Dos de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 han ingresado este viernes en la prisión de Zaballa, en Álava, tras autorizarse el traslado desde la cárcel madrileña de Soto del Real.
Se trata de Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, según han informado fuentes penitenciarias.
Partieron el pasado miércoles desde la prisión de Soto del Real para un «traslado ordinario» al País Vasco, donde seguirán cumpliendo su condena a 9 años de prisión, la tercera pena más alta por este caso.
La más elevada son 13 años, a los que han sido sentenciados Ohian Arnanz e Iñaki Abad, seguida por una de 12, a la que fueron condenados Adur Ramírez y Jokin Unamuno.
El resto de los condenados que ingresaron en prisión son Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Ohian Arnanz y se encuentran repartidos por distintas prisiones de Madrid, de acuerdo a las mismas fuentes, en espera de ser clasificados.
Ainara Urquijo también encausada, no irá a la cárcel porque fue condenada a dos años y no tiene antecedentes.
LOS DELITOS
Excepto Ainara Urquijo, que resultó condenada por amenazas y desórdenes públicos, el resto fueron condenados por los delitos de atentado a los Agentes de Autoridad y lesiones.
En el caso de Abad y Arnanz se les condenó también por desórdenes públicos.
La sentencia fue dictada el pasado 1 de junio. Cuatro días después, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el inmediato ingreso en prisión de Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, cuatro de los ocho condenados por la agresión de Alsasua (Navarra) que continuaban en libertad provisional.
Ohian Arnanz, Adur Ramírez y Jokin Unamuno ya estaban en prisión preventiva desde que fueron detenidos a finales de 2016.
La sentencia suscitó polémica porque si bien la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que lo ocurrido «no se trató, sin más, de un simple altercado o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión», no constituyó un delito de terrorismo como sostenía el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas. Finalmente, la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el fallo ante la Sala de Apelaciones, al entender que los hechos sí deben ser calificados como terrorismo, según han informado fuentes jurídicas.
Sostiene que, conforme defendió el fiscal José Perals, «se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el ‘pensamiento único’ y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos».
