Lidia Reina era la persona de máxima confianza de Fernando Presencia. Se siente engañada por el exjuez, reconoció en su comparecencia, y prometió colaborar al ciento por ciento por ciento con la investigación, lo que le valió que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares no solicitaran su ingreso en prisión.

Lidia Reina: Todo el dinero de Acodap lo controlaba «don Fernando» [Presencia]

Carlos Berbell

08/7/2023 06:35

Actualizado: 08/7/2023 10:04

El exmagistrado Fernando Presencia, era el presidente, el organizador, quien hacía de tesorero y único controlador de todo el dinero de las donaciones que llegaban a Acodap, Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, según reconoció Lidia Reina, su persona de máxima confianza. Fue durante el interrogatorio a que fue sometida el pasado 3 de julio por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Reina, que padece una minusvalía del 41 %, es madre de dos hijos menores, y responsable del cuidado de una anciana de 85 años, tras pasarse 48 horas en los calabozos de la Audiencia Nacional, fue detenida en Ronda, Málaga, donde vive, y trasladada en un furgón policial a Madrid. Su conducción se produjo porque eludió comparecer como se le había ordenado.

Llegó en una silla de ruedas debido a una dolencia lumbar. Durante el interrogatorio lloró repetidas veces, reconoció abiertamente haberse sentido engañada por «don Fernando», en quien confesó haber tenido» «una fe ciega», y pidió perdón por todo. Se mostró ciento por ciento colaboradora con el magistrado de la causa, Joaquín Gadea.

Lo que le granjeó que ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones particulares solicitaran prisión preventiva para ella, como habían hecho para Fernando Presencia y sus asociados, los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa y Santiago Royuela, hijo del anterior.

CASI 200.000 EUROS RECAUDADOS EN DONACIONES SOLO EN ESPAÑA

Entre 2021 y 2022 Acodap recaudó en donaciones un total de 188.722 euros a través de la cuenta que tenía en Liberbank-Unicaja. Falta por conocerse la cantidad que contiene la cuenta que abrieron, por orden del exjuez, en Lituania para evadir la orden de bloqueo judicial dictada por el magistrado. Se presume cuantiosa.

Uno de los colaboradores de Presencia, Alberto Portabella Fernández, «Community Manager» de Acodap en Internet, responsable de sus redes –Twitter y Telegram, entre otras– abrió, por orden del exjuez dicha cuenta en Lituania, explicó Lidia Reina.

Portabella, que reside en Cataluña, ha sido citado a declarar por el magistrado Gadea el 18 de julio próximo a fin de que aclare su papel. en esta supuesta trama criminal en la que parece aparecer Presencia como la mente rectora.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, Presencia habría realizado retiradas de fondos para cuestiones aparentemente privadas por importe de 22.500,92 euros, en pagos con tarjeta, o 11.730 euros en concepto de «disposición cajero».

Lidia Reina recibió 15.174 euros, según reconoció la misma en dicho interrogatorio.

La imputación por estafa planea sobre toda esta instrucción.

«Él [Presencia] nos decía que, basándonos en los estatutos, las personas que estábamos ayudando con esto…, pues yo te ayudo, tú me ayudas. Ya me entiende», explicó al magistrado para contar la razón de la percepción de esa cantidad.

«Entiéndame usted, era una persona que lideraba la lucha contra la corrupción, que perseguía a los corruptos. Jamás sospeché que todo era una falsedad. Yo solo soy una enfermera sin ningún conocimiento jurídico», relató.

LE CONTÓ QUE ERA JUEZ TODAVÍA Y LE CREYÓ

Según explicó, se creyó lo que le contó Presencia de que era todavía juez, a pesar de haber sido expulsado dos veces por delitos de prevaricación –dictar decisiones a sabiendas de que son injustas; el peor acto de corrupción que puede cometer un magistrado–, porque, decía, «no había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado».

Una explicación sin base alguna.

Jamás se publican este tipo de decisiones de la forma que Presencia dice. No se ha hecho ni con Baltasar Garzón, ni con Javier Gómez de Liaño, ni con Javier Urquía ni con cualquier otro juez inhabilitado. Simplemente no es necesario.

Reina tomó el relevo en la función de secretaria general de Acodap, relevando a María del Prado Salmerón Muñoz, a quien Presencia expulsó de una forma totalmente arbitraria por no estar de acuerdo con sus decisiones sobre el dinero de la asociación. Pero el nombramiento de Reina no quedó reflejado en acta alguna de Acodap.

También se creyó el «mantra» que Presencia repetía de que la Directiva Europea de protección a los «Whistleblowers», aprobada en diciembre de 2019 y transpuesta esta año mediante la ley 2/2023, protegía a todos los denunciantes de protección.

