La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo ha resuelto conceder un permiso extraordinario a la exconsellera catalana de Trabajo, Dolors Bassa, en prisión preventiva tras ser procesada por rebelión en la causa del proceso independentista, para que pueda visitar el próximo sábado durante dos horas a su madre en la UCI en la que se encuentra ingresada tras una operación.
Ayer, la Fiscalía del Supremo informó a favor del permiso extraordinario.
En la providencia dictada a tal efecto señala que el centro penitenciario donde se encuentra Bassa deberá adoptar «las medidas de seguridad necesarias» para el desplazamiento al hospital, permanencia en el mismo y reintegro a la prisión una vez terminada la visita autorizada.
Bassa está en prisión preventiva en el centro de Puig de les Basses en Figueres (Gerona) desde el pasado 4 de julio, cuando fue trasladada desde la cárcel de Alcalá Meco en Madrid tras la reubicación a cárceles catalanas aprobada para todos los presos preventivos de este procedimiento.
La decisión ha sido adoptada por la Sala de Vacaciones, a cuyo frente se encuentra el presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón.
Se ha adoptado una vez se han estudiado por los magistrados los informes favorables al permiso tanto en el centro penitenciario de Puig como de la Fiscalía.
PRIMER PERMISO PARA UN PROCESADO POR LLARENA
Se trata del primer permiso que se concede a un preso del proceso independentista, ya que en anteriores ocasiones el instructor de la causa, Pablo Llarena, ha rechazado este tipo de medida respecto de otros encausados, como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el que fuera responsable dela Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.
Sus peticiones fueron muy diferentes, ya que estaban relacionadas con asistencias al Parlamento catalán.
En el auto de procesamiento, Llarena acusa a Bassa de poner al servicio del proceso independentista los locales pertenecientes a su departamento para que fueran centros de votación en el referéndum del 1-O pese a conocer la suspensión del Tribunal Constitucional.
De la investigación también se deriva que la Consejería de Trabajo aportó dinero para los gastos de impresión de la papeletas y soportó igualmente gastos para elaborar censos y citaciones a quienes debían integrar las mesas electorales.
