Fernando Presencia, expulsado de la carrera judicial dos veces por sendos delitos de prevaricación –dictar sentencias a sabiendas de que fueron injustas– y a las puertas de entrar en prisión para cumplir una condena de 2 años y 10 meses de prisión por dos delitos, uno de denuncia falsa y otro de calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, dice ser el «nuevo director» del periódico digital La Voz de Talavera.
Una condición que no puede asumir, de acuerdo con la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, plenamente vigente en aquellos artículos que no han sido derogados.
En concreto, el artículo 36, bajo el epígrafe «Prohibiciones», dice con toda claridad: «Uno. No podrán ser Directores: Primero.- Los condenados por delito doloso, no rehabilitados».
Un delito doloso consiste en llevar a cabo una acción antijurídica, a sabiendas de que es ilícita. Es decir, son dolosos todos aquellos delitos que se cometen a conciencia, siendo el autor completamente consciente de la acción que se llevó a cabo.
No puede haber otro ejemplo mejor para explicar un delito doloso, con intencionalidad, realizado por un juez, que es la autoridad máxima en la justicia, que una prevaricación. Y más si son dos, como es el caso.
En ambos casos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, desestimó los dos recursos de casación contra las sentencias previas dictadas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La primera sentencia del Supremo, la número 585/2017, es de 20 julio. Y la segunda, de la misma Sala, la 554/2018, es de 14 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».
DOS CONDENAS CONSECUTIVAS DE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA SER JUEZ
En ambas sentencias, declaradas firmes por el Tribunal Supremo, a Presencia se le condenó a 10 años de inhabilitación especial como magistrado. Una condición que ha perdido, como bien le ha recordado la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hace trece meses.
Una condición que jamás recuperará, a pesar de que va asegurando que sí.
Presencia está, en estos momentos, siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de estafa, por el uso de las donaciones que ha recibido como presidente de su asociación Acodap, injurias y/o calumnias del Código Penal (artículo 205 y siguientes) y contra las altas instituciones del Estado, previsto en el artículo 504 del mismo Código.
Expertos consultados por Confilegal consideran una «anomalía» evidente que Presencia pretenda ser de director de un periódico ya que no reúne las condiciones legales para asumir tal responsabilidad.
El periódico fue propiedad del periodista Pedro Rosado quien, al jubilarse, el pasado mes de mayo, decidió traspasar su propiedad al exjuez.
«Ha llegado la hora de dar un paso al lado y ceder el testigo a quienes con su nuevo proyecto y equipo puedan asegurar el futuro de La Voz de Talavera, la de todos ustedes, amables lectores, y la de la cabecera decana de la prensa en Castilla-La Mancha que tuve el honor de recuperar para la causa de la Ciudad de la Cerámica y su Comarca tras varios lustros ‘secuestrada’ por quienes desde 1978 la mantuvieron arrinconada en el ‘cajón del olvido’, hasta que en 1994 tuve la satisfacción de rescatarla y poder devolverla a Talavera y los talaveranos, por y para los que nació», escribió Rosado en su carta de despedida, publicada el 28 de mayo pasado.
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE TOLEDO Y LA FAPE GUARDAN SILENCIO
Todavía no se han pronunciado sobre este caso ni la Asociación de la Prensa de Toledo ni la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que representa a todas las asociaciones de periodistas de España.
Se supone que tendrán algo que decir.
