La comparecencia se ha convocado con mención expresa al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé una audiencia del juez con las partes para decidir si enviarlos a prisión, imponerles una fianza o dejarlos en libertad. Foto: EP.
Presencia y sus asociados citados en la Audiencia Nacional el 28 de junio próximo con la posibilidad de entrar en prisión después
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23/6/2023 18:35
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Actualizado: 24/6/2023 11:25
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El exmagistrado Fernando Presencia ha sido citado el próximo 28 de junio a las 10 de la mañana ante el Juzgado Central de Instrucción 6 para ser interrogado, como imputado por los dos nuevos delitos que se le imputan: blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
También a sus asociados, a la misma hora: Alberto Royuela Samit, el hijo de este, Santiago Royuela Fernández, Juan Martínez Grasa, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito y Álvaro Arteaga García.
El magistrado de la causa, Joaquín Gadea Francés, los ha convocado a todos, en un nuevo auto dictado hoy, mencionando de forma expresa el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, después de realizar los interrogatorios, deberá realizar una audiencia para escuchar a las partes –el fiscal, las acusaciones particulares y las defensas de los encausados– para decidir si decreta su ingreso en prisión o les impone una fianza.
Para Gadea existe no solo una reiteración «en la comisión delictiva» sino que también tiene claro que «la voluntad de seguir actuando resulta inequívoca», lo que se basa no solo en el examen de sus comportamiento sino también en el «análisis de los dispositivos» incautados en los domicilios registrados.
«Como señalan las conclusiones del informe número 116 de la Unidad Central Operativa [Guardia Civil], el volcado de los dispositivos ha permitido encontrar ‘otras denuncias cuya presentación aún no consta, por lo que puede afirmarse que se encuentran en fase de preparación«, dice el magistrado en su auto.
«Nos encontramos ante una situación sostenida de antijuricidad y continuidad delictivida que impone la adopción de medias cautelares encaminadas a poner fin de manera inmediata a esta situación«, añade.
Para Gadea existe no solo una reiteración «en la comisión delictiva» sino que «la voluntad de seguir actuando resulta inequívoca», que se basa no solo en el examen de sus comportamiento sino también del «análisis de los dispositivos» incautados en los domicilios registrados.
LOS SUPUESTOS DELITOS
De acuerdo con el magistrado instructor, con estas dos últimas imputaciones contra Presencia –blanqueo de capitales y alzamiento de bienes–, los delitos se resumen en: calumnias, contra las altas instituciones del Estado, organización criminal o grupo criminal, estafa agravada o apropiación indebida agravada, y asociación ilícita.
En este último auto, dictado apenas 24 horas después del anterior, sobre el que ha informado Confilegal, el magistrado ordena el embargo de una cuenta corriente en el extranjero, concretamente en Lituania, abierta para eludir el control judicial español.
La llamada Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (Acodap), que preside Presencia y de la que se venían sirviendo los imputados, ha sido suspendida por el magistrado, lo que supone su retirada de la red y la prohibición de todas sus actividades.
Asimismo, el magistrado insta a la UCO de la Guardia Civil a que investigue la vinculación de la página «insurgente.org» con Acodap y con los demás miembros de la organización. Y si existe, ordena su cierre.
ES UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL BASADA EN LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS
Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, escribe el magistrado en su auto, «permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo».
Presencia habría puesto en marcha una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas».
ROLES DEFINIDOS
Bajo esta estructura, que ha venido sirviendo de Acodap, Fernando Presencia, Alberto y Santiago Royuela jugarían un «papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan».
Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga «se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras». La séptima imputada, la única mujer en la supuesta trama –hasta ahora–, Lidia Reina, jugaría un «papel fundamental en su distribución» a través de Internet y por diferentes canales y redes sociales.
Presencia habría puesto en marcha una estructura «exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas»
En dichas denuncias inventadas han venido atribuyendo delitos de corrupción a altas autoridades del Estado.
Entre ellas a un expresidente del Gobierno, a varios ministros del Gobierno, al anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, a los vocales del CGPJ, al fiscal general del Estado, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la casi totalidad de los magistrados de esa Sala, además de otros magistrados, fiscales, diputados presidentes de Comunidades Autónomas y todo tipo de autoridad que cayera bajo su interés.
