El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibe esta tarde a las dos asociaciones de las víctimas del Alvia, que descarriló en Santiago el 24 de julio del año 2013 y dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos.
En concreto, a las 17.15 horas se reunirá con la Asociación de Perjudicados del Accidente Ferroviario del Alvia (APAFAS) y a continuación, a las 18.15 horas, recibirá a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155.
Las víctimas del Alvia pedirán al ministro que se cree una comisión de investigación técnica independiente tutelada por la Agencia Europea Ferroviaria, ya que consideran que la investigación llevada a cabo en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios «ni era independiente ni analizaba las causas raíz de esta tragedia evitable», según ha señalado la Plataforma Víctimas Alvia 04155 en un comunicado.
Asimismo, demandarán al ministro que cese a los cargos imputados de Renfe y Adif, puestos de libre designación, y reclamarán que se les facilite la documentación relevante sobre la tragedia que está en manos «exclusivamente» de Renfe y Adif.
Vía judicial
Cinco años después del accidente, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago son siete las personas investigadas por posible responsabilidad penal. Hace un año, tan solo eran dos los investigados: junto al maquinista Francisco José Garzón, el director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.
En octubre de 2017, el juez Andrés Lago decidió imputar a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, y a tres miembros de la consultora pública Ineco. En febrero de este año, se imputó también a otros dos cargos de Adif, uno de ellos fallecido. El otro es el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón, que está citado a declarar el próximo 12 de septiembre.
El portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, hizo hincapié en que “gracias” a su “empeño” y al apoyo que consiguieron de Europa, son siete los investigados por supuesta imprudencia profesional grave.
Lo que el juzgado trata de dilucidar es si, además de la investigación al maquinista por imprudencia profesional grave, existen otras responsabilidades como un eventual análisis de riesgos deficiente.
Comisión en el Congreso
Además de la vía judicial, el pasado 4 de julio comenzó a funcionar formalmente en el Congreso la comisión parlamentaria sobre el accidente, que se inició con una ronda de comparecientes en la Cámara Alta con el testimonio de algunas víctimas del siniestro y del maquinista.
Los trabajos se retomarán con el inicio del curso político con más comparecientes, entre ellos los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).
El PSOE votó inicialmente en contra de la comisión de investigación en el Congreso, pero su cambio de posición con la llegada de Pedro Sánchez permitió que este órgano saliese adelante.
