La Fiscalía General del Estado en la figura de María José Segarra ha presentado su memoria anual este lunes con motivo de la apertura del año judicial. En sus primeras palabras, la fiscal ha dejado claro que no es su Memoria, «sino la del Ministerio Fiscal», ya que ella asumió el cargo hace dos meses y ha hecho una referencia expresa a Cataluña.
Y lo ha hecho en presencia del Rey Felipe VI, de la cúpula fiscal y de la judicial representada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la práctica totalidad de miembros de este órgano y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
También ha mostrado públicamente su reconocimieno a la figura del fallecido José Manuel Maza al que se ha referido como «insigne jurista» y a Julián Sánchez Melgar «ya de vuelta en la Sala II del Tribunal Supremo».
De éste último ha dicho que en su trayectoria al frente de la Institución impulsó la apertura hacia la sociedad bajo un lema ya conocido: “no haremos nada que no podamos explicar”. «He asumido, desde el
primer momento, ese mismo compromiso y no creo que pueda haber mejor reconocimiento
a su labor» ha dicho.
Cataluña: «La Ley vincula a todos»
De forma específica la situación catalaña ha ocupado parte de este primer discurso de la fiscal que ha afirmado que la Ley «mientras esté en vigor» vincula a todos y «no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia».
Segarra ha señalado que «las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente- deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico».
También se ha referido a la labor de los fiscales en Cataluña y ha afirmado que será «especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad»; a los que muestra un apoyo «absolutamente inequívoco».
La fiscal ha reconocido que durante 2017 se asistió en Cataluña a un «desbordamiento del orden constitucional y estatutario» que impidió el cumplimiento de resoluciones judiciales y que, «como no podría ser de otra manera», se encontró con la firme actuación de las Instituciones del Estado y también del Ministerio Fiscal.
Tras citar las palabras de juez británico Denning, que señaló que «no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima», la fiscal general del Estado ha añadido que «no puede haber excepciones» y que España «tiene un sistema judicial fuerte, sólo al servicio del Estado de Derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad».
Reforma del proceso penal
Al ofrecer las primeras cifras de la Memoria, la fiscal ha advertido de que aunque durante 2017 disminuyó la incoación del procedimiento penal más común y también el total de diligencias previas incoadas, este descenso «no se ha visto respaldado por una mayor eficiencia en la
gestión de los procedimientos, lo que denota problemas estructurales en el modelo de
Justicia penal».
Para Segarra, por tanto, la «profunda» reforma que necesita el actual modelo del proceso penal que de una respuesta a la criminalidad organizada y compatibilice eficacia y garantías pasa por configurar una fase de investigación bajo la dirección del Ministerio Fiscal orientada hacia la recopilación de las fuentes de prueba válidas y estrictamente necesarias para decidir sobre si procede o no la apertura de juicio oral.
En su opinión, esto permitiría «optimizar su flexibilidad organizativa para la creación de equipos
de trabajo especializados» coordinados en su actuación en diversos territorios.
A esto se le añadiría la figura del juez de Instrucción o de Garantías que, a nivel funcional, ocupará «una posición de verdadera imparcialidad en el debate contradictorio entre las
defensas y las acusaciones».
Asimismo, el juicio de acusación implicará un filtro real «para la adecuada conformación de la relación jurídico-procesal», recuperando así el juicio oral como «elemento central del proceso penal».
La nueva fiscal general ha reconocido que el camino «es largo y no exento de complicaciones» pero ha insistido durante su discurso en que «no puede ser aplazado».
Reconocimiento a la Fiscalía Anticorrupción
Según recoge la Memoria, el incremento de un 16% en el número de procedimientos judiciales incoados
en materia de corrupción se ha correspondido con un aumento de casi el 14% en las
sentencias condenatorias.
Con este dato, Segarra ha querido reconocer el trabajo realizado por la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, «en la siempre inacabada labor de ofrecer una respuesta rigurosa y con determinación frente a quienes se aprovechan de su condición de servidores públicos para servirse a sí mismos, procurando recuperar el dinero de todos», ha dicho.