LA GUARDIA CIVIL ENCONTRÓ UN DISCO DURO CON PLANTILLAS PARA HACER DENUNCIAS FALSAS
Los registros domiciliarios realizados por la UCO en los domicilios de Alberto Royuela, un antiguo subastero de Barcelona, y de Juan Martínez Grasa, ambos ancianos, en la ciudad condal, produjeron los indicios que han permitido al magistrado Gadea a fundamentar estas últimas decisiones.
Royuela fue condenado en 2003 a un año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona. Martínez Grasa también fue condenado a seis mess de prisión y multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil al haber realizado un ingreso en metálco a nombre del fiscal Carlos Ramos, según informó en su momento El País.
En la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona, se dice que Royuela presentó dichas denuncias para «mancillar el honor de diversos» jueces y fiscales: Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal jefe de Cataluña; su sucesor, José María Mena; el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona [más tarde llegaría a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Gerard Thomas, y la magistrada de Instrucción de esta ciudad, Roser Aixandrí.
La sentencia aseguraba que Royuela guardaba a estas personas «un odio visceral» porque en el ejercicio de su profesión participaron en diversos procesos penales que acabaron en condena contra el subastero.
Los registros domiciliarios realizados por la UCO en los domicilios de Alberto Royuela, un antiguo subastero de Barcelona, y de Juan Martínez Grasa, ambos ancianos, en la ciudad condal, produjeron los indicios que han permitido al magistrado Gadea a fundamentar estas últimas decisiones
En ese registro, la Guardia Civil se incautó de un disco duro marca Seagate de TB del que se extrajo un documento elaborado el 20 de diciembre de 2022 en formato Word en el que se expresan una serie de datos financieros que supuestamente corresponden a una cuenta corriente en la entidad bancaria «Morabanc».
«Sin embargo, el estudio de los metadatos permite comprobar que se trata de un documento elaborado íntegramente el 20 del diciembre de 2022 por el propio Alberto Royuela», dice el auto.
«El formato es el mismo independientemente de la entidad bancaria que la emita», sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad, o datos de email o número de teléfono o dirección postal.
«El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una ‘plantilla’ o ‘modelo’ en formato ‘Word’ creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales», subraya el magistrado.
EL DINERO PROCEDE DE DONACIONES DE PERSONAS QUE CREÍAN SUS DENUNCIAS
«Llegado a este punto de la investigación», prosigue el magistrado Gadea, «y vislumbrándose la próxima finalización de la presente instrucción, la Asociación Acodap se presenta nítidamente como un artificio, un ardid, o engaño, creado para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción».
«Se trata», sintetiza, «de una asociación creada para delinquir, razón por la cual acordó por auto de 22 de junio de 2023 la suspensión cautelar» de su actividad.
De acuerdo con el informe elaborado por la UCO sobre la financiación de la trama, Presencia concentraba todo el dinero que recibía de donantes a través de transferencias bancarias, de Paypal o de Bizum, en concepto de «ayudas, donaciones y cuotas de socios» en una entidad financiera: Unicaja. Y él exjuez era el único autorizado para acceder a ello.
El teléfono asociado a Bizum a esa cuenta es titularidad de Reina Calvo, a la que el magistrado describe como «administrativa de Acodap».
FONDOS RECAUDADOS
El dinero que Presencia ha conseguido recaudar con este artificio se eleva a 188.722 euros, de los cuales 185.707,98 euros corresponden a los años 2021 y 2022.
Los principales beneficiarios, según la Guardia Civil, serían: Fernando Presencia, que habría utilizado para sus gastos privados 22.500,92 euros, «en pagos con tarjeta» o «11.730 euros en concepto de ‘disposición de cajero'».
«Además, es necesario señalar que en la fehca en la que la entidad bancaria remitió la informaicón de la cuenta la misma presentaba un saldo positivo de 31.422,10 euros», refiere el magistrado.
Alberto Royuela ha recibido 27.000 euros. La mujer, Lidia Reina Calvo, 15.174 euros. Alejandro Diges, 5.850 euros. José Antonio Serrano Balaguer, 4.850 euros. Alberto Potabella Fernández, 7.000 euros. Isabel Presencia Crespo, 4.500 euros y Lucía Presencia Crespo, 3.360 euros».
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