Confilegal lo adelantó hace unos días. La Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tendría la última palabra para resolver la recusación presentada contra el tribunal, que va a enjuiciar a los 18 procesados del caso «procés», a partir de mediados de enero del próximo año.
Y así ha sucedido, solo que el magistrado instructor que ha enviado el asunto a la Sala del 61 no ha sido Francisco Monterde sino Vicente Magro, quien lo ha sustituido por encontrarse de baja.
Las recusaciones fueron presentadas en dos tandas. Las primeras fueron dirigidas contra el presidente del tribunal, Manuel Marchena Gómez y tienen fecha de 20 de noviembre.
Fueron interpuestas, por una parte, por los procuradores del líder de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez Picanyol, y los exconsejeros Jordi Turull Negre y Josep Rull Andreu; y del exvicepresidente de la autonomía catalana, Oriol Junqueras Vies y del también exconsejero, Raül Romeva Rueda, el 20 de noviembre pasado.
La segunda tanda de recusaciones se produjo un día más tarde, en representación de la expresidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell Lluis y de Anna Simó Castelló, exsecretaria primera de la Mesa de esa cámara parlamentaria; también contra Marchena.
El procurador de Jordi Cuixart Navarro, líder de Òmnium Cultural, presentó también la suya -telemáticamente, como las otras- extendiendo el incidente de recusación al resto de los miembros del tribunal, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela Castro, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García.
La representación legal de Cuixart, la abogada Marina Roig, basó esta nueva acción legal en los mensajes de WhatsApp del senador del PP, Ignacio Cosidó, conocidos la pasada semana, en los que decía que tendrían controlada a la Sala de lo Penal «desde detrás», con Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, además de la Sala del 61.
Los procesados Carme Forcadell Lluis, Anna Simó Castelló, Dolors Bassa Coll, y Juan Josep Nuet Pujols se adhirieron a la ampliación de la recusación a todo el tribunal.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, representada por VOX, así como los magistrados Marchena y Martínez Arrieta, remitieron sus respectivos escritos rechazando las recusaciones.
El resto de los miembros del tribunal han manifestado «in voce», de palabra, al juez instructor, Vicente Magro que no admiten las causas de recusación formuladas.
Magro, por su parte, ha rechazado, como prueba, la petición de que declare el portavoz del PP en el Senado, Cosidó, y que se cotejen los enlaces periodísticos en los que se publicó la información del WhatsApp.
La pelota, pasa ahora, por lo tanto, a la Sala del 61, que tiene la última palabra en este asunto.
