresamente apoyado por el Ministerio Fiscal y para lo que fueron aportados dos discos duros al Juzgado el 21 de marzo de 2018».
De acuerdo con Villar Mir, García Castellón «tiene encima de su mesa, sin resolver, una petición de nulidad de las escuchas realizadas» (…), escuchas que, «sin ningún tipo de control judicial, fueron directamente incorporadas a la causa y analizadas policialmente. Y ello, a pesar de que se trata de conversaciones afectantes al derecho a la intimidad, que, de acuerdo con los autos que acordaron las intervenciones, debieron ser incorporadas a una pieza reservada para su tratamiento separado, de acuerdo con los derechos fundamentales en liza».
En ese sentido, el empresario señala que ni él ni su médico han autorizado la reproducción o difusión de sus conversaciones. Y recuerda los efectos del artículo 197 del Código Penal.
FUENTES DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Al empresario le llama también la atención «que se incluya en la información la crítica que ‘fuentes de la Audiencia Nacional’ realizan de la reciente decisión de archivo acordada por un Juzgado de Plaza de Castilla en relación con los hechos narrados en la información. El Poder Judicial siempre ha reclamado, con razón, respeto a las decisiones judiciales. Choca, entonces, que unos jueces critiquen abiertamente las decisiones de otros, simplemente porque no compartan sus criterios o porque éstos no se acomoden ahora a sus particulares intereses».
Los abogados de Villar Mir han recibido el amparo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, al que han mostrado su apoyo el Colegio de Abogados de Barcelona y hoy la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a los 83 Colegidos de Abogados existentes en España.
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