PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso. Carlos Berbell/ Confilegal.
Delgado niega un cambio de posición sobre Llarena, a quien defenderá ‘hasta las últimas consecuencias’
El Gobierno dice que están en marcha los mecanismos para defender a la justicia española y al magistrado
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27/8/2018 10:40
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Actualizado: 27/8/2018 10:40
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado hoy que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos separatistas fugados han presentado contra él en Bélgica, y ha señalado que el Ejecutivo le defenderá «hasta las últimas consecuencias».
Delgado se ha pronunciado así en una entrevista en RNE, en la que ha asegurado que «no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia», sino «un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien» y, por tanto, «no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia».
«Lo puedo garantizar», ha afirmado.
La ministra ha dicho que se han publicado «determinadas informaciones» que no sabe «si interesadas o intoxicadas», en las que se «manejaba documentación que no eran informes definitivos», ya que desde el informe inicial que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso y en el que «no entra en el fondo» de la demanda contra Llarena puesto que el Gobierno aún no la tenía, «no existe ni un sólo informe oficial» que cierre la posición del Ejecutivo.
«No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos», ha detallado.
Ha argumentado que el Gobierno ha hecho «un ejercicio de transparencia»: «Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución».
Como informó ayer este diario, el Gobierno ha ordenado que se defienda a España y a Llarena ante la Justicia belga el 4 de septiembre.
El Ejecutivo lanzó un comunicado ayer por la tarde en el que informó de que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios» para defender la soberanía jurisdiccional española, «en la que está inmerso el juez Llarena», en la demanda presentada en Bélgica por los investigados por el procés huidos a ese país contra el magistrado del Tribunal Supremo. Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es «la contratación de un despacho de abogados de ese país», algo que espera culminar «en breve».
La vista preliminar está prevista para el próximo 4 de septiembre, a las 9 de mañana, ante el Juzgado de Primera Instancia Francófono de la capital belga. Los separatistas alegan que el juez Llarena no respetó su derecho a la presunción de inocencia por unas declaraciones efectuadas fuera de los tribunales.
Se trata de unas declaraciones a periodistas con motivo de su participación el pasado febrero en Oviedo en unas jornadas sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas, en las que el magistrado del Supremo rechazó que en España haya presos políticos.
«El Gobierno de España ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, en la que está inmerso el juez Llarena, teniendo en cuenta que todavía debe resolverse la aceptación de la demanda presentada en Bélgica«, señala el Ejecutivo en el comunicado, en el que defiende que su respuesta siempre ha sido «positiva» y que ha actuado «con total diligencia en este asunto» y «en los términos trasladados por el Poder Judicial».
El magistrado solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».
«De manera inmediata», según el Gobierno, «el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas», reza la nota de prensa.
La decisión ha partido del presidente, Pedro Sánchez, a la vista del cariz que habían tomado los acontecimientos, con 6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales -salvo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia- criticando duramente la decisión de la ministra de Justicia -refrendada por la vicepresidenta, Carmen Calvo- de no procurar representación legal al magistrado instructor del ‘Caso Procés’ en la demanda civil que los 5 fugados independentistas han interpuesto contra él ante ese órgano judicial belga.
Una crítica que también ha sido compartida por magistrados del Alto Tribunal, vocales del CGPJ, que ampararon a Llarena mediante acuerdo, y por buena parte de la carrera judicial y fiscal.
VOX SE QUERELLA CONTRA LA MINISTRA
Por su parte, VOX, que ejerce como acusación popular en el Tribunal Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre, presentó ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra la ministra de Justicia.
La acusa de presunta prevaricación y denegación de auxilio por «negarse» a defender al magistrado Pablo Llarena «a tenor de la nota de prensa del Ministerio del pasado jueves y la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el viernes afirmando que no defenderían» al juez por sus declaraciones durante un canutazo el pasado febrero en Oviedo, objeto de la demanda interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otro cuatro exconsejeros huidos, y que «no han sido rectificadas posteriormente por ningún miembro del Gobierno».
El pasado sábado VOX ya había criticado en declaraciones a Confilegal que “el Gobierno ha abandonado al magistrado Pablo Llarena Conde», y exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la Abogacía del Estado lo defienda “frente a los totalitarios separatistas catalanes”.
