Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel y a 6 sin sus hijos
En julio de 2017, instada por una juez a entregar a sus dos hijos al padre para que volviera con ellos a Italia, Rivas desapareció un mes con ellos y no volvió hasta casi un mes después. (EP)

Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel y a 6 sin sus hijos

Por dos delitos de sustracción de menores
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27/7/2018 11:12
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Actualizado: 09/5/2019 15:18
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El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana Rivas a cinco años de prisión como autora de dos delitos de sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Confilegal, está fechada el 18 de julio, día en el que se celebró el juicio. No es firme, puede presentar un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada. El abogado de Juana Rivas, José Estanislao López, ha anunciado que la recurrirán.

Ha sido dictada por el juez Manuel Piñar, titular del Juzgado Penal 1 de Granada. Se adhiere en su totalidad a la petición de la Fiscalía.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, pedía que fuera inhabilitada para ejercer la patria potestad de los niños -de 12 y cuatro años- a 8 años, en vez de a 6.

El magistrado también ha condenado a Rivas a indemnizar a Francesco Arcuri con 30.000 euros, así como al pago de las costas.

‘LO APORTADO NO ACREDITA EL MALTRATO NI HACIA ELLA NI HACIA LOS MENORES’

Rivas alegó que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque «no quería vivir más» bajo «las torturas» de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban «escapando del maltrato» y quería protegerlos.

Juana Rivas durante el juicio, celebrado el pasado 18 de julio, después de anularse el día 16 por la marcha de uno de sus abogados dejándola sin defensa, ya que el otro letrado estaba de baja laboral.

El magistrado advirtió durante la vista oral que ésta no era una causa de malos tratos, pero sí ha hecho referencia a este asunto en la sentencia.

El juez Piñar sostiene que a lo largo del procedimiento Rivas ha aportado comunicaciones e informes periciales que no acreditan el maltrato ni hacia ella ni hacia los menores, mientras que los peritos que han actuado en la causa sí lo han descartado. También concluyeron que la restitución de los niños al contexto paterno no suponía «un grave peligro para su integridad física o psíquica».

Tampoco da credibilidad a la denuncia que Rivas presentó por malos tratos en julio de 2016 en Granada, que ha sido remitida a Italia, «porque ningún jurado ha declarado la veracidad de los mismos». En el juicio se expuso que no hay ningún procedimiento de malos tratos abierto contra Arcuri en estos momentos en ninguno de los dos países.

El juez considera probado que la pareja estuvo temporalmente separada en 2009, cuando Francesco resultó condenado por un delito de malos tratos, que decidieron reconciliarse, y que en 2012 se marcharon a Italia donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar en Carloforte, y en esta localidad los menores fueron escolarizados y registrados.

Salvo este episodio de malos tratos ocurrido en 2009, el juez subraya que no se ha acreditado ningún otro posterior, ni tampoco en el mayor de los dos hijos se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia su madre, «ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno, suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica».

El 18 de mayo de 2016 Juana Rivas se trasladó a Granada con los dos menores manifestó que iba a visitar a la familia y mostró intención de volver en un mes a la residencia familiar.

Llegada la fecha de la regreso, no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra Francesco Arcuri en el Juzgado de Violencia 2 de Granada. Antes manifestó a éste que estaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada.

El el 2 de agosto le comunicó que no volvía a Italia con los niños, a los que escolarizó en Maracena.

Por esas fechas, la condenada envió dos correos electrónicos al padre de los niños en los que le decía que los llamara cuando quisiera y que los podía ver en Granada.

Arcuri obtuvo la guarda y custodia provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017. 

Además, impulsó un procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de La Haya.

El Estado italiano lo remitió al Ministerio de Justicia de España, y éste, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada.

El juzgado dictó el 14 de diciembre de 2016 una sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos. Entonces se se sucedieron varios recursos y resoluciones judiciales en la misma línea.

CAMPAÑA MEDIÁTICA

Por otra parte, el magistrado Manuel Piñar acusa a Juana Rivas de tomar parte en una «campaña mediática con rueda de prensa incluida» al frente de la cual aparece la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados.

