Ningún gobierno, en un sistema democrático, tiene la potestad para ilegalizar a un partido político. Sólo la Justicia puede tomar esa decisión. En nuestro sistema dicha capacidad le corresponde a la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es una Sala especial del Tribunal Supremo, cúspide de la Justicia, que está compuesta por 16 magistrados.
Dos por cada una de las cinco salas principales existentes.
Concretamente, el magistrado más antiguo y el más magistrado más moderno de cada una de ellas.
La Sala del 61, que es como se la conoce en los medios de comunicación, está presidida por la máxima autoridad de la Justicia: el presidente del Tribunal Supremo.
Historia reciente
Desde 2003, esta Sala ha tenido un gran relieve por las decisiones que en su seno se han tomado, instadas por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, relativas a la ilegalización de partidos políticos.
En marzo de aquel año, de 2003, esta Sala emitió –por unanimidad- una histórica sentencia ilegalizando a Herri Batasuna por su vinculación con la banda terrorista ETA.
Dos meses más tarde, en mayo de 2003, la Sala Especial del artículo 61 anuló por unanimidad 241 candidaturas electorales presentadas en el País Vasco y Navarra para los comicios locales del 25 de mayo por considerar que formaban parte de la «estrategia de sucesión» de Batasuna.
En ese mismo mes de mayo, el Tribunal Supremo comunicó la orden de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak en el Parlamento Vasco al estimar que «no es sino un artificio más encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización de Batasuna».
En octubre, la Sala del 61 decidió extender, en ejecución de sentencia, el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna a las otras dos formaciones también ilegalizadas, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.
En mayo de 2004, la misma Sala del 61 acordó por unanimidad anular la candidatura al Parlamento Europeo de Herritarren Zerrenda al apreciar «la continuidad y sucesión» de esta agrupación respecto de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, que este mismo Tribunal ilegalizó al estimar que ejecutaban una estrategia diseñada desde la banda terrorista ETA.
En marzo de 2005, la Sala del 61 acordó por unanimidad anular la candidatura electoral de Aukera Guztiak para las elecciones vascas del 17 de abril, al apreciar su «continuidad y sucesión» con la «actividad y objetivos» de las formaciones políticas ilegalizadas por su relación con ETA.
En mayo de 2007, la Sala del 61 anuló las 133 candidaturas de ANV al Parlamento Vasco impugnadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.
Y el 22 de septiembre de 2008, la misma Sala declaró la ilegalidad del Partido Comunista de las Tierras Vascas, por las mismas razones, ordenando toda su liquidación patrimonial. .
Todas y cada una de las decisiones tomadas, en este sentido por la Sala del 61, fueron por unanimidad.
Sus 16 miembros votaron inequívocamente a favor del sistema democrático y en contra de que sea utilizado para su propia destrucción.
Aquella decisión posibilitó que, por primera vez en la historia de la democracia, un lehendakari no nacionalista –Patxi López, secretario general del PSE-PSOE- asumiera la Lehendakaritza, la Presidencia del gobierno autónomo vasco, con el apoyo de los votos del PP, tras las elecciones del 1 de marzo de 2009.
El 23 de marzo de 2011, nuevamente la Sala del 61 denegó la inscripción de Sortu como partido político al considerar que sólo perseguía fraudulentamente la continuación de las actividades de la ilegalidad Batasuna. En consecuencias dejó fuera de las elecciones a la totalidad de las 254 listas de la coalición electoral Bildu, y a 11 agrupaciones electorales.