En uno de las notas de prensa que envió Reina el 9 de noviembre de 2022 Presencia tituló: «¡El delito de calumnias ya no existe! La Directiva Europea de denunciantes de corrupción hizo desparecer esa reminiscencia medieval que ha quedado derogada a perpetuidad«.

De acuerdo con el exjuez, «denunciar corrupción no puede ser delito, porque a partir de ahora es un derecho fundamental».

Su función, dijo, era la de atender telefónicamente a la gente y enviar al responsable de redes las notas de prensa al de redes.

TODAS LAS DENUNCIAS IGUALES

La secretaria general «in pectore» de Acodap reconoció abiertamente que le parecía extraño que todas las denuncias contra altas autoridades del Estado, acusándolas de poseer fuertes cantidades ocultas en bancos del extranjero, fueran iguales en su formato.

«Se lo pregunté a don Fernando. Me dijo que como les llegaba del extranjero, en diferentes idiomas, pues ellos le daban el mismo formato para que se entendieran mejor. ¿Qué quien hacía ese mismo formato? Supongo que Alberto Royuela, que era de donde procedían las denuncias», reveló.

Pero ella, confesó, jamás vio ningún certificado original de los bancos que supuestamente habían emitido esas informaciones.

El anciano Alberto Royuela está en prisión preventiva, acusado de estafa agravada o apropiación indebida agravada, asociación ilícita, calumnias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal o grupo criminal. Al igual que Fernando Presencia, al que el magistrado instructor ha sumado los supuestos delitos de blanqueo de capitales y apropiación indebida.

LAS INFORMACIONES «LAS FACILITABAN LOS TOPOS»

Lidia Reina también reveló al magistrado que Presencia le había contado que quienes le pasaban la información «eran unos topos», así, en genérico, pero que «a quien había que pagar no era a ellos sino a una persona . –sin especificar quién– que hacía de intermediaria». «En el 95 % de las veces, la cosa se hacía entre Alberto Royuela y don Fernando«.

Y Presencia pagaba a Royuela por sus «aportaciones».

BIZUM

La mujer también explicó cómo Presencia, vio la potencialidad de los «bizum» –un sistema de pagos instantáneos entre particulares y de compras en comercios a través de una aplicación del teléfono móvil–.

«Don Fernando quería que tuviéramos ‘bizum’ porque la gente le decía que era más cómodo. Pero en Unicaja le dijeron que no se podía. Así que me pidió que utilizara mi móvil. Lo hice durante cuatro o cinco meses, pero al final lo quité porque no me parecía bien. Yo, cada vez que me llegaba el dinero, lo enviaba a la cuenta de Acodap. Lo pueden ver en las transferencias», afirmó.

20.000 O 22.000 EUROS PARA COMPRAR LA VOZ DE TALAVERA

Lidia Reina relató que Presencia le contó que iba a comprar «La Voz de Talavera», un periódico local en formato digital. «Don Fernando me dijo que iba a ser de Acodap. Que lo iba a hacer con un dinero que había en la cuenta. No sé si fueron 20.000 o 22.000 euros. Una cosa así. Se lo dio al director del periódico. Pero después no ha sido él quien lo ha comprado. Ha sido otra persona. Pero a él lo han puesto de director».

Un nombramiento por completo irregular ya que la Ley de Prensa de 1964 prohíbe que ninguna persona con los antecedentes de Presencia pueda ser director de un periódico. Un nombramiento sobre el que la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) jamás se ha pronunciado, lo que sorprende mucho por la ausencia de defensa de la profesión.

ACODAP, EL INSTRUMENTO PARA EL LUCRO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Un año atrás el magistrado ordenó la suspensión cautelar de Acodap, por apreciar «indicios suficientes y racionales de estar en presencia de una asociación ilícita, constituida con la sola finalidad de delinquir y utilizada como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal dirigida por el señor Presencia”.

Una suspensión que Presencia ha eludido con todo tipo de triquiñuelas. Hasta ahora.

Según se ha podido constatar en este procedimiento, Presencia “ha hecho de la maquinaria delictiva de Acodap su único ‘modus vivendi’”. Porque desde que fue expulsado de la carrera judicial -dos veces- ha carecido de ingreso alguno.

“La pretendida intención de luchar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”, escribió el magistrado.

Además, cuenta que las múltiples denuncias presentadas por el imputado contra personas e instituciones del Estado serían “la pantalla y el componente necesario” para desarrollar su actividad ilícita.

Durante los registros, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró una «plantilla o modelo en formato ‘Word’ creada para fabricar modelos bancarios» que se acompañaban con las denuncias en las que imputaba «a diferentes personas la titularidad de los depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales».

Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su entonces presidente y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Poco antes, el Supremo había denunciado a Presencia ante el CGPJ por difundir «imputaciones radicalmente falsas» y «calumniosas» que no guardan relación alguna con la «verdad» sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.

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