La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que el expresidente de Bancaja José Luis Olivas era un «perfecto conocedor» de que el incorrecto cómputo de capital en la entidad que dirigía como resultado del ‘dividendo-swap’ de Picton y Deustche Bank se trasladaría posteriormente a BFA.
Todo, tras la integración de las siete cajas en el Sistema Institucional de Protección (SIP).
La fiscal Carmen Launa ha continuado este martes argumentado la ampliación de su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, tras los testimonios de acusados, testigos y peritos a lo largo del procedimiento.
Estos habrían probado que los contratos mantenidos por Bancaja con dos entidades internacionales afectaban a la solvencia de BFA.
El pasado mes de julio, la Fiscalía elevó las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011.
Apariencia ficticia de solvencia
Anticorrupción ha explicado ante la sección cuarta de la Sala de la Penal que los contratos suscritos por Bancaja con Picton y Deutsche Bank en agosto de 2007 y posteriormente renegociados de forma subyacente como ‘swaps‘ espejos en 2010 tenían el objetivo de «dar una apariencia ficticia de solvencia a la entidad valenciana, que después sería transmitida a BFA incrementando la realidad de los recursos propios que mantenía en una cantidad de unos 1.300 millones de euros».
En la recta final de este procedimiento, Launa ha reprochado que estas entidades internacionales no eran accionistas de capital, como se pretendía hacer ver, sino acreedores, es decir, pasivos financieros.
No obstante, se anotaron como recursos propios «ficticios» planteando problemas en la cuentas de resultados.
«Era evidente que Olivas tenía que ser perfectamente consciente de una operación de semejante envergadura para incrementar capital, ya que sus características tenían que ser conocidas por el más alto nivel de dirección«, ha indicado el Ministerio Público.
Añaden que también tuvo que ser consciente de que su indebido cómputo sería trasladado a BFA.
En este sentido, ha indicado que no está acreditado que las cajas conocieran este incremento irregular de capital en el momento de la constitución del SIP.
Si bien ha subrayado que la propia inspección del Banco de España mostró sus reticencias a estos contratos en 2011, por lo que directivos como Rodrigo Rato o la dirección financiera del grupo seguramente «indagaron ante estas advertencias». EP.
