La Unión Progresista de Fiscales (UPF) a través de un comunicado sale en defensa de la ministra de Justicia Dolores Delgado en relación a las grabaciones que se han hecho públicas con las supuestas conversaciones privadas entre Delgado y el ex comisario Villarejo.
Denuncian que colocar en un mismo plano unas conversaciones «interesadamente publicitadas y reproducidas» con la labor profesional de Delgado al servicio de la Justicia durante más de 25 años «asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de Derecho y a sus servidores».
En su etapa como fiscal, Delgado fue miembro de esta asociación al igual que su número dos, Manuel Dolz y la fiscal General del Estado María José Segarra.
Para la UPF, la grabación de estas conversaciones «parciales, sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar»que se mantuvieron hace más de nueve años es «una intromisión en la vida íntima y particular de un ciudadano que no se puede permitir en un Estado de Derecho».
Y «mucho menos para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal» en alusión clara al excomisario, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre por el ‘Caso Tándem’.
«Hemos de defendernos de quienes no creen en este Estado de Derecho y piensan que con sus maniobras al filo de la legalidad son capaces de alterar el normal funcionamiento de las instituciones», añade.
La UPF insta, además, a la clase política a que no conviertan la labor parlamentaria y política «en un lodazal de escarnio público» con cuestiones que «nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna».
La publicación de estos audios, «solo beneficia a quienes se aprovechan de esa justificación o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema», concluye la asociación.
