El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dejó ayer en libertad al empresario Juan Muñoz, sin la imposición de medida cautelar alguna, tras interrogarle por un supuesto encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Su hermano Fernando y dos abogados de la familia que también han declarado deberán comparecer mensualmente ante el Juzgado y comunicar si tienen intención de abandonar el país, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La detención el pasado martes del empresario Juan Muñoz, su hermano y los dos abogados de ambos estaría relacionada con una reunión que los cuatro mantuvieron con José Manuel Villarejo, investigado por supuesta revelación de secretos y extorsión en la Audiencia Nacional.
En la conversación, que fue grabada, se habría hablado de un vídeo destinado a desprestigiar al exjuez Francisco Javier de Urquía -que fue expulsado de la Carrera en 2007 por aceptar dinero de uno de los investigados de la ‘Operación Malaya’-, aprovechando que ahora ejerce como abogado de otro empresario, que debía un dinero a Muñoz.
Así lo han señalado fuentes presentes en el interrogatorio que llevó a cabo ayer el instructor del caso, Diego de Egea de los cuatro detenidos y del propio Villarejo.
El comisario ha sido trasladado a tal efecto hasta la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera (Madrid), donde cumple prisión preventiva nueve meses por el ‘Caso Tándem‘, que estalló a principios del pasado noviembre al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el comisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.
Según las mismas fuentes, Villarejo se habría negado a responder a las preguntas de De Egea y de los fiscales Anticorrupción sobre este asunto, que se suma a las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional realiza a Villarejo en diferentes piezas del sumario del ‘Caso Tándem’ sobre actividades presuntamente irregulares realizadas por el comisario jubilado a petición de varios clientes. Uno de ellos sería Muñoz.
El juez Urquía fue expulsado por el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2007, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por su relación con la trama corrupta desarticulada en la ‘Operación Malaya’.
La citada cantidad le habría sido entregada por uno de sus investigados, el ‘cerebro’ de la trama y exedil de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, y fue utilizada en la compra de una vivienda por el exmagistrado.
Según las fuentes consultadas, durante la reunión de Muñoz, su hermano y los abogados de ambos -uno de ellos es Ricardo Álvarez Ossorio- con Villarejo se habló de la existencia de un vídeo en el que presuntamente Urquía aparece reunido con prostitutas y consumiendo droga.
Añaden que dicha información presuntamente confidencial no sería tal, pues este extremo fue revelado por algunos abogados durante el juicio que se celebró en su día por el ‘Caso Ballena Blanca’, relacionado también con la corrupción en Marbella.
Además de los arrestos, en el curso de la operación, acometida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la apertura de la pieza, se produjeron un total de siete registros en las localidades andaluzas de Marbella y Sotogrande, además de en Madrid.
