La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante su intervención en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Pool Moncloa/JM Cuadrado.
El Consejo de Ministros da el primer paso para limitar los aforamientos
Lastra anuncia que los políticos perderán también el aforamiento para delitos de corrupción
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21/9/2018 10:05
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Actualizado: 22/9/2018 00:48
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El Gobierno ha dado hoy el primer paso para proceder a una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores cuando se trate de asuntos que no tengan relación alguna con el ejercicio de su cargo.
El Consejo de Ministros ha encargado al Consejo de Estado un informe sobre el encaje jurídico de la reforma que pretende para «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público», según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Sería necesaria una modificación de los artículos -71.3 y 102.1 de la Carta Magna y supondría la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación en 1978.
Esta modificación de la Constitución no afectaría, en principio, a los cargos públicos de las comunidades autónomas, pero el Gobierno considera que, una vez limitados los aforamientos en el texto constitucional, no tiene sentido que se mantengan en las autonomías.
En el caso de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como de los miembros de los Parlamentos regionales, el fuero está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.
El Ejecutivo también tiene la intención de “precisar” el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas, para lo que sería necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Esta ley ya fue modificada en 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos, para garantizar su aforamiento y el de doña Sofía. También están aforados el Rey, la Reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.
Cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a la Ley de reforma constitucional, seguidamente el Ejecutivo recabará los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, y el anteproyecto se debatirá en en el Congreso y el Senado con el objetivo de lograr “el mayor consenso” del arco parlamentario.
La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado.
Sánchez apeló a la «altura de miras» de los grupos parlamentarios para que esta reforma pueda salir adelante. En caso de que tuviera los apoyos suficientes, afirmó que entrará en vigor en 60 días desde que se inicie su tramitación.
LA MAYORÍA DE LOS 250.000 AFORADOS QUE HAY EN ESPAÑA SEGUIRÁN SIÉNDOLO
En España hay unos 250.000, de ellos alrededor de 2.000 políticos. Algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos; cinco de la Familia Real, y otros 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas.
La mayoría de estas personas seguirán siendo aforadas, aunque se apruebe la reforma que quiere impulsar el Gobierno, que no afectará a los miembros de la Familia Real que actualmente disfrutan de fuero.
Tampoco se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
EL MARTES SE APROBÓ UNA MOCIÓN DE CIUDADANOS EN EL CONGRESO PARA ELIMINAR LOS DE POLÍTICOS
La moción de Ciudadanos, aprobada el pasado martes en el Congreso, insta al Gobierno cambiar la Constitución en tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y a los Parlamentos regionales a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus parlamentarios, como ya han empezado a hacer en Murcia, Canarias y Cantabria.
Todos los grupos del Congreso se mostraron de acuerdo en que hay que suprimirlos o limitarlos, pero solo el PP y el PSOE apoyaron la moción. Fue aprobada con 253 votos a favor y 87 abstenciones.
PP y PSOE votaron a favor, pese a que Cs rechazó sus enmiendas. El PP pedía incluir la solicitud de informes a los órganos colegiados competentes y el PSOE remitía al anteproyecto de ley del Gobierno.
Ambas formaciones hicieron hincapié en que el aforamiento no es un privilegio, sino una prerrogativa, y consideran que la iniciativa de Cs es «populista» y «demagógica».
Por su parte, el PNV y el PDeCAT decidieron abstenerse después de que Cs no aceptase sus enmiendas.
RIVERA AFIRMA QUE EL CONSEJO DE MINISTROS ‘DILUIRÁ’ LA MOCIÓN DE CIUDADANOS
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, vaticinó ayer que el Consejo de Ministros «diluirá» hoy la moción de su partido.
Contó que su formación acogió con «alegría» que el presidente «propusiera, bien por las encuestas o por lo de la tesis, suprimir los aforamientos», pero que la alegría le duró «solo cuatro horas, el tiempo que tardó el PSOE en rectificar y anunciar que seguirían vigentes para los casos de corrupción, prevaricación, cohecho o financiación ilegal».
«¿Para qué se piensa que queremos quitar los aforamientos si no es para que los que tienen ese privilegio no vayan a un juez especial que han puesto a dedo los políticos?», se pregunta.
Rivera ha dejado claro que su partido «vigilará que se cumpla la moción», que «ha aprobado el Parlamento y el Gobierno tiene que cumplir», y ha pedido a Sánchez que «no coja atajos y se sume a Ciudadanos».
Lo cierto es que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado hoy que los políticos perderán el aforamiento para aquellos delitos relacionados con la corrupción según la reforma de la Constitución que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.
«La propuesta consiste en que si yo salgo a la Tribuna y digo que quiero que se ilegalice la Fundación Franco porque considero que genera odio, que a mí no me puedan demandar por eso, que si me demandan, yo esté aforada, pero que todos aquellos que sean delitos de corrupción evidentemente estén fuera del aforamiento», ha explicado.
PODEMOS NO APOYARÁ LA REFORMA SI NO INCLUYE A LA MONARQUÍA
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado que su formación no apoyará la reforma de la Constitución si no se incluye también la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real.
«Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía», ha sentenciado. No ha concretado si esta posición se traducirá en un voto en contra o en una abstención cuando el anteproyecto llegue al Congreso.
«En los actos en los que el Rey es refrendado por ministros o por el presidente del Gobierno, tiene lógica que sea irresponsable, pero en el resto de los actos es inexplicable en democracia, en el siglo XXI, que esto siga ocurriendo. Esperamos que el Gobierno lo reconsidere. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo», ha recalcado.
Iglesias se pronunció así ayer, en una rueda de prensa donde precisamente presentó la solicitud que Unidos Podemos ha realizado a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de rechazar una comisión de investigación sobre el Rey emérito.
En ella, volvió a pedir al PSOE que reconsidere su decisión de rechazar, junto al PP y Ciudadanos, esta comisión, y permita que se abra, porque serviría para investigar un asunto de «interés general» y porque, según Iglesias, «hay sospechas más que fundadas e indicios más que fundados de casos de corrupción que tienen implicaciones políticas muy serias».
«Un Gobierno que nació de una moción de censura contra la corrupción no se puede permitir seguir amparando con PP y Ciudadanos posibles casos de corrupción en la Monarquía», insistió, tras avisar de que el Gobierno no podrá contar con Podemos «para blanquear la corrupción de la Monarquía», como considera que «están haciendo PP, PSOE y Ciudadanos».
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