Fernando Presencia, en el centro, con sus asociados en este montaje supuestamente creado para ganar dinero engañando a personas que creen estar luchando contra la corrupción: los ancianos Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa. Los tres tienen que comparecer el miércoles ante la Audiencia Nacional. Ese día el juez central de instrucción tendrá que decidir si ordena su ingreso en prisión o no.
La Guardia Civil encontró en la empresa de Rayuela, uno de los asociados de Presencia, sellos de Juzgados y Tribunales de Barcelona
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25/6/2023 06:31
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Actualizado: 25/6/2023 22:49
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró ocho sellos de Juzgados de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la entrada y registro que llevó a cabo el 8 de febrero pasado a los despachos de la empresa de Alberto Royuela, el anciano asociado del exjuez Fernando Presencia, citado también el próximo 28 de junio, miércoles, a las 10 de la mañana por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Es absolutamente anormal y fuera de lugar que un ciudadano tenga en su poder este tipo de objetos si no es con una intencionalidad. Royuela ya fue condenado anteriormente por denuncias falsas.
Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, escribe el magistrado en su auto, «permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo», dice el magistrado Joaquín Gadea Francés en su auto.
La Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción popular (Acodap), que preside el magistrado expulsado dos veces por prevaricación –dictar sentencias o autos a sabiendas de que eran injustos e ilegales– «se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción«, dice el auto.
El dinero recaudado se eleva, en un principio, a 188.722 euros; una cifra a la que tendrá que sumarse lo que contiene la cuenta que abrieron en Lituania para impedir que las autoridades españoles pudieran intervenirla. En el auto del viernes el magistrado ordenó su incautación también.
La expulsión de la carrera judicial produjo un enorme descalabro en las finanzas de Presencia.
Bajo esta estructura, Fernando Presencia, Alberto Royuela y su hijo, Santiago, jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».
Denuncias fabricadas que dirigieron contra un expresidente del Gobierno, a varios ministros del Gobierno, al anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, a los vocales del CGPJ, al fiscal general del Estado, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la casi totalidad de los magistrados de esa Sala, además de otros magistrados, fiscales, diputados presidentes de Comunidades Autónomas y todo tipo de autoridad que fuera de su interés.
Presencia, por ello, ha sido imputado por siete graves delitos: blanqueo de capitales y alzamientos de bienes, estafa agravada o apropiación indebida agravada, asociación ilícita, calumnias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal o grupo criminal.
Sobre sus asociados penden las cinco últimas imputaciones.
UN SEGUNDO NIVEL INTERPONÍA LAS DENUNCIAS
El anciano periodista Juan Martínez Grasa, junto a Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, según el magistrado, «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras».
En el registro que la Guardia Civil realizó al domicilio de Martínez Grasa también se incautó de un disco duro marca Seagate de TB del que se extrajo un documento elaborado el 20 de diciembre de 2022 en formato Word en el que se expresan una serie de datos financieros que supuestamente corresponden a una cuenta corriente en la entidad bancaria «Morabanc».
«El estudio de los metadatos permite comprobar que se trata de un documento elaborado íntegramente el 20 del diciembre de 2022 por el propio Alberto Royuela», dice el auto.
«El formato es el mismo independientemente de la entidad bancaria que la emita», sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad, o datos de email o número de teléfono o dirección postal.
«El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una ‘plantilla’ o ‘modelo’ en formato ‘Word’ creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales», subraya el magistrado.
La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.
Todos ellos han sido citados bajo el paraguas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece una vistilla final con todas las partes –fiscalía, acusación particular y defensas– en la que el magistrado instructor escuchará lo que tengan que decir y decidir, si hay petición, si imponer prisión preventiva, libertad bajo fianza o libertad total.
EL ASOCIADO ROYUELA FUE CONDENADO ANTES POR LO MISMO: DELITO CONTINUADO DE ACUSACIÓN Y DENUNCIAS FALSAS CONTRA JUECES Y FISCALES
Royuela fue condenado en 2003 a un año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona. Martínez Grasa también fue condenado a seis meses de prisión y multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil al haber realizado un ingreso en metálco a nombre del fiscal Carlos Ramos, según informó en su momento El País.
En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona, se dice que Royuela presentó dichas denuncias para «mancillar el honor de diversos» jueces y fiscales: Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de Cataluña; su sucesor, José María Mena; el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona [más tarde llegaría a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Gerard Thomas, y la magistrada de Instrucción de esta ciudad, Roser Aixandrí.
La sentencia aseguraba que Royuela guardaba a estas personas «un odio visceral» porque en el ejercicio de su profesión participaron en diversos procesos penales que acabaron en condena contra el subastero.
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