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La Fundación Franco anuncia acciones legales para impedir la exhumación

El BOE publica hoy el real decretoSegún el cambio aprobado, solo podrán estar enterrados en el Valle de los Caídos quienes hayan muerto como consecuencia de la Guerra Civil española.
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La Fundación Francisco Franco emprenderá «cuantas acciones legales estime necesarias» para impedir la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, algo que considera «un mezquino ejercicio de revanchismo».

Así lo ha anunciado en un comunicado, tras aprobar el Consejo de Ministros el decreto ley para exhumar los restos, que ha sido publicado hoy en el BOE

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Añade al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica que sólo podrán yacer en este lugar los restos mortales de personas fallecidas «a consecuencia de la guerra civil». Ahora tendrá un párrafo más que indicará la urgencia de exhumar los restos e indicará el procedimiento para hacerlo.

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El paso siguiente tendrá lugar el próximo viernes, 31 de agosto. El Consejo de Ministros aprobará un acuerdo de incoación del procedimiento para iniciar la exhumación, informó ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo.

El Gobierno de Pedro Sánchez alega que quiere convertir el lugar en un memorial a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y que Franco no puede permanecer allí porque no murió en contienda.

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Falleció de forma natural a los 82 años y fue enterrado allí el 20 de noviembre de 1975 por orden del entonces Jefe del Estado, el hoy Rey emérito Juan Carlos I.

EL GOBIERNO TAMBIÉN PREPARA EL TRASLADO DE PRIMO DE RIVERA 

El Ejecutivo también prepara el traslado de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, a otro lugar del Valle.

El exmilitar español sí cayó en la guerra. Fue juzgado por un tribunal popular y ejecutado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936, cinco meses después de que estallara la guerra civil. Por eso, el Gobierno no se opone a que permanezca allí, pero en otro lugar no destacado.

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La intención del Gobierno es culminar el trámite de la exhumación de Franco «antes de que finalice el año», con o sin intervención de la familia, a la que le da un plazo de 15 días desde el 31 de agosto para hacerse «cargo», si lo desea, de los restos mortales.

El decreto ley tiene una «caducidad máxima» de doce meses, por lo que de aquí a un año se completará el proceso.

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Francis Franco, nieto de Francisco Franco, ha informado de que la familia se hará cargo del cuerpo de su abuelo si es exhumado, y ha descartado recurrir la decisión del Gobierno.

Ha dicho que no contemplan enterrarlo en El Pardo, donde fue enterrada su abuela Carmen Polo, por motivos de seguridad.

Se ha pronunciado así en una entrevista publicada hoy en La Razón, ha expresado que cree que el Gobierno va a realizar la exhumación «por las malas, y ya veremos si saltándose la legalidad».

‘EL ORDENAMIENTO JURÍDICO HA SIDO GRAVEMENTE QUEBRANTADO’

La Fundación Francisco Franco denuncia que «el ordenamiento jurídico ha sido gravemente quebrantado» con este Real Decreto-ley.

«No hay justificación legal alguna para la utilización de un Decreto Ley con esta finalidad. No hay presupuesto habilitante para el mismo, pues la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad», asevera.

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A su juicio, seguir adelante con este procedimiento «constituye una doble y grave vulneración, ya que se incumplen tratados internacionales de superior rango legal que el Real Decreto-Ley, y, además, se vulnera gravemente los derechos de la familia Franco».

Desde la fundación también han avisado formalmente al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por utilizar un decreto ley para la exhumación.

NO CONTARÁ CON EL APOYO DEL PP NI DE CIUDADANOS

El decreto ley no contará con el apoyo parlamentario ni de PP ni de Ciudadanos. Podemos y el PNV votarán a favor. 

El PP ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional y Cs también hará una valoración legal llegado el momento.

VOX ha expresado su rechazo a la exhumación y ha dicho que seguirá impulsando la derogación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y mantenida durante las dos legislaturas del Gobierno del PP.

«La utilización de los recursos gubernamentales para humillar y escarnecer los restos del anterior Jefe de Estado, más allá de una triste y mezquina demostración de impotencia política y de ignorancia legal, pone de manifiesto que el Ejecutivo de Sánchez es incapaz de liderar política real alguna para gestionar el presente y el futuro de España», sentencia la Fundación Francisco Franco.