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La apropiación indebida, el principal delito que sufren las empresas españolas

El motivo es un fraude en la contratación del montaje del expositor municipal para cuatro ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
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Más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de algún delito económico en los últimos dos años. Así se desprende de la Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2018, que cada dos años elabora PriceWaterhouseCoopers, (PwC), a partir de la opinión de más de 7.000 compañías en todo el mundo.

Concretamente, el 54% de las empresas españolas asegura haber sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos dos años, un punto menos que en el 2016 donde se llegó al 55% el momento más alto en los últimos diez años.

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Nuestro país  se sitúa por encima de la media mundial (49%), en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%). Desde 2009, el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido casi veinte puntos –del 35% al 54%-.

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Desde PWc se indica que en ese incremento de empresas afectadas por el fraude confluyen varios factores en el tiempo. En primer lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que ayuda, por un lado a una mejor gestión y también a que los defraudadores tengan herramientas mas potentes. A la vez, las dos últimas reformas del Código Penal han desarrollado políticas de cumplimiento en las empresas, lo que ha generado una mayor preocupación por las compañías en materias de fraude económico.

Estar afectado por un fraude por parte de una empresa genera unos  daños para las empresas víctimas de delitos económicos son múltiples: los costes económicos directos -en España el 66% de los encuestados asegura haber tenido pérdidas por encima de los $100.000 como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años.

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A estos hay que añadirles , los costes indirectos -abogados, investigaciones internas, externas, etcétera- y los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados que a la larga pueden afectar al negocio o a la credibilidad de la empresa dentro de su campo de actividad.

“El fraude, en cualquiera de sus categorías y, en especial, el cibercrimen, ha derivado en nuevas amenazas que afectan a todas nuestras organizaciones, como consecuencia de la vertiginosa rapidez con la que evoluciona la tecnología y la dificultad de las organizaciones en encontrar el equilibrio entre la oportunidad y el riesgo que conlleva” , señala Javier López Andreo, socio responsable de Forensic en PwC .

En cuanto a la tipología de fraudes, dicho informe destaca que la apropiación indebida de activos es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas españolas seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable, y el ciberfraude.  

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De los encuestados a nivel global que aseguraron haber sufrido un delito económico en los últimos dos años, un 45% fue víctima de apropiación indebida, un 31% de ciberataques, un 29% de fraudes en compras y un 25% corrupción y soborno.

Desarrollo de mecanismos de control

En este contexto económico y tecnológico, y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su repercusión, es indispensable, seguir desarrollando medidas de prevención que eviten los daños y minimicen la presencia de los delitos económicos en las organizaciones.

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La utilización de técnicas de detección de fraude basadas en tecnologías de análisis predictivo de datos está siendo cada vez más relevante en la prevención y detección de delitos económicos.

En concreto, los principales mecanismos que utilizan las empresas españolas para detener el fraude y delito económico son las auditorías internas (según el 17% de las empresas en España), el análisis de datos (17%) y los canales de denuncias (14%). A nivel global, también aseguran que el mecanismo de control más habitual en la detención del fraude son las auditorías internas.

A este respecto en los últimos dos años, el 69% de las compañías españolas ha aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años.

Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el programa correspondiente

Sobre el perfil de quién comete dichos ilícitos este informe de Pwc destaca que sigue siendo personal de la compañía interno quien comete más conductas irregulares. Curiosamente en los dos últimos años el porcentaje de  63% frente a 20% se ha reducido de  50 a 33% ahora en el 2018. También se indica que el fraude a gran escala suele estar generado por profesionales de la empresa de alto nivel de decisión de la firma.

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El ciberfraude, una amenaza cada vez mayor

Precisamente, los encuestados consideran que los delitos derivados de los ciberataques van a ir ganando peso significativamente durante los próximos dos años, aumentando tanto en número como en impacto.

En parte, esto se explica por el auge de las nuevas tecnologías, las cuales han habilitado a los defraudadores a  perseguir objetivos más estratégicos, así como a aumentar la sofisticación y complejidad de sus métodos. Este panorama reclama una nueva visión por parte de las empresas respecto a la naturaleza polifacética de las ciberamenazas.

Desde los ciberataques los datos revelan que las empresas en un 30 % sufrieron disrupción en sus procesos empresariales; un 24% sufrieron apropiaciones indebidas, otro 21% extorsion y un 12% robos de propiedad intelectual. Robo de compras un 11%, abuso de información privilegiada un 10%, ataques por motivación políticas un 5% y otros en un 8%. Lo importante es tener una estrategia definida previa para mitigar el impacto.