La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas (PP), a los empresarios Juan Ferri, José Baldó, Juan Poch y a otras 44 personas por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco» de Bancaja y Banco de Valencia.
En un auto, con fecha del pasado 31 de julio, la magistrada ha concluido la instrucción que comenzó en junio de 2015 al considerar que los hechos son constitutivos de un presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de supuesta apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Entre las 48 personas que la juez Lamela ha propuesto juzgar se encuentran el exdirector financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo y el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra.
Otros son Antonio Tirado y Remigio Pellicer, que también están procesados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, que arranca el 26 de noviembre, y que también juzgará a Olivas, de la que fue vicepresidente. En noviembre comenzarán a desfilar los abogados de los 35 acusados, para dirimir cuestiones previas, aunque no será hasta enero de 2019 cuando comience efectivamente el juicio oral.
El expresidente valenciano José Luis Olivas fue condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia y a una multa de 151.800 euros por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar.
A petición de la Fiscalía, la magistrada ha acordado el sobreseimiento respecto de otras nueve personas investigadas.
Lamela ha emplazado a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.
BENEFICIOS DE ALREDEDOR DE 170 MILLONES DE EUROS
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional relata que entre 2005 y 2009, Bancaja -una de las siete cajas que actualmente integra Bankia- y Banco de Valencia -absorbida por Caixabank- participaron en inversiones inmobiliarias «diversas y de una enorme magnitud económica» en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.
En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa, y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.
Según señala el auto, «los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», unos beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
Entre las operaciones sospechosas, Lamela cita ‘Zacatón’ y ‘Piedras Bolas’ en el que Ferri, Baldó y Poch habrían obtenido una plusvalía injustificada de unos 119,5 millones de euros, que sufragaron Bancaja y Banco de Valencia y que fueron transferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo.
Lamela destaca que la operativa estaba «realmente» dirigida «desde dentro» de las entidades porque a Izquierdo y Parra «les guiaban espurios intereses económicos» conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la «postura consentidora» de Olivas y de García de la Checa, entre otros.
LOS HOTELEROS HABRÍAN PAGADO A OLIVAS HASTA 14 VIAJES A CUBA
Sobre el expresidente valenciano, la magistrada indica que «conoció y alentó las inversiones millonarias» que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un «continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó», de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
La magistrada también señala que a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones «en claro menoscabo de la entidad».