PP y Cs también ha cargado contra el Gobierno por este ‘abandono’ al magistrado. El pasado sábado, el PP denunció que Pedro Sánchez “es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez Llarena”, y anunció que su partido promoverá acciones “en las Cortes y en la calle para defender a los jueces”. Desde Ciudadanos afearon al Ejecutivo que “haya abandonado” al juez para “pagar el apoyo de los independentistas”.
CASADO ACUSA AL GOBIERNO DE DAR BANDAZOS
Tras conocer el comunicado de Moncloa, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo de «seguir» dando «bandazos».
Siguen los bandazos del Gobierno. Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía… y ahora Justicia. El PP lleva la iniciativa y la izquierda solo acierta cuando rectifica. https://t.co/dMcTomu11w
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de agosto de 2018
Tanto PP como Ciudadanos han pedido la comparecencia de la Ministra de Justicia en el Congreso.
Además, Ciudadanos ha anunciado hoy que presentará una Proposición No de Ley en el Congreso para instar al Gobierno a apoyar al juez Llarena.
Será registrada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el vicepresidente de la Cámara y diputado de la formación, Ignacio Prendes.
Se trata, según avanza la formación, de que el Congreso inste al Gobierno a prestar «todo el apoyo y la asistencia al juez Llarena».
El Grupo Popular en el Senado ha anunciado que hoy presentará una moción, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, en la que exige al Gobierno que defiende «sin reservas» al juez Pablo Llarena «y a la soberanía española».
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO Y EL CGPJ
La querella de VOX hace hincapié en que «el Gobierno debe asumir la defensa del magistrado a través de los Servicios Jurídicos del Estado».
Argumenta que el 13 de mayo de 2010 el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio de colaboración con amparo en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio).
Dicho convenio establece que “los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo”.
Apunta también que en dicho convenio se establece, además, en su cláusula segunda que “el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, prestará asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados, en los términos, con los requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 46 a 49 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, así como en las restantes disposiciones legales o reglamentarias aplicables a esta función desempeñada por los Abogados del Estado».
VOX también señala que en las declaraciones de Llarena el pasado 22 de febrero de 2018 en las jornadas de Oviedo, objeto de la demanda presentada por los separatistas «no se expresó una valoración diferente de la que ya constaban en las distintas resoluciones judiciales dictadas tanto por él mismo como por la Audiencia Nacional previamente».
La formación apunta que éstas «eran conocidas a través de las propias notas de prensa del Alto Tribunal, como las noticias publicadas en prensa y que, por tanto, no eran más que mera reproducción, con las mismas o distintas palabras, de lo expresado anteriormente por resolución judicial, y por tanto, en el ejercicio de su función jurisdiccional».
«Con esta querella demostramos, una vez más, que donde no está dispuesto a llegar el Gobierno para amparar a aquellos ciudadanos que defienden la libertad, la Constitución y la unidad de España, estará siempre VOX, fiel a su compromiso con los españoles», ha expresado Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de esta formación presidida por Santiago Abascal.
ZAPATERO PIDE AL PP Y CS QUE LA DEFENSA DE LLARENA NO SE CONVIERTA EN ELEMENTO DE ‘CONFRONTACIÓN POLÍTICA’
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al PP y a Ciudadanos que un tema «tan delicado» y con una vertiente «tan jurídica» como la defensa del magistrado Pablo Llarena no se convierta en un elemento de «confrontación política» que utilice el centro-derecha, inmerso «en una competición para ver quién se va posicionando en las posiciones más conservadoras».
Así lo señaló ayer en declaraciones a los medios. Zapatero ha dicho que no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de Pedro Sánchez «sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer». «Es un tema que seguramente se tiene que sustanciar a través de la asesoría jurídica del Estado y tengo gran confianza en ello», dijo.
Preguntado por la agresión a una mujer en Cataluña por tirar lazos amarillos a la basura, condenó cualquier atisbo de violencia.
«Necesitamos recuperar mucho tiempo de diálogo perdido en el afán partidista, en los proyectos imposibles y en la falta de responsabilidad. Hay que cerrar la herida del 1 de octubre y entender que sólo la política nos va a dar una solución, pues el derecho penal y la justicia no darán la solución política a un grave problema político».
«Hay que reclamar, instar y reiterar a los independentistas que no vayan otra vez en un viaje a ninguna parte, pues su viaje lógico es el viaje del encuentro con las fuerzas democráticas en España. Un viaje a ninguna parte solo provoca situaciones muy difíciles, negativas y la división e la población», expresó.
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