El exmagistrado Fernando Presencia está en prisión desde el 30 de mayo pasado. Foto: Confilegal.
Otro revés para Presencia: La Sala del 61 del Supremo inadmite su querella contra 26 magistrados, fiscales y LAJ
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02/8/2023 15:14
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Actualizado: 08/8/2023 13:47
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El exmagistrado Fernando Presencia, que se encuentra en la actualidad cumpliendo condena de 2 años y 10 meses en la prisión de Estremera, Madrid, ha recibido un nuevo revés.
Otro más.
Este ha venido por parte de la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Tribunal Supremo, competente para dar respuesta a las causas interpuestas por terceras personas contra los presidentes de Sala o contra los magistrados del Alto Tribunal, entre otras capacidades.
La Sala del 61, como se la conoce popularmente, ha inadmitido la querella que interpuso Presencia el 28 de febrero pasado y que después amplió varias veces.
No le encuentra base alguna, según su auto número 16/2023, de 7 de julio pasado.
En este caso Presencia, expulsado dos veces de la carrera judicial por prevaricación –dictar un auto o sentencia sabiendo que es injusto; una de los delitos más graves de corrupción cometidos por juez o magistrados–, había presentado dicha querella contra 16 magistrados del Tribunal Supremo –15 de la Sala de lo Penal y 1 de la Sala de lo Social–, el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional y 2 magistrados de Talavera de la Reina, Toledo.
También, contra la teniente fiscal del Tribunal Supremo (número 2 de la Fiscalía General del Estado), dos fiscales del Alto Tribunal, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Asimismo, contra el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y dos letrados de la Administración de Justicia de Talavera de la Reina.
Total: 26 personas.
A todos ellos, por unas cosas o por otras, Presencia los acusaba de calumnias, blanqueo de capitales y prevaricación judicial.
Entre los querellados se encuentran todos los magistrados que formaron parte de los tribunales que decretaron su doble expulsión de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado en 2016 y 2017.
TRIBUNAL DE LA SALA DEL 61: NO HAY CASO
La Sala del 61, como se la conoce comúnmente, ha estado formada en esta ocasión, por 10 magistrados, Jacobo Barja de Quiroga López, Rosa María Virolés Piñol, Eduardo Espín Templado, Fernando Pignatelli Meca, Ignacio Sancho Gargallo, Ignacio Garcia-Perrote Escartín, Esperanza Córdoba Castroverde, Ricardo Cuesta Del Castillo y Antonio García Martínez. Y presidida por Francisco Marín Castán, presidente en funciones del Tribunal Supremo.
No han tomado parte, en esta ocasión, los dos miembros que le correspondería a la Sala de lo Penal.
Los diez magistrados no encuentran base ni a la imputaciones por calumnias e injurias y calumnias, blanqueo de capitales y fraude fiscal –»hechos que aparecen huérfanos de todo apunte probatorio o principio de prueba que los justifiquen, lo que exige su rechazo sin necesidad de ulteriores indagaciones»–, y prevaricación judicial.
Presencia acusaba en su querella de prevaricación, de forma específica, a los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo –Manuel Marchena, Ana Ferrer y Leopoldo Puente– por inadmitir su recurso de casación contra la sentencia que ahora lo mantiene como penado en la cárcel, cumpliendo condena de dos años y diez meses de prisión por los delitos de calumnias con publicidad y denuncia falsa contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
La Sala del 61 no ve nada delictivo.
Los magistrados hicieron su trabajo como se espera de ellos.
ACODAP, DENUNCIAS FALSAS
El 30 de junio pasado el exjuez ingresó como preso preventivo por orden del magistrado instructor Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Gadea le imputa en esta causa, ahora en instrucción, siete supuestos delitos: estafa, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
De acuerdo con uno de los autos dictados por este magistrado, Presencia creó un «grupo criminal integrado por los investigados», en el que cada uno tenía roles definidos, posiciones determinadas «y vocación de permanencia», todo bajo la cobertura de la llamada Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (Acodap), que preside.
Los investigados son los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, en prisión preventiva, Santiago Royuela, Alejandro Diges Benito, Álvaro Arteaga García, Lidia Reina Calvo y Alberto Portabella Fernández.
Se les acusa de 5 supuestos delitos -dos menos que a Presencia–: blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal, calumnias y contra las altas instituciones del Estado.
Presencia se habría servido de la Acodap, que creó después de su expulsión de la judicatura, para operar sobre una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas», escribió el magistrado instructor el pasado viernes en su auto de citación.
La Asociación Acodap se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción», añadió.
Bajo esta estructura, Fernando Presencia y Alberto y Santiago Royuela jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».
Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras». La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.
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