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Constitución: una Carta Magna legítima que necesita una reforma

Manuel Álvarez de Mon Soto
Constitución: una Carta Magna legítima que necesita una reforma
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. alvarezdemon@hotmail.com. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
13/12/2021 06:47
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Actualizado: 13/12/2021 01:07
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Como todas las leyes, la Constitución, que es la pieza legislativa más importante de cada país porque establece las normas fundamentales de la estructura del estado, la distribución de los poderes públicos y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, debe tener una legitimidad de origen y otra de ejercicio.

Lo que que significa adecuar su funcionamiento a los fines previstos cuando se aprobó, según las circunstancias entonces vigentes .

Como estas pueden variar y, de hecho lo hacen, las leyes se modifican o derogan, bien por el modo previsto en las mismas, o por la vía de hecho del desuso o, incluso, en casos excepcionales, por la revolución triunfante contra el ordenamiento antes establecido.

En todo caso, nadie puede pretender el milagro de la duración eterna de las leyes, sean del rango que sean, incluido el más alto, es decir, el constitucional, a nivel nacional, o internacional; los tratados para pertenecer a organizaciones supranacionales, como ocurre en el caso de España y su pertenencia a la Unión Europea.

La actual Constitución de 1978, que ya tiene 43 años de duración –es la segunda más longeva de nuestra historia–, ha cimentado una sólida democracia en España, pero eso no es óbice para que esté siendo cuestionada por diversos sectores y por diferentes motivos.

La Constitución parte de una absoluta e indiscutible legitimidad de origen porque fue fruto del consenso mayoritario de la clase política, salvo aisladas excepciones, y amplísimamente refrendada por el voto popular, de forma especial en Cataluña, donde las cuatro provincias votaron por encima del 90 % su adhesión a la propuesta de Carta Magna.

Ocurre que ahora algunos cuestionan ese origen. Dicen que se hizo desde la legalidad franquista, que fue “formalmente respetada”.

Es un cuestionamiento arbitrario e inconsistente. Su existencia fue la culminación del plan que desmontó la dictadura de una forma pacífica, a través de la reconciliación entre aquellos que habían combatido en bandos enfrentados en la Guerra Civil de 1936.

NO TIENE SENTIDO CUESTIONAR SU ORIGEN

Cuestionar su origen es de una miopía política que tiene su origen en la miopía ignorante o en un revanchismo desfasado y absurdo.

El tiempo transcurrido hace físicamente imposible pedir responsabilidades a gentes que la muerte se llevó hace mucho tiempo.

El régimen anterior, de hecho, finalizó en 1975, con la muerte del dictador, el general Francisco Franco, que conservó un poder devaluado hasta su muerte.

La vigencia de su régimen, desde 1975 hasta 1978, cuando fue aprobada la Constitución, fue meramente testimonial.

La legitimidad de la Carta Magna, por lo tanto, es inequívoca, tanto desde un punto de vista parlamentario como popular.

Otra cosa distinta es la legitimidad de ejercicio. La Constitución, tiene artículos que unánimemente se consideran que han quedado obsoletos, como la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona.

La forma de estado, si monarquía o república, no concita unanimidad alguna. Es tan legítimo ser una cosa como la otra. Son preferencias políticas.

La deslegitimación que plantean sectores nacionalistas radicales es harina de otro costal. Su punto más caliente fue la convocatoria del referéndum ilegal y la proclamación de la independencia de Cataluña en su Parlamento. Lo que condujo al enjuiciamiento, en el Supremo, de 12 de los responsables gubernamentales al frente de la Administración autonómica ese verano-otoño de 2017.

LAS FUERZAS POLÍTICAS DEBERÍAN PONERSE DE ACUERDO

Nueve de ellos fueron condenados por sedición y cuatro, además, por malversación de fondos públicos en lo que se conoció como el juicio del “procés”.

Todavía quedan por ser enjuiciados el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus tres compañeros, prófugos de la justicia.

Nuestro marco legal permite que sea legítimo ser separatista, pero solo si se hace respetando las leyes vigentes y, de forma especial, la Constitución. A través de los cauces legales previstos, sin imponer a la fuerza sus objetivos a los que no lo son, como a veces se pretende.

Las fuerzas políticas mayoritarias tienen el deber ineludible de ponerse de acuerdo en cambiar la Constitución en aquello en lo que hay unanimidad para hacerlo.

La mencionada reforma, de suprimir la preferencia del varón sobre la mujer para el acceso a la Jefatura del Estado se podría llevar a cabo aprovechando la oportunidad de la disolución de las Cortes, aunque la reforma se limite a ese punto.

Es mejor ir poco a poco a a esperar el tiempo oportuno para lograr los acuerdos necesarios para otras reformas.

Hoy parece imposible un acuerdo sobre la forma de estado y la organización territorial.

Para el separatismo radical jamás habrá una Constitución legítima porque su objetivo final no es otro que la independencia. Y punto.

Pero sí cabe una Constitución mejorable, más acorde con algunas de las aspiraciones de los nacionalistas pragmáticos, que admiten su pertenencia a un estado común, por las ventajas que ello conlleva .

Merece la pena un esfuerzo de todos para reformar la Constitución en aquello que le pueda dar una legitimidad de ejercicio para la gran mayoría.

En otro plano, serían, desde luego, más fáciles acuerdos sobre asuntos como el necesario blindaje de las pensiones públicas o la referencia a las nuevas tecnologías y la necesidad de que estén al servicio de todos .

En resumen, la Constitución española actual es legítima pero requiere su actualización.

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