La Sala del 61 del Supremo está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del Supremo y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas; en este caso, Marchena y Andrés Martínez, el más antiguo de la Sala II, han quedado excluidos por afectarles el procedimiento. Confilegal.
La Sala del 61 decidirá en septiembre sobre las recusaciones contra el tribunal del ‘procés’
Las seis recusaciones se han acumulado en un único expediente
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07/8/2018 06:45
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo se reunirá previsiblemente la primera semana de septiembre para resolver sobre los seis incidentes de recusación presentados por varios implicados en el ‘Caso procés’ contra los magistrados que juzgarán este asunto en el Alto Tribunal en los próximos meses, según han informado fuentes del Supremo.
Es llamada así por el número del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que la regula. En su punto 2 dice que es competente sobre «Los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda».
Fuentes jurídicas consultadas consideran que los incidentes de recusación presentados responden a tratar de dilatar en el tiempo el procedimiento y la fecha del juicio.
Dicha Sala está formada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y por cada uno de los presidentes de las cinco Salas del Supemo (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
Se da la circunstancia de que uno de los presidentes -el de la Sala Segunda- Manuel Marchena, es uno de los recusados, por lo que no podrá integrar dicho tribunal.
Será sustituido por otro magistrado.
LAS SEIS RECUSACIONES EN UN ÚNICO EXPEDIENTE
El instructor de las recusaciones, el magistrado Vicente Magro, ha acumulado en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala de lo Penal.
Se trata de las presentadas por el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluis Puig, y Clara Ponsatí; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los que fueran líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
A dicha documentación, el instructor añadirá la respuesta de los magistrados recusados -que previsiblemente será contraria a apartarse del caso- y los informes de Fiscalía.
Según las mismas fuentes, por el momento, el Ministerio Público únicamente se ha presentado uno contrario igualmente a las recusaciones planteadas.
Los incidentes se dirigen contra el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo Luciano Varela y Antonio del Moral.
Todas las recusaciones se dirigen contra los cinco miembros del tribunal, algunos procesados quieren expulsar a la totalidad.
Otros, como Rull y Turull, únicamente se dirigen contra los cuatro primeros, al no considerarlos neutrales por ser éstos jueces los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados.
Por su parte, Junqueras y Romeva también dirigen su recusación contra Del Moral al considerarle igualmente parcial para juzgarles junto con el resto de la Sala, por lo que finalmente el tribunal al completo se ve afectado por el incidente de recusación.
DENUNCIA COLECTIVA
Además de estas recusaciones, un colectivo autodenominado QuerellatsXRepública ha presentado recientemente una denuncia colectiva por presunta prevaricación contra Llarena y los tres magistrados de la Sala de Apelación del Alto Tribunal, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el “procés”.
Este grupo separatista acusa a los cuatro magistrados por dictar resoluciones injustas sabiendo que no lo son.
Sin embargo, esta iniciativa está condenada al fracaso pues la norma que tiene el Alto Tribunal para dar entrada a una acción de ese tipo es que viniera en la forma de querella, con abogado y procurador, por ser los afectados aforados.
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