Terrorismo y disolución de ETA
La Fiscalía General del Estado cuestiona el desarme que la banda terrorista ETA escenificó en Bayona en abril de 2017 al percibir «diferencias» entre los inventarios de armas facilitados por los intermediarios y el material realmente entregado, al tiempo que advierte de que el «entorno» de la organización mantiene activa la violencia callejera, la denominada ‘kale borroka’.
La «confirmación» de la reciente derrota de ETA «ha sido posible por la respuesta firme del Estado de Derecho, entre la que destaca la tarea llevada a cabo durante mucho tiempo, y con un gran coste profesional (y a veces también, desgraciadamente, personal) de los miembros del Ministerio Fiscal, y singularmente, los que desempeñan su labor en la Audiencia Nacional y en el País Vasco y Navarra. Por eso, reafirma su «compromiso con la aplicación de la ley como la mejor forma de combatir el terrorismo».
Precisamente ha recordado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha visto reforzada con la designación de un Fiscal encargado de revisar las causas que todavía están pendientes, una medida
que pretende «mitigar el sufrimiento añadido» que para las víctimas supone no esclarecer la autoría de los atentados terroristas.
La memoria también hace referencia a otras bandas terroristas como los GRAPO, que en 2017 mantuvo su «estado de extrema debilidad» y limitó sus acciones al «campo del proselitismo y la captación de nuevos militantes, principalmente dentro del entorno anarquista y de la izquierda radical u okupa».
Según el informe, esta actividad se vio incrementada el año pasado como consecuencia de la salida de prisión de algunos de los presos de la organización terrorista que «pretendían aprovechar la aparición de diversos movimientos de protesta y desencanto social para recuperar sus viejas teorías anticapitalistas y revolucionarias».
Ciberdelincuencia
Aunque no se disponen de datos fiables sobre la incidencia real de la ciberdelincuencia por la reforma del art. 284 LECrim, del total de asuntos que llega a registrarse judicialmente –algo más de 6.600-, más de la mitad son denuncias por estafa.
Desde el punto de vista social, resultan «preocupantes», dice Segarra, las infracciones de naturaleza sexual, con algo más de 1.000 asuntos, entre los que destacan la pornografía infantil o el grooming, así como las conductas que utilizan las redes como medio para canalizar el hostigamiento, la humillación o el ejercicio del control sobre otros, «conductas que generan efectos perversamente agravados por la capacidad que ofrecen estos medios para extender en el tiempo la angustiosa situación de las víctimas».
Violencia de género
Las acusaciones formuladas en violencia de género fueron 47.370. Para el Ministerio Público
sigue siendo necesario destacar la importancia de denunciar estos hechos y señala que en el año 2017 se produjo un aumento del 16,35% en el número de denuncias. Y se redujo –hasta el 20 % (20,75%)- el número de mujeres fallecidas que habían presentado denuncias anteriores.
«Nos proponemos reforzar los recursos formativos en esta materia, para que cada víctima reciba una
respuesta integral adecuada. En este ámbito, se valora con especial atención la introducción de elementos propios de la perspectiva de género en la valoración de la prueba testifical realizada en algunas recientes sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha explicado Segarra.
Nuevo Reglamento para los fiscales
Como propuesta a futuro, la fiscal se ha referido al Reglamento de la Fiscalía en el que ya están trabajando, dirigido a fomentar el trabajo en equipo mediante el reforzamiento instrumental de las
Juntas, ofrecer a los fiscales nuevas estrategias de formación y un plan de igualdad «que remueva los obstáculos que todavía impiden a muchas mujeres asumir puestos de responsabilidad en condiciones de igualdad de oportunidades».
Este proyecto, ha añadido, estará abierto a los ciudadanos, «a quienes debemos ofrecer una respuesta especializada dirigida sobre todo a la protección de los más desfavorecidos».
Finalmente, Segarra ha expresado su compromiso con la «transparencia institucional». «Nuestro único horizonte será la realización del valor Justicia, desde la más radical autonomía e imparcialidad en el cumplimiento de la Ley», ha concluido.
