PP, Cs y VOX también cargan contra el Gobierno por ‘abandonar’ al juez Llarena
El secretario general del PP, Teodoro García Egea; el presidente de VOX, Santiago Abascal; y Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Política Municipal del partido.

PP, Cs y VOX también cargan contra el Gobierno por ‘abandonar’ al juez Llarena

CASADO PIDE UNA REUNIÓN con las asociaciones de jueces y fiscales
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26/8/2018 06:45
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Actualizado: 26/8/2018 10:28
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VOX, que ejerce como acusación popular en el Tribunal Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre, ha denunciado en declaraciones a Confilegal que «el Gobierno ha abandonado al magistrado Pablo Llarena Conde«, y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la Abogacía del Estado lo defienda «frente a los totalitarios separatistas catalanes».

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Política Municipal del partido, Begoña Villacís, también afeó ayer al Ejecutivo que «haya abandonado» al juez instructor de la causa del ‘procés’ en el Alto Tribunal, para «pagar el apoyo de los independentistas».

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado que Sánchez «es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez Llarena», y ha anunciado que su partido promoverá acciones «en las Cortes y en la calle para defender a los jueces».

Y el presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado una reunión con las asociaciones de jueces y fiscales para plantear su oposición común a la «dejación de funciones» del Gobierno y a la «indefensión que sufre el juez».

Se han pronunciado así tras la decisión del Gobierno de no representar legalmente a este magistrado del Alto Tribunal ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas, el próximo 4 de septiembre.

En ese tribunal ha correspondido una demanda presentada por 5 separatistas catalanes huidos -4 en Bélgica y 1 en Escocia, Reino Unido- contra el juez Llarena, por supuestamente haber vulnerado las reglas que rigen su presunción de inocencia.

Los separatistas se apoyan en unas declaraciones que realizó Llarena durante un canutazo en Oviedo el pasado 22 de febrero. En ellas, el magistrado recalcaba que los políticos encarcelados “no son presos políticos”.

De acuerdo con Llarena, lo que buscan estos políticos fugados es “condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse” en ese y otros procedimientos.

Cabe recordar que el magistrado, que ha procesado a 25 líderes separatistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, se ha convertido en una ‘bestia negra’ para el independentismo.

El pasado julio, el juez; su esposa, Gema Espinosa; y 15 amigos suyos sufrieron el pasado julio un escrache independentista de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Mont-ras (Gerona).

Los Mossos abrieron a principios de agosto diligencias para investigarlo.

Como ha informado Confilegal, tras la decisión del Ejecutivo, de momento, hasta 6 asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Ministerio defender la soberanía española.

El pasado viernes emitieron un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), por los jueces; y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), por los fiscales.

En el documento califican el caso de “clara dejación de funciones de por parte del Gobierno de España”. 

Consideran que la decisión de no prestar la asistencia legal en Bélgica al magistrado Llarena “implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado”. 

No conciben que se tache de «improcedente» la defensa por parte del Estado del magistrado en el extranjero bajo la excusa de que pueden tener causa en opiniones privadas.

A esta demanda se adhirió ayer la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que lanzó otro comunicado.

A la UPF estaban afiliados en su condición de fiscales la ministra de Justicia, Dolores Delgado y su secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz.

La única asociación que, de momento, se queda fuera de suscribir este planteamiento conjunto de la mayoría de jueces y fiscales de España es la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Fuentes de JJpD han señalado a Confilegal que les “parece razonable la actuación del Gobierno”.

“Se debe actuar sin reservas porque se trata de defender no sólo a Llarena, sino la soberanía española”, ha reivindicado Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM, y ha expresado que “el Estado no puede dejar al pie de los caballos a un juez que cumple con su deber».

Esa misma expresión de «abandonar a Llarena al pie de los caballos» ha sido también pronunciada por fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente dio amparo el pasado 16 de agosto al juez Llarena y requirió al Gobierno para que articulara la consiguiente defensa legal en Bruselas.

También algunos magistrados del Alto Tribunal han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa de su compañero y han acusado al Ejecutivo de «caer en la estrategia» de los acusados de saltarse la ley.

‘LO HA ABANDONADO PARA PAGAR EL APOYO DE LOS INDEPENDENTISTAS’

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, anunció ayer que su formación «va a pedir la comparecencia inmediata del Gobierno por desproteger al juez Llarena cuando hacía su trabajo defendiendo al Estado».

Asimismo, denunció que el magistrado se ha visto sometido a «acoso», y lamentó que el Ejecutivo «tenga que pagar los escaños que le fueron prestados para la moción de censura».

«Las actitudes de Pedro Sánchez con los independentistas nos hacen reafirmarnos en nuestra exigencia al Gobierno de que es fundamental el requerimiento del articulo 155″, sentenció.

Por su parte, el número dos del PP, Teodoro García Egea, también criticó ayer a Sánchez, en un acto en Los Alcázares (Murcia), por «permitir que Quim Torra entrara en el Palacio de la Moncloa con un lazo amarillo, «un lazo que es insulto a nuestra Constitución y nuestras leyes».

Por otra parte, el número dos del PP aseguró que si Casado hubiera sido el presidente del Gobierno, «Torra no hubiera entrado en Moncloa».

Cabe recordar que el presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado al Gobierno de que no admitirá «cesiones» al separatismo. Fue uno de los mensajes que le trasladó en el primer encuentro que mantuvieron desde que Casado asumió la presidencia del PP, tras su victoria sobre Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, le anunció que el PP presentará en el Congreso reformas para tipificar la convocatoria ilegal de referendos y el delito de sedición impropia.

La respuesta del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue afear a Casado su extremismo con Cataluña.

En su comparecencia para hacer balance de los dos meses de mandato, el jefe del Ejecutivo agradeció que Casado le brindase por adelantado el apoyo del PP si el Gobierno decide aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución a Cataluña, pero explicó que su Gobierno está en la tarea de recuperar la normalidad con Cataluña.

Tanto PP como Ciudadanos han exigido esta semana al Gobierno que frene al presidente autonómico Catalán, Quim Torra, con el artículo 155 de la Constitución después de que éste llamase a ‘atacar al Estado’.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha exigido “poner fin a la dictadura independentista que se vive en Cataluña”. Desde VOX consideran que «no basta con el 155», sino que «hace falta que se aplique el Código Penal”. 

El partido de Abascal ha anunciado que perseguirá sin descanso a Quin Torra tras su amenaza.

Cuando tuvo lugar el escrache independentista al juez Llarena, denunció que aquello demostraba que «el Estado, en gran medida se ha retirado de Cataluña», y expresó su solidaridad con el magistrado ante el «violento ataque separatista».

«El mejor modo de hacerlo será nuestro escrito de acusación contra los golpistas en el TS», expresó el presidente de esta formación que pide la ilegación de los partidos separatistas.

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