Imagen de la Asamblea de Madrid, que tendrá ahora que aprobar este anteproyecto de ley, que luego irá al Congreso de los Diputados.
La Comunidad de Madrid tramitará el anteproyecto de Ley que suprime los aforamientos para evitar “que haya ciudadanos de segunda”
Esta iniciativa que forma parte del acuerdo de investidura entre PP y CS de 155 medidas tuvo su primer antecedente en el Plan de Regeneración Democrática
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21/11/2019 06:27
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Actualizado: 20/11/2019 18:40
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Evitar que existan ciudadanos de primera o segunda clase, como el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado comentaba a los periodistas tras concluir la reunión del Consejo de Gobierno de este pasado martes.
Horas antes, el propio el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordaba impulsar los trámites necesarios para la aprobación del anteproyecto de reforma de Ley Orgánica que tiene como objetivo la supresión de la figura del aforamiento aplicada a diputados autonómicos y miembros del Ejecutivo.
Con la activación de esta iniciativa, el Gobierno regional busca acabar con los privilegios políticos en las actuaciones relacionadas con la Justicia, equiparando a todos los ciudadanos ante la ley.
La voluntad del Ejecutivo es suprimir cualquier tipo de régimen especial para cargos públicos y evitar situaciones de desigualdad en procesos judiciales.
El origen de esta medida tiene que ver con el Plan de Regeneración democrática, que quiso impulsar la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes, años atrás, frustrado por su dimisión en abril del 2018.
Aquel proyecto de ley pretendía suprimir el aforamiento, tanto para los diputados regionales, como para los miembros del Gobierno de la Comunidad, limita a dos los mandatos del presidente autonómico, abre la puerta a la posibilidad de aumentar el número de circunscripciones y reduce el número de diputados autonómicos.
Ahora la voluntad del Ejecutivo es suprimir cualquier tipo de régimen especial para cargos públicos y evitar situaciones de desigualdad en procesos judiciales.
Así lo expresaba en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente madrileño y consejero de Deportes, Transparencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien compareció junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.
El propio Aguado indicaba que el objetivo del anteproyecto es avanzar para que no haya ciudadanos «de primera y de segunda». Y es que, desde su punto, de vista los ciudadanos esperan que los políticos vayan dejando ciertos privilegios.
Tramitación en la Asamblea de Madrid
En las próximas semanas, este texto pasará a la Asamblea de Madrid, donde iniciará su tramitación parlamentaria, de forma que si obtiene una mayoría cualificada de dos tercios se podrá remitir al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, explicó el también portavoz del Ejecutivo madrileño.
El texto del anteproyecto ha sido elevado al Consejo de Gobierno para decidir sobre los próximos pasos a desarrollar, una vez superada la consulta pública previa a la elaboración del texto normativo y la redacción de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
Como resultado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno a continuar con la tramitación pertinente del anteproyecto sin que sea necesario llevar a cabo más procedimientos o solicitar nuevas consultas, dictámenes e informes adicionales a los legalmente preceptivos.
Modificación Estatuto Autonomía madrileño
El aforamiento, tal y como ha avalado el Tribunal Constitucional, debe ser una prerrogativa excepcional para preservar la independencia y evitar potenciales presiones externas frente a cargos políticos o institucionales, y nunca debe constituir un privilegio.
Asimismo, el propio encausado puede ver restringido el régimen de recursos de resoluciones judiciales por la existencia de la figura de aforamiento.
Por estos motivos, el anteproyecto introduce las modificaciones necesarias en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para que las causas penales que se desarrollen contra un diputado de la Asamblea de Madrid o un miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad dejen de atribuirse al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo y pasen a la primera instancia del Juzgado o Tribunal que corresponda.
Conforme al artículo 64 del Estatuto de Autonomía, la iniciativa de la reforma corresponde al Gobierno o a la Asamblea de Madrid y requiere de la aprobación de la Cámara regional por mayoría de dos tercios. Posteriormente, se necesita la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Posteriormente, se necesita la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Por eso, una vez que culmine la tramitación del texto en la Asamblea, la iniciativa debe ser remitida bajo la forma de proposición de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.
Otras medidas de regeneración
El actual gobierno madrileño presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, fruto del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox trabajan en distintas medidas de regeneración. Otra de ellas será la creación de la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción Política.
El objetivo de esta medida es garantizar que cualquier empleado público de la administración que detecte irregularidades o presuntas tramas de corrupción política pueda ponerlo en conocimiento del Defensor del denunciante de corrupción para que se tomen las medidas oportunas.
A partir de ahí, este organismo, dependiente de la Administración, pero autónomo y elegido por una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid, asesorará a los denunciantes para saber si lo que se pone en conocimiento constituye un ilícito penal, si requiere ser investigado o no.
Se garantiza la confidencialidad del denunciante durante todo el proceso (ya que muchos funcionarios no han acudido a la justicia en los últimos años por miedo a represalias).
El Gobierno madrileño confía en que esta medida va a suponer un antes y un después en material de lucha contra la corrupción: la administración contará con 150 mil empleados públicos que velarán por el buen funcionamiento de la misma.
Esta iniciativa se publicó hace unos días en el Portal de Transparencia la Memoria de la ley que lo regula, que continuará con su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión a la Cámara regional para su debate y votación.
Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que es una herramienta imprescindible porque más allá de exigir dimisiones cuando hay un imputado, más allá de ser intolerantes en el discurso», hay que cambiar las normativas y los protocolos de actuación.
También se indica que esta figura existe en la mayoría de los países de la OCDE y que, cuando se ponga en marcha en la Comunidad supondrá «un antes y un después».
Para el propio Aguado si se hubiera puesto en marcha este tipo de medidas, es posible que se hubieran evitados casos como los conocidos de Púnica, Gürtel, Lezo…
La tercera iniciativa ya en marcha es la eliminación de la potestad de la Asamblea de Madrid para la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y que ya esta publicación se hizo eco de la misma.
La Comunidad de Madrid está trabajando en el anteproyecto de Ley que contempla acabar con la citada prerrogativa a la hora de designar 3 jueces en las Salas de lo Civil y de lo Penal.
Así, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien nombre directamente a estos magistrados sin que interfiera en el nombramiento el poder político representado en la Asamblea.
La designación sería de esas plazas vía concurso y con juristas de dilatada experiencia y amplio prestigio en su ejercicio profesional.
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