Francisca Granados, la asesora de Juana Rivas, la condenada, y el abogado Juan de Dios Ramírez. EP.

El juez sostiene que esta última «adoptó la función de portavoz y asesora legal de Juana, llegando a manifestar el 25 de julio que los menores no habían sido entregados, al mismo tiempo que ese día Juana también concede una entrevista donde expone su oposición a la entrega.

En estas circunstancias, al día siguiente Juana Rivas decidió ocultarse con los menores en un lugar desconocido. Las autoridades y cuerpos policiales trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados sin éxito, lo que motivó que el padre de los niños interpusiera una denuncia por la desaparición de sus hijos.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos niños.

La entrega de los pequeños al padre tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

‘SE HA ATACADO LA DIGNIDAD Y HONOR DE LA PERSONA Y SU IMAGEN’

El juez advierte que «predicar a los cuatro vientos que una persona maltrata, tortura y aterra a su familia, e incluso, que ha golpeado al hijo mayor, cuando no hay una condena firme, ni siquiera una investigación en trámite, y arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio» es «una afrenta que muestra una voluntad dañina y lesiva de elementales derechos como el honor o el de presunción de inocencia».

Argumenta que esto conlleva daños, «no solo de tipo de moral, en cuanto que se ha atacado la dignidad y honor de la persona y su imagen, sino también de naturaleza económica incuantificable, pues la sensibilidad social que hay sobre la lacra del maltrato, ha llevado a muchas personas a aislar al maltratador convicto; a señalarlo y rehuirlo a la hora de una oferta de trabajo, de un negocio y de muchos otros aspectos de la vida social».

El juez hace hincapié en que «ni siquiera el derecho a la defensa justifica esa desmesurada campaña, pues cuando empieza a difundir tan graves acusaciones, aún no había sido acusada ni se había abierto contra ella el proceso penal, y por tanto de nada tenía que defenderse».

UNO DE SUS ABOGADOS RENUNCIÓ A SU DEFENSA

El juicio debía haberse celebrado el pasado 14 de julio, pero Juan de Dios Ramírez, el abogado de Juana Rivas, se fue de la sesión “a la francesa”, pese a las serias advertencias del magistrado, lo que provocó la suspensión de la vista.

Renunció a su defensa después de que el juez no aceptara su petición de que se suspendiera la vista.

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha incoado diligencias para investigar si esta actuación es constitutiva de delito o infracción.

La condenada designó entonces a José Estanislao López, el otro abogado que la ha asistido en el proceso.

Rivas llegó al juicio acompañada por su letrado, una hermana y sus padres. A las puertas del juzgado la esperaba medio centenar de personas pertenecientes a la plataforma cívica creada en su apoyo. Señaló a los periodistas congregados que afrontaba el proceso «tranquila».

‘SE HA VULNERADO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, SERÍA DE AGRADECER QUE RECTIFICARAN’

Por su parte, el letrado de su expareja y padre de sus hijos, el italiano Francesco Arcuri -que declaró por videoconferencia-, dijo que confiaba en que se hiciera justicia. Hoy el abogado de Arcuri se ha mostrado «satisfecho» con la condena, por entender que cumple las «expectativas» que se habían marcado tanto la Fiscalía como la acusación particular.

Tras la sentencia condenatoria y ante las manifestaciones que a lo largo de estos meses se han producido contra su cliente, el abogado de Arcuri ha pedido a los políticos «que se dediquen a la política, y que si entienden que las normas no son adecuadas que las modifiquen por los trámites que recoge la ley», y «dejen a los profesionales del derecho, a los jueces, resolver estas situaciones» atendiendo a lo que dice la normativa vigente.

Ha incidido, de hecho, en que durante todo este tiempo «se ha vulnerado la presunción de inocencia» de su cliente y «sería de agradecer» que ahora «rectificaran».

Al margen de esta causa, el Tribunal de Cagliari, en Italia, mantiene abierto otro procedimiento para decidir sobre la custodia de los menores y hace unos días, antes de conocerse esta condena a Juana Rivas, los peritos que han evaluado a los niños y a los progenitores han propuesto que se dé la custodia definitiva al padre, que actualmente convive con ellos en ese país.

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