La Asociación de Familias Numerosas de Madrid en contra del ‘decretazo’ de Sánchez sobre violencia de género
Sus miembros están denunciando al presidente del Gobierno y dicen que el objetivo de la medida es "derribar familias"
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21/8/2018 00:02
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Actualizado: 21/8/2018 12:59
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Esta Asociación, formada por 113.000 familias en la Comunidad de Madrid y 48.000 en Madrid Capital como ámbito de actuación, y cuya finalidad es la defensa pública y privada de la familia numerosa, está haciendo llegar a sus miembros un modelo de denuncia para presentar ante un juzgado de guardia, según señalan, contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez «por su participación en la aprobación del Real Decreto Ley 9/2018«.
Según explica a Confilegal la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas (AFNM), María Menéndez de Zubillaga, ya se han presentado más de 50 de estas denuncias por entender que este «decretazo usurpa las competencias del Parlamento regulando materias reservadas a éste, como lo son la modificación del Código Civil, así como materias reservadas a Ley Orgánica, ya que regula aspectos que afectan a la presunción de inocencia y a la dignidad humana, y al derecho a la propia imagen».
En el modelo de formalización de la denuncia ante el juzgado de guardia, se solicita su traslado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo «para que dicho Tribunal le de el trámite ordenado por la Ley».
No obstante, estas denuncias serán algo simbólico ya que la condición de aforado del presidente del Gobierno le hace tener una protección «extra» en el Alto Tribunal y, en consecuencia, para que fueran admitidas a trámite tendrían que ir en forma de querella -con abogado y procurador-. Sólo así podrían tener recorrido. De forma contraria, serán inadmitidas y la acción será algo meramente testimonial.
Ataque a la familia
En opinión de María Menéndez, el último ataque a la familia es el Real Decreto Ley 9/2018 aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto para introducir “medidas urgentes” de desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Estado, «como poder subsidiario, debe estar atento y tener a punto los mecanismos necesarios para ayudar cuando las familias entran en dificultades y no pueden por ellas mismas sostener y arreglar las situaciones adversas. Debe tender puentes y que las separaciones, sino se pueden evitar, sean un trámite lo más pacífico y sereno posible», argumenta.
Sin embargo, «resulta que la separación de una familia es la solución fácil, por la que se opta desde el principio. Sin pensar en las consecuencias ni en mitigar los daños, directos o colaterales. Es más, parece como si estas situaciones se favorecieran y se utilizaran como arma contra la familia, un objetivo a derribar», afirma.
Menéndez describe la familia como «un mundo pequeñito donde las relaciones de convivencia con el otro ayudan a aprender para cuando se sale al mundo. Es una escuela de convivencia. Por eso la familia es tan importante para mejorar el mundo».
Y, por eso, ve en el perdón uno de los valores que se pueden aprender en familia. Cuando no lo hay «significa casi siempre separación, romper la convivencia. No solo entre los dos cónyuges sino también entre padres e hijos o entre hermanos. Y hace además que la influencia en la sociedad sea nociva: rencor, enfado, odio, venganza, egoísmo», añade.
Así la familia se convierte en “una arena de lucha permanente de los unos contra los otros”. Sobre todo, precisa, «en la lucha permanente entre el padre y la madre y su nefasta repercusión en los hijos».
El ‘decretazo’
Este RDL que califican de ‘decretazo’ desde AFNM, modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, aunque «en realidad lo que se consigue es alterar aspectos de la patria potestad. Porque se legisla haciendo de la excepción la norma y mermando los derechos de los padres. Dichos derechos habrán de ser restringidos cuando lo dictamine un juez pero no dejarlo al arbitrio de cualquier Administración, sea esta local o autonómica», dice Menéndez.
Bajo su criterio, es «una barbaridad pues quita de en medio al padre, manipula a la madre y domina y dirige a los hijos. En una palabra: destroza la familia. Si dejamos que la sociedad solo la formen individuos y no familias, el mundo libre morirá y solo quedará una sociedad de marionetas del poder absoluto».
Se refiere a la modificación del artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica queden fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
Y recuerda que la Disposición Final Segunda, que modifica este artículo en lo relativo a las facultades de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, «materia que no admite regulación por decreto, no reúne ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Carta Magna española, según afirman catedráticos universitarios y magistrados de Tribunal Supremo expertos en la materia».
La presidenta de la Asociación concluye citando a San Juan Pablo II, con un contenido que dice ser válido para todos: “Un mundo, del que se eliminase el perdón, sería solamente un mundo de justicia fría e irrespetuosa, en nombre de la cual cada uno reivindicaría sus propios derechos respecto a los demás; así los egoísmos de distintos géneros, adormecidos en el hombre, podrían transformar la vida y la convivencia humana en un sistema de opresión de los más débiles por parte de los más fuertes o en una arena de lucha permanente de los unos contra los otros”.
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